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CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). El presidente López Obrador no ceja en su empeño de exterminar al INE. Recurre a todas las argucias legaloides para debilitar y arrinconar al árbitro electoral, reducir su capacidad de gestión y deslegitimar sus decisiones. La acusación sistemática de que el organismo con autonomía constitucional despilfarra los recursos públicos que recibe, que las elecciones que organiza son las más costosas del mundo, que los salarios de sus comisionados son de lujo y resultan humillantes y agraviantes para el ciudadano medio mexicano, han estado ahí, presentes de manera permanente en el espacio público, y ha permeado en la mente de un sector nada desdeñable del electorado, que también reclama con furia mal disimulada, la destitución de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como de otros comisionados que defienden la autonomía e independencia de la institución electoral. Como he dicho en otras ocasiones, prácticamente todos estos exabruptos del poder carecen de peso. Si acaso, como he escrito en este espacio, el tema de los altos salarios si merece una reconsideración, aunque hay que decir que fueron los legisladores quienes lo decidieron, pero eso no justifica, en mi criterio, esa resistencia expresada en un amparo contra todo intento de disminuir sus percepciones. Pero volvamos al tema.
Desde un principio el INE presentó un presupuesto precautorio para el 2022 en la eventualidad de que saliese adelante la iniciativa de realización de revocación de mandato. Los casi cinco mil millones de pesos solicitados, no fueron considerados por los diputados, que además, para demostrar dónde está el poder, redujeron otras partidas. Se acudió entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento de los procedimientos establecidos en normas y leyes que rigen el Estado de derecho. Estas altas instancias, ante la decisión del INE de posponer el proceso, decidió en sentido contrario: que las tareas preparatorias debían continuar y que, en su momento, la Suprema Corte decidiría sobre la afectación presupuestal, núcleo duro de la controversia constitucional interpuesta por el INE.
En tanto todo esto ocurría, el INE en una muestra de flexibilidad, de compromiso con la institucionalidad democrática anunció algunas medidas tendientes a realizar ahorros y economías que permitieran liberar recursos para redireccionarlos hacia la realización del proceso de revocación de mandato. Así, informaron que se disponía de recursos del orden de 1 mil 500 millones de pesos, lo que habría un espacio para negociar con el Congreso, con las autoridades hacendarias o con el propio presidente de la República, mecanismos extraordinarios de apoyo para garantizar la revocación de mandato y la instalación de las más de 160 mil casillas, como ocurrió en la elección presidencial de 2018, y que es como justamente ordena la Ley de Revocación de Mandato. La solicitud de recursos ascendía a 1 mil 700 millones, cantidad que evidentemente permitía a las partes acercar posiciones y alcanzar una solución compartida por instituciones de Estado.
Lejos de atender este gesto de compromiso con la institucionalidad democrática, el gobierno y su bloque mayoritario en el Congreso endurecieron su discurso, y sus posiciones irreductibles cerraban toda posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la disposición de recursos financieros.
El presidente López anunció hace unos días, en un gesto de “generosidad” que presentaría al INE una propuesta de ahorros, de austeridad, lo que le permitiría disponer de los recursos necesarios para la revocación. Ayer, el secretario de Gobernación, que suple al presidente en las mañaneras mientras éste permanece “aislado”, hizo la presentación formal de la propuesta, que fue armada conjuntamente con altos funcionarios de la secretaría de Hacienda. He aquí algunos de elementos centrales de la propuesta:
Un ajuste presupuestario del orden de 2 mil millones de pesos, resultantes de reducir sueldos y salarios de los altos funcionarios del INE en poco más de 750 millones de pesos; reducir los gastos de operación en 1 mil 380 millones, en los que se incluye una cantidad superior a los 800 millones destinados a consulta popular y revocación de mandato y la cancelación de un par de fideicomisos que opera el INE. Todo ello, dijeron los voceros oficiales de Hacienda y de la SEFUNPU, en el mejor espíritu de la austeridad republicana, tal como actúa el gobierno federal. No solo dijeron que no había margen presupuestal para apoyar al INE, sino que el ajuste y el recorte propuesto supera en más de mil millones lo que solicita el órgano electoral para cumplir con lo que la ley le ordena.
Ayer mismo, el consejero Ciro Murayama respondió a la propuesta de austeridad del gobierno federal: “es una tomadura de pelo”, pues “piden que se afecte el fideicomiso con el que se compran los equipos de cómputo y cámaras fotográficas para emitir la credencial para votar; quieren que no se arrienden los locales donde tenemos los 800 módulos de atención ciudadana. ¿Qué pretenden? ¿Qué las computadoras están en la banqueta? Es decir, lo que estamos viendo de parte del gobierno es falta de seriedad”. Y añadió: “Lo que vimos hoy (por ayer) en la mañana es una declaración política de anticiparse a negar cualquier recurso al INE, incluso saltándose la Constitución, pretenden ellos decir cómo debe erogar sus recursos el Instituto Nacional Electoral, nos hacen propuestas que incluso violan suspensiones de la Corte, porque están proponiendo reducir prestaciones laborales que están protegidas por la Corte”.
Así están las cosas. Lejos de acercar posiciones y llegar a través del diálogo a un acuerdo, el gobierno ha decidido abiertamente apostar por la confrontación. Es un paso más en la estrategia de liquidación, de exterminio del Instituto Nacional Electoral. En el endurecimiento de un régimen que no acepta y reconoce el disenso, y que desea liquidar todo aquello que constituya un freno a un ejercicio autoritario del poder. Habrá que esperar ahora en los próximos días, en cuanto el INE informe oficialmente que se ha alcanzado la cantidad de firmas necesarias para solicitar la revocación de mandato, la decisión de la Suprema Corte sobre el reclamo presupuestario del INE.
Diría que tampoco hay que hacerse muchas esperanzas. La Corte ha experimentado recortes en sus presupuestos recientes, y ha terminado por apechugar, es decir, no han rechistado. Quizá porque dinero es lo que les sobra; es el poder más rico de cuantos poderes hay. No es descartable entonces que diga al INE: “hágase la consulta con lo que tienen”. Darle la razón al INE, eso si que sería una auténtica sorpresa. Pero creo que eso no es posible.