Entresemana Información entresemana que forma opinión
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). En una de mis colaboraciones de la semana pasada, preguntaba si acaso era muy difícil entender la diferencia entre el principio de intimidad uniforme y el principio de intimidad restringida. El primero aplicable a todos los ciudadanos por igual, en el sentido de que nadie puede entrometerse en su vida privada, y el segundo, aplicable a toda figura pública, electa o no, que toma decisiones en nombre de los ciudadanos, y que por tanto su quehacer, su comportamiento en el ámbito de lo público y lo privado, está sujeto a escrutinio de la sociedad. No es lo mismo pedirle cuentas al presidente de la República que pedirle cuentas a Loret de Mola. A aquél le dimos el voto y por todo su quehacer institucional está obligado a rendir cuentas. A éste solo le pueden pedir cuentas las audiencias y lectores, quienes si no comulgan con él, simplemente le retiran el respaldo dejando de leerlo o escucharlo.
Por supuesto, pueden pedirle cuentas quienes con él establezcan una relación contractual, y pueden pagarle cuanto desee o cuanto convengan, sin que nadie tenga que meter sus narices, por más importante que sea. El presidente la ha emprendido contra el periodista –un particular, un ciudadano al que nadie ha elegido y por tanto al que nadie puede pedir cuentas— y demanda que se diga públicamente cuáles son sus ingresos. Para tal efecto, se dirige al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), haga pública su riqueza, y da una pista: dice que Loret gana mucho más que él.
El presidente ha perdido la brújula. El coraje y la irritación por la exhibida que le ha dado el periodista a su hijo, y que pega de lleno en la línea de flotación del barco obradorista de la lucha contra la corrupción, ha terminado por obnubilarle la visión. Quiere que a Loret se le de el mismo trato que a un funcionario público, pero, para fortuna de todos, eso todavía no es posible en el país, aunque algunas pulsiones autoritarias quisieran que ya lo fuera. Y recibió la única respuesta que podía recibir: el INAI no puede dar ninguna información sobre el origen y monto de la riqueza de Loret ni de nadie, porque su función es preservar y garantizar la protección de los datos personales de los ciudadanos. Y vuelta a explicar lo mismo que se ha explicado hasta la saciedad, pero que no entiende o se niega a entender: “Existen dos normativas de protección de datos: la que es para particulares y la que es para sujetos obligados. El INAI está obligado a transparentar cuando se está hablando de un ente público, pero cuando se trata de un privado no se debe publicar la información”.
Este miércoles, en la mañanera, el presidente despepitará contra el INAI por una respuesta que evidentemente lo habrá puesto colérico. Un asunto aparentemente sencillo, que según los entendidos no configura un delito, el de conflicto de interés, se ha convertido en una enorme bola de nieve que pone gravemente en entredicho el discurso anticorrupción del presidente. Pero lo suyo es no retroceder. Aceptarlo sería el fin del mito.
El carnaval llegó para quedarse
Las relaciones entre el alcalde de Culiacán y el Congreso del Estado van de mal en peor. Más que un conflicto entre una institución clave de la división horizontal de poderes –el Legislativo— y una institución clave de la división vertical de poderes –el gobierno local–, lo cual daría cuenta de la naturaleza transversal o cruzada del choque, se trata de un viejo pleito entre grupos vinculados a morena. El asunto viene de lejos, al menos desde 2018, cuando se constituyó en el Congreso una nueva mayoría y en la alcaldía la llegada de Estrada Ferreiro puso fin a la hegemonía priista. Desde el principio, éste “charoleaba” con su relación cercana a López Obrador, y aquellos, los de la nueva mayoría, que se sentían cosidos a mano, iban por todas las canicas. La bomba estalló pronto, con motivo de la discusión del presupuesto de los ayuntamientos para 2019. Los recién llegados al Congreso decidieron que el “pueblo bueno” no debería ser víctima de una “exacción” de recursos por impuesto predial, y que por tanto no aprobaría ningún cambio a las tablas catastrales. Estrada se sublevó, y como de leyes sabe algo aunque no lo parezca, les anunció que interpondría una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además auguró que se las ganaría de calle.
En efecto, así ocurrió. En el Congreso buscaron minimizar el hecho, a la espera de la revancha. La oportunidad llegó. El tema de las pensiones a las viudas de policías municipales se convirtió en campo de batalla para el ajuste de cuentas, y lo perdió Estrada. La nueva legislatura, totalmente morenista, con nuevos y más firmes aliados, también con algo que sentir contra el alcalde, siguió la misma ruta de colisión: aprobaron una ley que otorga un 50 por ciento de descuento en sus recibos de consumo de agua potable a los jubilados y pensionados, discapacitados y adultos mayores, una decisión poco menos que absurda, pues deja sin protección a las finanzas municipales, que desde hace tiempo viven en condiciones de penuria financiera.
El alcalde que es de mecha corta, ha lanzado contra los diputados una ofensiva dura. Ya anunció que no aplicará esa ley, que no habrá descuentos, y que interpondrá una nueva controversia constitucional, en una escalada que todo indica no tendrá buen fin para ninguna de las partes.
A diferencia de la controversia constitucional presentada en 2019 y que ganó el alcalde, no estoy tan seguro de que esta nueva controversia la pueda ganar tan fácilmente, aunque también creo que la razón está de su parte: me parece que hacer un descuento a discapacitados –hasta de 100 por ciento, dice el alcalde— es muy sensato, pero hacer un descuento de 50 por ciento a jubilados y pensionados y adultos mayores, por el solo hecho de ser eso, jubilados y pensionados y adultos mayores, no ayuda en nada y, por el contrario, favorecen a muchos “gorrones” que aprovechan el viaje. Para los gobiernos locales constituye un duro golpe, pues reduce su capacidad para atender una creciente demanda social y material, y experimentan una sobrecarga de reclamos, peticiones y exigencias de la vida comunitaria. Además, al reducirse su eficiencia recaudatoria, disminuye también en consecuencia los recursos que recibe de la Federación.
¿Consideraron este problema sus señorías para aprobar esta ley? Por lo que dice el alcalde en su desplegado, ni al caso.
Ojalá que el asunto no escale o que se aborde en los términos más civilizados posibles. Es un asunto importante que tiene que ver con la naturaleza de las relaciones intergubernamentales y, por supuesto, con la naturaleza del federalismo deseable y posible para México.
Veremos…