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La revocación de mandato y las razones de AMLO
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). Ayer, 7 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria a la consulta de revocación de mandato. Se ha iniciado una especie de periodo de veda electoral, en el que está prohibida, hasta el 10 de abril, fecha de la consulta, toda actividad de propaganda gubernamental a favor o en contra de la consulta, y los partidos mismos podrán hacer labor de publicidad para promover la participación. Tal es el contenido y el espíritu de la Ley de Revocación de mandato, publicado en septiembre del año pasado. Sin embargo, esta disposición legal ha parecido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación excesivamente laxa, por lo que han decidido acotarla, y reducir su ámbito de acción. Así lo explicó el propio árbitro electoral: “Si bien la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en este proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional dicha determinación al considerar que es una labor exclusiva del Instituto Nacional Electoral”.
De inmediato han surgido reparos, que no dejan de ser razonables. El primero, obvio, evidente, es el del propio presidente López Obrador, que en su mañanera anunció que se dirigirá al alto tribunal para que precise los alcances del concepto propaganda. Y creo que tiene razón: “Existe el concepto general de propaganda. Y todo lo que tiene que ver con el gobierno, de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo”, entre ellas sus proyectos estratégicos, aunque a final de cuentas, por el enorme poder que concentra el representante el poder ejecutivo en un sistema presidencialista, puede saltarse, como se ha visto, ésta y otras normas sin que la transgresión de la legalidad se traduzca en castigo alguno. Pero más allá de esta consideración, me parece que el presidente da en el clavo, cuando dice: “Yo siento que debería de acotarse lo de propaganda en la participación a favor de la postura de un partido. Algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido”. De inmediato veremos también entonces, la protesta del partido gobernante por esta restricción en la promoción de este ejercicio ciudadano.
Me parece que esta limitación a la participación de los partidos poco contribuye a ampliar los espacios de participación ciudadana en los asuntos de la vida pública. Tenemos en México un alto déficit de participación ciudadana y eso se refleja, entre muchas otras cosas, en la tasa de abstencionismo en procesos electorales, en la escasa fortaleza de la sociedad civil y del magro número de asociaciones ciudadanas que constituyen esos centros intermediarios de poder. Es necesario alentar una más activa y entusiasta participación ciudadana para ensanchar la base social en que se sustenta la democracia, y los partidos deberían asumir esta tarea como parte de una pedagogía cívica permanente, y no actuar solo como maquinarias burocráticas que se activen solo en periodo de elecciones.
Para morena, esta disposición restrictiva será una oportunidad para activar más su fuerza. La mera denuncia de que se limitan derechos de los partidos –en lo que tendría razón— será una excelente oportunidad de propagandizar su propuesta “revo-confirmatoria”, ponderar lo que considera los grandes logros de la transformación en curso del país, y tensar todos los resortes políticos internos no solo de cara a la jornada del 10 de abril, sino para atender la orientación estratégica en favor de la reforma energética y prepararse para las elecciones de gobernador en varias entidades de la república en junio próximo.
Pero para los partidos de la oposición, de manera señalada los que conforman la coalición Va por México –PAN, PRI y PRD— la disposición de que los partidos callen les caerá de perlas. No son partidos de acción; son organizaciones burocráticas que pueden moverse más o menos bien en los espacios institucionales, pero que son alérgicos a la calle; que no saben, porque nunca ha sido lo suyo, combinar la lucha en las instituciones con el respaldo de los ciudadanos en los espacios públicos. Por eso están desaprovechando esta coyuntura, en la que podrían haber movilizado a miles, decenas o cientos de miles de ciudadanos, no a favor o en contra de la revocación-ratificación, sino explicando de manera pedagógica el significado y la importancia de un procedimiento que debiendo haber surgido desde la base social, como derecho que es de los electores, ha sido confiscado desde el poder, que al apropiárselo, lo desnaturaliza y distorsiona, contribuyendo no a la ampliación y consolidación de la vida democrática, sino a dificultar su desarrollo.