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MARÍA MANUELA DE LA ROSA AGUILAR. ¿Ante cuántos hemos estado? El mundo en el que vivimos se caracteriza por una gran violencia, la guerra incesante, pero esta condición al parecer es propia de la misma humanidad, término que formalmente se utiliza con una acepción prácticamente contraria a la verdadera naturaleza humana. Y la cuestión aquí es el hecho de que los crímenes de Estado por lo visto han sido la constante; este concepto se refiere a aquellos delitos cometidos ya sea por integrantes de un gobierno o por particulares que actúan en complicidad o con la tolerancia u omisión del aparato del Estado mismo. Y dentro de estos crímenes está el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la desaparición forzada, el desplazamiento bajo coacción, la deportación o la persecución de personas, ya sea por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales.
Esto y más ha sucedido en Afganistán, o en Kosovo, en la antigua Yugoslavia en los años ochenta. Y qué decir de la discriminación en muchos países. En pleno siglo XXI se han dado muy pocos avances respecto de los derechos humanos y la razón de estado prevalece, de muy diversas maneras. Lo increíble es la indiferencia moral ante miles de asesinatos perpetrados con la complacencia de las autoridades gubernamentales, que en lugar de recurrir al uso de la fuerza para acabar con el crimen organizado, tal pareciera que lo protegen. Sólo ver las cifras en México, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 145 mil crímenes. Y estamos hablando de las cifras documentadas, la realidad seguramente supera nuestra imaginación.
Y como ya lo han calificado muchos analistas y líderes de opinión, lo sucedido en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, donde murieron calcinados 40 migrantes y 28 se debaten entre la vida y la muerte por las quemaduras sufridas. Vemos como la indiferencia y la extrema insensibilidad del presidente mexicano lo llevó a culpar a las propias víctimas, deslindándose desde un inicio de su responsabilidad como jefe de Estado y de gobierno. Una actitud cobarde e irresponsable, cuando han sido evidentes los malos tratos y la. represión contra los migrantes que han salido de sus países huyendo de la guerra, la represión, de gobiernos totalitarios donde su futuro irremediable era la miseria, el hambre y la violencia. Y arriesgando su propia vida y la de sus familias decidieron desafiar al destino en una ruta llena de peligros, con la ilusión de llegar a los Estados Unidos de Norteamérica en busca del sueño americano, o al menos de una vida más promisoria. Pero en el camino muchos han encontrado la muerte, ante la fría actitud del Estado Mexicano, que acepta contener esa ola interminable de migrantes para evitar ingresen a los Estados Unidos, que está rebasado en sus capacidades. Pero México también. Y la tragedia que día a día sucede con el silencio criminal del gobierno, ahora se hizo más visible que nunca por esta tragedia de niveles dantescos que ha sido un escándalo, aunque las autoridades han tratado de minimizar el hecho, buscando culpables por todos lados, menos en el seno de su irresponsable gestión de gobierno. Acciones de distracción o de complicidad patente, endosando incluso al crimen organizado su obligación de impartir justicia. Lo vimos en Tamaulipas, cuando el Cártel del Golfo entregó a los presuntos asesinos de los dos norteamericanos y sin más, la autoridades judiciales los arrestaron, asumiendo que con ello cumplen su deber de impartir justicia. Luego, en Sinaloa, en el municipio de Choix, área de narcos, aparece el cadáver de “El Chueco”, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en la sierra de Chihuahua. El “Chueco” fue ejecutado, seguramente por los mismos cárteles de la región, con lo que el gobierno mexicano virtualmente ha dado por concluido el caso. Hechos que hablan por sí de crímenes de Estado, como pueden considerarse también las miles de muertes violentos sin resolver, de las cuales se registra un centenar a diario.
De acuerdo a las normas del Derecho Internacional, el Estado debe responder por las acciones y omisiones de sus funcionarios públicos, incluso cuando se excedan en sus deberes o violen los derechos de las personas, sobre todo cuando la violencia se agrava, porque se trata de un incumplimiento del Estado mismo, puesto que se está ante un orden constitucional, por lo que el Estado debe responder ante las víctimas, sus familiares y las organizaciones sociales, puesto que es el ente rector del país y quien debe garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y asegurar la garantía de no repetición.
