Una (revisión) de la relación medios-poder
CÉSAR VELAZQUEZ ROBLES (Sinaloa). Nuestros políticos parecen haber perdido por completo el rumbo. No es algo nuevo, ciertamente; ocurre desde hace ya largo tiempo, algunos de ellos convencidos de que lo que no está prohibido está permitido, en lugar de asumir, como lo establece un principio general de derecho constitucional universalmente admitido, que solo pueden hacer lo que les está permitido. Lo primero corresponde en democracia a los ciudadanos, a cualquier ciudadano común y corriente, de a pie; lo segundo a funcionarios electos y por designación, integrantes de la administración pública, diputados federales y locales, senadores, alcaldes, regidores y todos aquellos que manejan recursos públicos y que, en consecuencia, están obligados a rendir cuentas y actuar con transparencia, esto es, ponerse bajo el escrutinio público.
Estos principios constitucionales, por ejemplo, no autorizan al presidente a indagar los ingresos, fuente, origen o procedencia de la “riqueza” de un particular, a menos que exista una razón de seguridad para el Estado. Por ahí fue la respuesta del órgano encargado de garantizar la protección de los datos personales, el INAI, frente a la petición del presidente de que se investigaran e hicieran públicos los datos de los bienes de Loret de Mola, incluyendo a sus familiares. Como le dijeron que no, que por ahí no podía transitar, preguntó entonces que si podía pedir toda esa información como ciudadano, pues el se reclama así, como ciudadano, sin entender, o sin querer entender, que por sus funciones, responsabilidades, atribuciones y potestades, no es un ciudadano cualquiera.
Pero en su permanente fuga hacia adelante, el presidente sigue y seguirá su abierta confrontación contra un particular, utilizando todo el poder del gobierno, todas sus facultades constitucionales y metaconstitucionales. Quiere saber quién le paga al periodista, cuánto le paga y por qué le paga. En esta tarea le están engordando el caldo, entre otras figuras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, convertida en un vulgar epígono presidencial, que en el propósito de quedar bien con su jefe ha perdido toda capacidad crítica. En rueda de prensa ayer, dijo lo siguiente: “Hay periodistas que tienen ingresos mensuales de 35 millones de pesos. Entonces la pregunta es ¿quién financia esos medios? ¿Cómo se financian? ¿De dónde se tienen tantos recursos? Yo creo que son preguntas pertinentes, hay quien dice que eso viola los datos personales, pero finalmente, una persona que se dedica a difundir, también, yo creo que es importante que, en estos casos donde hay esta característica, pues pueda dar la información; y si no tiene esas características el INAI, pues a lo mejor las debería de tener para poderle dar las atribuciones necesarias”.
Éste es, por supuesto, un tema de debate. Se discute desde hace mucho y aunque hay un amplio consenso en que quienes están obligados a informar sobre sus ingresos y bienes, son aquellos que ejercen una función pública o, más concretamente, que manejan recursos que la sociedad les ha confiado, hay también una corriente nada desdeñable que está convencida, a mi juicio con argumentos poco sólidos, de que un particular también debe estar obligado a informar, si así lo exige el gobierno, el SAT, la UIF o Hacienda, sobre todos sus ingresos, como si tuviese las mismas responsabilidades y obligaciones que un funcionario público.
Sobre este tema conversamos ayer en la mesa de análisis de Punto Crítico Sinaloa Digi TV, Edgar Hernández Cervantes, Carlos Calderón Viedas, Arturo López Flores y quien esto escribe, y fue posible advertir enfoques diferentes y posiciones discrepantes. En mi breve intervención como moderador del debate preguntaba: ¿importa la titularidad de los medios, si son públicos o privados? ¿Importa saber quiénes son los dueños? ¿Importa saber la procedencia de sus recursos? Eso nos va a llevar a descubrir el hilo negro o el agua tibia. ¿Qué importancia tiene saber quién es el dueño de The Washington Post o The New York Times? Y en el caso de México, que interés tiene investigar para llegar a la conclusión de que la familia Vázquez es la propietaria de Excelsior o Juan Francisco Healy es el accionista mayor de El Universal o, más particularmente, en el caso local, ¿importa “descubrir” que los Salido son los dueños de El Debate, y que ello condiciona la línea informativa de la cadena?
Es cierto que los medios ya no son lo que eran. Es verdad que hemos tenido una visión idealista de la prensa, la radio y la televisión, sobre todo a raíz de los cambios y de los vientos de fronda que trajo nuestra transición democrática desde fines de los años setenta del siglo pasado, de que han sido amplificadores de nuestra vida democrática, y que los medios son límites a todo ejercicio arbitrario del poder. Hay que reconocer que “el espíritu comercial de los medios ha desbancado su dimensión como servicio a la sociedad civil”, y los lectores o la llamada opinión pública no siguen ya tanto las orientaciones y directrices de los grandes conglomerados mediáticos estilo Rupert Murdoch, sino que inclinan claramente a modalidades alternativas para obtener información o para asegurar la libre circulación de ideas e información de su interés, afianzando la centralidad de las redes sociodigitales y dejando atrás a los medios convencionales.
Esta es la realidad de los medios y a partir de ésta se establecen sus relaciones con el poder. La aspiración del poder es siempre y bajo cualquier circunstancia, el control de los medios. En México ello logró durante muchos años, a través de una relación subordinada condensada en aquella famosa expresión de “¿qué horas son? Por el presidente, con la respuesta pronta y expedita de los medios: “Las que usted guste, señor presidente”. La transición, el pluralismo, el afianzamiento de las libertades, ha ido cambiando de manera acelerada el escenario. Hoy los medios son críticos porque eso es lo que vende, no porque lo sean por convicción. Y si critican al poder, el poder se exalta, se irita, se molesta. Persigue, acosa, acusa, en una batalla que solo puede ganar recurriendo al autoritarismo. Y creo que ni así.