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MARÍA MANUELA DE LA ROSA AGUILAR
Dentro de un estado de derecho todos somos sujetos de las leyes, códigos, reglamentos, procesos legales, etc., lo mismo que a nivel global, priva el Derecho Internacional. Todo esto, concentrado en jurisprudencias que encierran los más altos valores de justicia y humanidad, pues el espíritu de las leyes precisamente se ha establecido para el sano desarrollo social, defender las libertades, los derechos fundamentales y el concierto entre los pueblos. Pero, ¿esto aplica? Al leer su contenido suponemos que deberíamos vivir en un mundo maravilloso y en paz, pero la realidad es otra, porque las normas se aplican con la más abyecta frivolidad.
Importan los intereses económicos, políticos y de grupo. Vemos como la guerra en Ucrania sigue, en donde se han destinado millones de dólares (¿de quien es el negocio?), sin resultados contundentes que marquen un final de esa injusta masacre, en aras de la ambición de un megalómano como Putin, que junto con sus aliados continúa destruyendo Ucrania. Y no pasa nada. Las Naciones Unidas y los países occidentales se han concretado a proporcionar apoyo económico e imponer sanciones económicas a Rusia, pero de manera subrepticia siguen manteniendo sus relaciones comerciales.
En África se desarrollan varias guerras, el hambre y la muerte asola al continente, pero los derechos humanos no se hacen valer, únicamente se ha tratado de paliar la situación con ayuda humanitaria por parte de los organismos internacionales, pero no se ven iniciativas para atender las verdaderas causas.
En Haití se vive un verdadero infierno, pero ese país se ha quedado solo, consumiéndose a sí mismo por la prevalencia de las pandillas. La ignorancia y el abandono está terminando con millones de personas.
En Israel, la guerra continúa y amenaza con escalar, un problema ancestral que a lo largo de la historia ha hecho crisis, la cual difícilmente tendrá un buen fin. Sobre todo cuando Irán ya se ha mostrado abiertamente y la amenaza de una guerra regional, que pondría en peligro no sólo a la región, sino al planeta entero. La Asamblea General de la ONU ha pedido un alto el fuego, ojo, de forma no vinculante, con el apoyo de más de 100 miembros y se han presentado diferentes proyectos de resolución de alto el fuego presentado en el Consejo de Seguridad, los cuales han sido vetados. Que sigan peleando como salvajes por el territorio.
La reciente crisis entre Ecuador y México por la invasión ilegal a la embajada mexicana en ese país, para extraer por la fuerza y capturar al exvicepresidente Jorge Glas, que ha sido condenado por corrupción masiva, podríamos mirarlo desde dos perspectivas: la evidente violación al territorio mexicano al ingresar ilegalmente a su embajada; pero también la intervención del gobierno mexicano en los asuntos internos de un país, sobre todo tratándose de un personaje imputado por delitos graves como el de asociación ilícita en la trama de corrupción por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, por haber recibido unos $13`500,000 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht para adjudicar contratos de obra cuando era ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012 en el gobierno del expresidente Rafael Correa, quien recordemos, permaneció en el poder durante tres mandatos sucesivos, fue condenado por varios delitos de soborno, pero desde el 2017 se encuentra como asilado político en Bélgica, por lo que no cumplió su condena de 8 años de cárcel.
Esta defensa a ultranza del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de un imputado en el caso Odebrecht llama la atención, porque no sólo el caso de Emilio Lozoya se ha mantenido latente sin resultados aparentes, sino que es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina, en donde están involucrados políticos, empresarios, exfuncionarios de 12 países, así como distinguidos presidentes.
Este caso salió a la luz gracias a una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht, en donde se detalla como Odebrecht prácticamente inundó de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de unos 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Entre ellos:
-Mauricio Funes, ex presidente de El Salvador ex integrante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, muy afín a las ideas políticas del mandatario mexicano;
-El ex mandatario de Colombia Juan Manuel Santos, que incluso fue premiado por su labor para la pacificación de Colombia, que hoy sabemos, rindió pocos frutos;
-Luiz Inácio Lula da Silva, el muy denotado presidente brasileño, que ya ha estado en la cárcel por corrupción, muy cercano al gobierno de México;
-Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú, implicado en el caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción que se ha visto en América y que afecta directamente a más de 250 personalidades en Brasil y más de 12 países de Latinoamérica se vieron salpicados por esta trama de corrupción y a más de 5 años de que dejara la presidencia, salió una investigación en la que se dice que junto con su secretaria y chofer conformaron una “organización criminal”;
-Alan García, ex presidente de Perú, quien se suicidó disparándose en la cabeza cuando la policía se preparaba para detenerlo preliminarmente por asuntos relacionados al caso Odebrecht;
-Ollanta Humala, ex presidente de Perú, quien en el 2017 fue acusado de lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir en el caso Lava Jato;
-Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, en el 2019 fue arrestado para ser extraditado a su país, por acusaciones de corrupción.
Y en este caso, México lleva una parte, pues están señalados los gobiernos de Felpe Calderón, Erique Peña Nieto, así como funcionarios del actual gobierno de López Obrador. La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas por 9,814 millones de pesos a los contratistas y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que están vinculados a la red de sobornos de la constructora brasileña, así como a los señalados en la compra fraudulenta de las empresas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal, pero curiosamente ninguna ha sido saldada. De acuerdo a un análisis periodístico, con informes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), desvelan que se ha ocultado información relevante en el caso, en donde se encuentran personajes del actual gobierno.
Según reportó Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), la FGR ocultó información relevante que involucra a funcionarios federales como a Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos, quien en el sexenio pasado intervino en la asignación a Odebrecht de una obra en Tula, además, fue censurada por completo la información referente a una obra que Odebrecht ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de López Obrador.
El Ministerio de Justicia de Andorra envió a México documentos sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán, obra asignada en 2006 por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Y según reportó Mexicanos Contra la Corrupción, entre los documentos que se ocultaron está una declaración de Leonardo Cornejo Serrano, ante la entonces Procuraduría General de la República, y una carta enviada al director de Odebrecht, Luis Weyll, a quien invita a presentar una cotización para la obra de Tula.
¿Hasta donde llegan los intereses de los grupos de poder? La vacuidad de la diplomacia requiere saneamiento. Millones de víctimas mueren cada día, mientras el egoísmo de grupos sólo mira por lo suyo. En México oficialmente no existe ningún conflicto armado, antes de que termine este año seguramente se rebasarán los 180,000 muertes violentas y el país está sumido en el caos y pareciera no haber ley. ¿Dónde está el Estado? ¿enfocando en defender a un delincuente extranjero? Si hay tanta indiferencia con el dolor de su propio pueblo, ¿por qué todo un gobierno muestra tanta preocupación por un solo individuo acusado y condenado el exterior?
