PULSO/ Detritus

EDUARDO MERAZ

Todos los indicadores revelan el excesivo taponeo de venas del sistema de honestidad valiente del cuatroteísmo. Es tal el atasco en prácticamente todas las oficinas gubernamentales que los detritus de la corrupción regurgitan de las cañerías del oficialismo.

Los actos de corrupción publicitados en fechas recientes son la punta del iceberg de un método utilizado por quienes hoy conforman el partido gobernante, pero en realidad son prácticas añejas, algunas de ellas modernizadas o perfeccionadas desde el arranque mismo del sexenio.

Las diversas formas de “aportaciones” al movimiento -desvío de recursos públicos, moches, contratos a modo, persuasión a contratistas, sobrecostos en compras y obras, entre las más notorias-, por su volumen y magnitud, hicieron inútil la función del pañuelo blanco a la hora de tratar de desazolvar las vías de honestidad y transparencia.

El fétido olor originado por la acumulación de los miasmas ha motivado a organizaciones y medios de comunicación, nacionales y del exterior, a indagar el origen de tales aromas, saliendo a relucir la gran variedad de esquemas de cohecho aplicados.

Sería una tarea titánica tratar de descubrir los miles de trapacerías en el ejercicio del gasto público, pues los montos de afectación varían desde unos cuantos miles de pesos hasta cifras cercanas a los 12 dígitos.

Entre los casos más llamativos se encuentran el desfalco multimillonario -se estima en 20 mil millones de pesos- en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, donde la justificación presidencial de que Ignacio Ovalle fue “chamaqueado” por los subordinados contratados por él, resulta infantil y poco creíble.

Sin embargo, aun cuando parecería ese sería el techo del monto de la corrupción, en realidad era el piso, pues el sobrecosto en las obras emblemáticas ronda el billón de pesos. Eso explicaría en gran parte la reserva de la información por al menos cinco años.

Entre los actos de corrupción más recientes se ubican las operaciones realizadas por los responsables de los apoyos y programas sociales puestos en marcha por el gobierno del presidente totalmente Palacio Nacional.

Estimaciones presentadas hace unas semanas por el ex primer secretario de Hacienda del sexenio cercano a su conclusión, Carlos Urzúa, sobre la existencia de alrededor de 600 mil adultos mayores fantasma, beneficiándose de la pensión, lo cual representó en 2023 alrededor de 50 mil millones de pesos.

Este lunes, el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón da a conocer haber recibido un paquete de audios y videos, donde se da cuenta de la “desaparición” o “autorrobo” de decenas de miles de tarjetas de Bienestar para este grupo de población.

Según otras investigaciones este tipo de procedimientos se han utilizado en los demás programas de apoyo a campesinos, jóvenes, personas con discapacidad en el ámbito federal, sin por ello estar exentos los programas otorgados por algunos estados.

Desde su pasado en la jefatura del entonces Distrito Federal, el mandatario palaciego conoce audios y videos de cercanos colaboradores realizando cochupos.

Él mismo ha dicho que los negocios jugosos se realizan, al menos, con el conocimiento del titular del ejecutivo, por lo cual pedir pruebas para presentar la denuncia correspondiente, es tratar de evadir su responsabilidad.

Conocer a los verdaderos beneficiarios de tales dineros públicos -de todos y cada uno de los contribuyentes al fisco- inmiscuidos en ambas prácticas, inflar artificialmente el número de personas de la tercera edad y entregar recursos a individuos distintos a los amparados por las mencionadas tarjetas, se vuelve un imperativo.

El hedor que se desprende por la putrefacción de la honestidad valiente es síntoma de la arterioesclerosis de la cuarta transformación.

He dicho.

EFECTO DOMINÓ

Asesinatos, agresiones e intimidaciones que se registraron en el país previo al arranque de las campañas electorales rumbo a los comicios del 2 de junio, ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la democracia en diversas regiones del país, alerta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Advierte que estos lamentables sucesos no solo representan una amenaza directa para la seguridad de los candidatos y aspirantes, sino que también socavan la confianza en el proceso democrático.

Como se ve no es únicamente el comisionado de la ONU para los derechos humanos quien ve riesgos, por violencia, en el proceso electoral. ¿También el presidente palaciego se lanzará contra la CNDH?

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@Edumermo

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