INE ordena a Layda Sansores eliminar publicaciones contra diputadas del PRI


Ciudad de México, (13 de agosto) entresemana.mx). El INE dio un plazo de tres horas para que la gobernadora Layda Sansores, Morena y otros influencers eliminen las publicaciones que aluden a las fotografías que diputadas priistas habrían enviado a ‘Alito’ Moreno.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la gobernadora de Campeche y al partido Morena, retirar las publicaciones en las que se asegura tener fotografías íntimas que diputadas priistas habrían enviado al presidente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, en el plazo señalado.
Esto, luego de que 20 diputadas federales denunciaron ante el INE a Layda

Sansores, a Erick Reyes León, delegado presidente de Morena en Campeche; a Morena; diversos influencers, y a quien resulte responsable por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Las legisladoras argumentaron que las expresiones que Sansores realizó y en las que aseguró tener fotografías que las legisladoras priistas habrían enviado Alejandro Moreno derivaron en la publicación y difusión de diversos contenidos en redes sociales por distintos perfiles de internautas.

En respuesta, el INE ordenó a la gobernadora Layda Sansores y a los demás involucrados retirar, de inmediato y en un plazo no mayor a tres horas, 61 publicaciones denunciadas (9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike) que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las legisladoras.

“En apariencia del buen derecho, las expresiones analizadas contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género en perjuicio de las diputadas denunciantes, en tanto que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes”, concluyó la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Además, el INE determinó procedente la tutela preventiva, pues consideró que existe un indicio que probablemente dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que las personas denunciadas incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de VPRG.

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