Todo atentado contra la vida, la integridad, la dignidad y la libertad esencial del ser humano es una transgresión de los derechos más elementales de las personas y por tanto constituye un crimen de Estado, que no cumple con lo establecido en su Carta Magna, que es el documento que lo legitima.
Los crímenes de Estado, a diferencia de otros delitos, se caracterizan por ser generalizados, esto es, se cometen contra una gran cantidad de víctimas, ya sea muchos crímenes, o uno solo contra muchas víctimas; son delitos sistemáticos de acuerdo a un plan o política preconcebida, por lo que es una acción repetida de actos inhumanos; son acciones cometidas por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan como respaldo de las autoridades, con su tolerancia o complicidad; y son crímenes dirigidos contra la población civil por motivos sociales, políticos, económicos, religiosos, raciales o culturales.
Y respecto a los migrantes, sólo mencionar que en la alcaldía Iztapalapa han llegado a mantener encerrados a más de cinco mil personas, incluidas mujeres y niños. El reconocido político, internacionalista y legislador morenista Porfirio Muñoz Ledo afirmó tajante que al titular del Instituto Nacional de Migración “le encargaron organizar no una política migratoria, sino una política de exterminio como en la Alemania nazi”, agregando que “lo digo con toda conciencia” y que “este es un gobierno no defensor de los derechos humanos, sino que contribuye a convertir a un ser humano en carne de presidio”.
Cabe recordar que, por otra parte, la Carta de las Naciones Unidas, firmada en junio de 1945 en San Francisco, que establece la Corte Internacional de Justicia. Debido a su carácter internacional y a sus competencias, puede adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad de el siglo XXI y es un instrumento de derecho internacional vinculante para los estados miembros de la ONU, que recoge los principios de las relaciones internacionales desde la igualdad soberana de los estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, integrada por un cuerpo de magistrados independientes, con sede en La Haya, Países Bajos, extiende sus competencias a cualquier interpretación de un Tratado, de derecho internacional y la existencia de todo hecho que constituya una violación respecto de una obligación internacional, para lo que aplica, entre otros, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, o la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho, por lo que la Carta de las Naciones Unidas considera puntos medulares como lo son los derechos fundamentales del hombre, su dignidad y el valor intrínseco que como ser humano conlleva, en donde todas las naciones están comprometidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a través de a cooperación en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario, en un entorno de libertad y respeto, sin distinción de ninguna especie.
Y adscrito a las Naciones Unidas está la Corte Penal Internacional, establecida en el Estatuto de Roma y vinculada a la ONU, con sede en La Haya. Institución permanente facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, por lo que tiene personalidad jurídica internacional, cuya competencia se establece para crímenes como el genocidio, de lesa humanidad de guerra y de agresión.
Genocidio, que se entiende de crímenes perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico , racial o religioso como tal, ya sea el asesinato de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los mismos, sometimiento intencional a condiciones de existencia que puedan generar su destrucción física total o parcial; así como medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de un grupo; el traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro, como lo sucedido en la guerra de Ucrania
Crimen de lesa humanidad se considera el asesinato exterminio, deportación o traslado forzoso de población, esclavitud, encarcelación u otra privación grave de la libertad física violando las normas fundamentales del derecho internacional; la tortura, la violación, esclavitud sexual; cuando se obligue por la fuerza a la prostitución, embarazo, esterilización u otros abusos sexuales de gravedad comparable; también la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos que causen grandes sufrimientos y atenten contra la integridad física o mental de las personas.
Y los hechos evidentes de lo que estamos presenciando en la actualidad hablan por sí y nos llevan a pensar en la competencia de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, de la ONU, de carácter vinculante y sólo queda por ver que pasa con la voluntad política para hacer efectiva esta normativa internacional.
