Encabeza México lista de países con más asesinatos de personas defensoras ambientales

Ocupan México, Colombia y Brasil primeros lugares mundiales por número de personas defensoras asesinadas en 2021 según informe de Global Witness

2021 ha sido el año más violento contra personas defensoras en México, coincide informe de CEMDA

Preocupa a ambas organizaciones prevalencia de impunidad en estos delitos

Ciudad de México, 17 de octubre (entresemana.mx). En 2021, México fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, seguido por Colombia y Brasil, de acuerdo con el informe “Una década de resistencia: Diez años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo” publicado recientemente por Global Witness.

En términos geográficos, más de tres cuartas partes de los ataques registrados ocurrieron en América Latina. México registró el mayor número de asesinatos, con un total de 54 personas asesinadas en 2021, frente a 30 asesinatos contabilizados el año anterior. Se trata del tercer año consecutivo en el que el país registra un alza en asesinatos.

Por su parte, Colombia registró un total de 33 ataques letales (contra los 65 del año anterior), mientras que Brasil contabilizó 26 (contra los 20 de 2020). Brasil ha sido el país con más asesinatos desde que Global Witness comenzó a informar sobre personas defensoras. En conjunto, es el país con el mayor número de asesinatos documentados desde 2012, con 342 ataques letales en total, seguido por Colombia. En Brasil, alrededor de un tercio de los asesinatos fueron contra personas indígenas o afrodescendientes, y más del 85 % de los asesinatos ocurrieron en la Amazonía brasileña. De hecho, en Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía.

El informe destaca la violencia de género detectada en estos ataques, pues, alrededor de 1 de cada 10 de las personas defensoras asesinadas eran mujeres, casi dos tercios de las cuales eran indígenas.

En cuanto a los sectores en los que ocurrieron estos ataques letales, la organización señala que poco más de una cuarta parte se relacionaron con la explotación de recursos (madera, minería y agronegocios a gran escala) y represas hidroeléctricas y otras infraestructuras. En este sentido, la minería fue el sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos con 27 casos, con la mayoría de los ataques en México (15). De los 12 asesinatos en masa registrados, cuatro tuvieron lugar en México.

Sin embargo, advierte que es probable que esta cifra sea mayor, pues a menudo estos ataques no se investigan ni se informan adecuadamente.

“Estos ataques letales continúan ocurriendo en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras que son atacadas por gobiernos, empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización. Esto está sucede en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores”, advierte el informe.

En México, más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas y más de un tercio del total se trató de desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad Yaqui, señala el documento de Global Witness. Alrededor de dos tercios de los asesinatos se concentraron en los estados de Oaxaca y Sonora, ambos con importantes inversiones mineras.

El informe destaca también que en México la impunidad es generalizada, pues más del 94 % de los delitos no se denuncian y sólo se resuelve el 0,9 %. “Si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, el cual entró en vigor en abril, existe poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a las personas defensoras, disminuyendo la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación”, añade.

El 22 de abril de 2021 entró en vigor el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Es el primer tratado regional ambiental y de derechos humanos en América Latina y el Caribe, y el primer instrumento legalmente vinculante en el mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras ambientales. Requiere a los Estados que prevengan e investiguen los ataques contra las personas defensoras ambientales.

Mientras que Brasil no ha ratificado el acuerdo, México y Colombia no lo han implementado de manera efectiva.

En Colombia, 2021 también marcó el quinto aniversario del Acuerdo de Paz, que puso fin a más de 50 años de conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las disputas por la tierra son una fuerza impulsora detrás de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, según el informe. En tanto, el aumento registrado en Brasil pone de manifiesto las amenazas más amplias que enfrentan las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, particularmente bajo el gobierno del presidente Bolsonaro, señala Global Witness.

Preocupa a CEMDA impunidad

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), publicó a principios de 2022 el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales”, en el cual señala que, 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, ocurrieron en México al menos 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales, un aumento del 66.15% con respecto a 2020.

En la medición de CEMDA, en un evento de agresión se pueden perpetrar varias agresiones, por el que el número total de agresiones fue de 238, un 164% más respecto al año anterior. Con lo anterior, 2021 se posiciona como el año más violento desde que comenzaron sus registros, en 2014.

Según este informe, la agresión más común fue la intimidación con 65 registros (27.31% del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13%), las amenazas con 31 registros (13.03%), las agresiones físicas con 24 registros (10.08%) y los homicidios con 22 registros (9.24%), entre otros.

El 46.3% de las agresiones fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas, seguido de un 27.8% dirigido hacia integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercer lugar, un 17.6% orientado hacia personas defensoras independientes, señala el informe de CEMDA.

La organización también desagrega el componente de género, e indica que los eventos de agresión cometidos en contra de mujeres defensoras ambientales ascendieron a 5, (4.63%); mientras que aquellos realizados contra hombres defensores alcanzaron una cifra de 55, correspondiente al 50.9%. En 2021, agrega, se registró la comisión de una probable desaparición forzada en contra de una mujer defensora.

Geográficamente, Guerrero, Sonora y Morelos fueron las entidades con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca.

Como Global Witness, CEMDA expresa su preocupación por la multiplicidad de factores que intervienen en lo que denomina como un contexto de impunidad, entre ellos la falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de delitos contra personas defensoras.

Llamado a la protección de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente

Desde WRI, hacemos un llamado a utilizar los mecanismos y herramientas existentes para asegurar la protección de las personas defensoras de la tierra, los derechos humanos y el medio ambiente, y a que dicha protección considere la intersección con la violencia de género y contra las poblaciones indígenas y los pequeños productores.

Urgimos a las naciones latinoamericanas a cumplir con el Acuerdo de Escazú, los procedimientos del Relator Especial de la ONU y el Protocolo de Esperanza.

Urgimos a las empresas y a instituciones financieras a identificar, prevenir, mitigar y remediar cualquier daño en sus operaciones contra las personas defensoras e implementar un enfoque basado en derechos para abordar el cambio climático.

El cambio climático y la pérdida de biodiversidad amenazan nuestro desarrollo, exacerban la pobreza y la desigualdad social. Es imprescindible proteger la vida de todas las personas defensoras ambientales que en países como México, Colombia y Brasil protegen a las comunidades y ecosistemas amenazados por múltiples presiones sociales y ambientales.

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