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Economía y política en México: los desafíos del 2022 (II y última)
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). Decía ayer que habría que hacer un recuento de los desafíos en la economía y la política del país en el año que inicia, y apuntaba, en primer lugar, la necesidad de reinstaurar la institucionalidad democrática para una convivencia civilizada. Lamentaba que ese estilo personal de gobernar, lejos de romper con la polarización que escinde y divide a la sociedad, ahonda la distancia entre los mexicanos. Esa visión maniquea de “buenos” y “malos”, es profundamente sectaria, dogmática y excluyente: no contribuye a procesar la unidad que reconoce y respeta nuestra diversidad; no impulsa la formación de consensos, no respeta ni acepta los disensos; violenta la legalidad de la vida institucional y apuesta permanentemente por el plebiscito como método de gobernar. A este propósito, leía ayer el artículo de José Woldenberg en El Universal, “Amado líder”, una especie de recensión del libro de Diego Fonseca, inmejorable retrato de un líder populista: “… ordena la vida pública alrededor de su voluntad demandando atención permanente/termina concentrando toda la energía sobre sí mismo/(utiliza) un discurso beligerante que atribuye todos los problemas nacionales a la acción de élites políticas y económicas/… El caudillo no busca acuerdos, sino la exacerbación de los ánimos para presentar los problemas en términos apocalípticos y ofrecerse como su único salvador…”
Un segundo desafío –apuntaba–, es asegurar condiciones de equidad en la competencia por el poder político. Si releemos lo transcrito supra, lo deseable está lejos de ser lo posible. Asegurar mejores condiciones de equidad presupone la búsqueda de acuerdos, el acercamiento de posiciones, recurrir –como he dicho en no pocas ocasiones— al acercamiento de posiciones a través del diálogo, pero, otra vez, “el caudillo no busca acuerdos, sino exacerbar los ánimos”. Y no necesitamos darle muchas vueltas al asunto para llegar a una conclusión irrecusable, como lo han planteado los grandes teóricos de la política: puede haber disenso en todo, pero tiene que haber un consenso fundamental, el que se refiere a las reglas del juego. La reforma electoral que plantea el presidente no quiere ni busca acuerdos; quiere desmontar, desmantelar toda la institucionalidad que en estos años se ha construido con el esfuerzo y la perseverancia de todos. Imponer, arrasar, avasallar: esos son los propósitos de la (contra)reforma que el gobierno ha puesto en marcha.
3.- Reivindicar la centralidad de las instituciones con autonomía constitucional como factores de equilibrio y límites a ejercicios arbitrarios del poder político. Las instituciones con autonomía constitucional o con autonomía de gestión presupuestaria, no son, no han sido ni serán una moda; es un conjunto de reglas del juego, de organizaciones nacidas al calor de las luchas por la democratización del poder político. Fueron factores centrales para desmontar el andamiaje de los viejos regímenes autoritarios y para romper con la secrecía y la opacidad del poder; para romper con las condiciones monopólicas en la economía y en la política que caracterizaban a la sociedad cerrada y desmontar el patrimonialismo que consideraba a los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados. El PRI entendió en su momento los vientos del cambio y decidió acompañar la evolución democrática de la vida pública nacional; Fox trató de resistir la creación de la institución encargada de garantizar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, pero no pudo ya frenar la fuerza irresistible del cambio. Hoy, todas esas instituciones son torpedeadas desde la cúspide del poder político, desmanteladas, capturadas o colonizadas.
En el campo de la economía, los desafíos también son enormes. Estamos en los umbrales del estancamiento. Lejos quedan ya aquellas proclamas triunfalistas que en el colmo de los despropósitos hablaban de “patentar” el modelo económico seguido frente a la crisis. La economía no crece y la inflación devora los magros ingresos de amplios sectores sociales. Un panorama sombrío se abre y arroja dudas sobre la capacidad del sistema para sortear esta fase del ciclo. En el debate sobre si la inflación es pasajera o persistente, el presidente se decanta obviamente por la primera, pero nada garantiza que así ocurra, sobre todo por las ominosas señales que ya lanza la nueva ola pandémica con la variante ómicron. Recuperar el crecimiento debe ser una prioridad, pero ello exige y reclama acuerdos entre el gobierno y los actores productivos, pero el clima de desconfianza generado como consecuencia de la sistemática destrucción de capital social inhibe la inversión productiva, amén de que una enorme masa de recursos públicos se redirecciona hacia los proyectos estratégicos del gobierno. Para fortuna, las remesas, del orden de los 50 mil millones de dólares –¡un billón de pesos!— antes tan vilipendiadas por los mismos que hoy las deifican, han mantenido un cierto nivel de actividad económica y de funcionamiento del mercado interno, pues una parte importante de esos recursos se ha incorporado a los circuitos comerciales y mercantiles. Ahí está una de las claves que explica que la economía no se haya hundido: esos recursos significan cinco puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), y han sido el motor que ha mantenido a flote el aparato productivo.
Hay un amplio consenso compartido por los agentes productivos, los hombres de negocios, la comunidad académica, las entidades bancarias y financieras, las empresas consultoras, en que es necesario:
1.- Reactivar el crecimiento, recuperar los empleos perdidos y generar nuevos empleos. Hay al menos tres planes de impulso a la inversión pública y privada concertados con los agentes productivos, pero han quedado en el papel. Han sido planes como los llamados a misa. Y en el corazón de todo ello está la pérdida de capital social: la desconfianza se ha instalado en las relaciones sociales. Falta ese pegamento que todos jalen en la misma dirección. Y ello supone un giro que, al parecer, el gobierno no está dispuesto a dar. Ojalá no tenga que ser un golpe de realidad el que obligue a rectificar una política que nos puede estar encaminando hacia el desastre.
2.- Restablecer la confianza, garantizar los derechos de propiedad y la capacidad de atracción de inversiones. El discurso gubernamental sobre el papel de la inversión privada como motor del crecimiento choca con la realidad. La pérdida de confianza, la incertidumbre, el desconocimiento de contratos producen un desasosiego generalizado que afecta las posibilidades de recuperación de la capacidad de crecimiento.
Nunca es tarde para rectificar. El gobierno puede y debe hacerlo sin desdoro de sus principios y estrategias. Baste con entender que le corresponde sentar a todos los factores reales de poder para acercar posiciones, llegar a acuerdos y consensos para recuperar la senda perdida.
¿Habrá voluntad y compromiso gubernamental para ensayar este camino en 2022?