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>> En voz de la diputada Fabiola Rafael Dircio reclama que la ola de inseguridad se ha profundizado contra los pueblos originarios. “El crimen organizado se apodera de sus tierras, de sus fuentes de trabajo y de sus vidas” puntualiza
Ciudad de México, 14 de febrero 2024 (entresemana.mx). Ante la ola de inseguridad que azota al país y el clima de polarización orquestado desde Palacio Nacional, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), en voz de la diputada Fabiola Rafael Dircio, llamó a los tres órdenes de gobierno para dejar la inacción y velar por la paz y la concordia del país.
En el marco de la efeméride con motivo de los 28 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, la diputada perredista por Guerrero, evidenció la crisis de inseguridad en su estado: “¡Nos están matando compañeros! Es un grito unánime de cientos de transportistas, comerciantes, hoteleros y de la sociedad guerrerense ante la ola de criminalidad que azota al Estado”, denunció.
“En Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, Sonora, Sinaloa y muchos otros estados la población es rehén del mal gobierno y del crimen organizado, esto sucede ante la omisión e inacción del Gobierno Federal, la vida cotidiana es de terror y violencia”, expresó.
Condenó que se ha profundizado la violencia contra los pueblos originarios, sobre todo, dijo, “por la falta de protección por parte de los gobiernos que han permitido que el crimen organizado se apodere de sus tierras, de sus fuentes de trabajo y de sus vidas”.
“Es lamentable que el día de hoy los acuerdos de San Andrés sean conocidos de manera internacional por su falta de cumplimiento y no por ser un hito en la garantía de derechos de los pueblos indígenas”, finalizó Fabiola Rafael Dircio.
A su vez, Adela Ramos Juárez de Acción Nacional, afirmó que los Acuerdos de San Andrés Larráinzar marcaron un antes y un después de la historia de Chiapas; se realizaron reformas como la de 2001 y se aprobó la primera reforma constitucional de alternancia política en la que se plasmó el reconocimiento de las garantías jurídicas y derechos políticos y sociales de los indígenas.
Reconoció que hubo avances en materia de representatividad, salud, vivienda, caminos y educación; sin embargo, la realidad dice que estos esfuerzos no han sido suficientes, pues no se puede hablar de una democracia mientras haya pueblos excluidos y la pobreza continúe. “Hoy hay problemas que agudizan el desplazamiento y la marginación. Hoy los grupos del crimen organizado con toda impunidad han tomado el control del estado y pueblo de Chiapas; están en total estado de indefensión y vulnerabilidad”.
Por el PRI, la diputada Sayonara Vargas Rodríguez subrayó que la efeméride no solo representa un compromiso político sino también moral y ético con la justicia y la inclusión. Los Acuerdos de San Andrés marcaron un hito en la búsqueda de la paz y la equidad en México, reconocieron la diversidad cultural y la pluralidad de identidades que conforman la nación, así como la necesidad de construir un país en donde todas y todos tengan voz y participación en las decisiones.
Resaltó que, a pesar de los avances, “aún enfrentamos desafíos importantes en su implementación. Hoy más que nunca se debe reafirmar el compromiso con los Acuerdos y exigir a las autoridades que cumplan lo pactado y trabajen de manera conjunta con los pueblos indígenas para construir un país más justo y equitativo para todas y todos, ya que solo a través del respeto mutuo y la inclusión podremos alcanzar la paz y prosperidad”.
En tanto que el diputado petista, Francisco Amadeo Espinosa Ramos comentó que a casi 28 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés el gobierno presentó un paquete de reformas al artículo 2º constitucional que da respuesta a la justa exigencia de los pueblos originarios y respeta su forma de vida y organización interna. “Siempre hemos estado al lado de nuestros hermanos indígenas y en esta reforma no será la excepción”.
Consideró que es una iniciativa que pretende no sólo reconocer los derechos de los pueblos originarios y afrodescendiente, también su incorporación al desarrollo y redistribución de la riqueza. “Es importante la obligación de la autoridad para llevar a cabo las consultas públicas para que éstos expresen sus puntos de vista sobre lo que se pretenda realizar en sus territorios”.
