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La (contra)reforma energética: una batalla perdida para el gobierno
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). Tengo la impresión de que la batalla por la (contra)reforma energética está perdida para el gobierno de López Obrador. El parlamento abierto ha querido ser una demostración de fuerza, de razones y argumentos por parte del bloque gobernante y de quienes lo apoyan, pero es difícil ir contra el sentido de la historia: vivimos una época de mercados abiertos y la competencia llegó para quedarse. Es cierto que la nacionalización de la industria eléctrica hace 60 años representó un enorme paso en la recuperación de un bien básico para el desarrollo del país, al establecer en el artículo 27 constitucional, que “corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”.
Pero en esas seis décadas, el país ha cambiado: se ha transformado en una sociedad abierta y moderna, se han ido desmontando gradualmente los monopolios públicos y privados, y en el caso del monopolio de la energía eléctrica, el gobierno ha tenido que ceder atribuciones y potestades, dejando atrás la vieja idea patrimonialista de que representa la nación o es la encarnación del Estado. A diferencia, además, de lo que ocurría en 1960, cuando imperaba un modelo de desarrollo hacia adentro, de fronteras cerradas a toda competencia, hoy las interdependencias que nos impone la globalización, nuestra pertenencia misma a uno de los bloques comerciales más dinámicos del mundo moderno, nos obliga a movernos en un marco de reglas que poco o nada tienen que ver con aquellos tiempos ya lejanos.
Lo vimos en estos días, cuando precisamente en el marco del parlamento abierto, estuvo en nuestro país la secretaría de Energía del gobierno estadounidense, quien se reunió con figuras representativas del mundo de la política y de los negocios, para ponderar el significado de la (contra)reforma, sus efectos y consecuencias para la producción, distribución y conducción de la energía eléctrica. El gobierno y sus personeros trataron de pintarnos un ambiente de concordia, cuando en realidad la secretaria pintó las rayas rojas que no pueden ser rebasadas sino a condición de generar un enorme conflicto en el que México lleva todas las de perder. ¿Qué dijo la señora Granholm? Esto: “En cada reunión expresamos las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en México sobre la inversión estadounidense en el país. La reforma propuesta también puede dificultar los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos en materia de energía limpia y clima. Debemos mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que benefician a América del Norte. México está comprometido a apoyar la energía limpia y a resolver las disputas actuales con proyectos de energía dentro del Estado de derecho”.
Esos mercados energéticos abiertos y competitivos que perfiló la reforma de 2013, quieren ser revertidos por el gobierno que quiere permanecer anclado en el pasado, como si el mundo y la propia sociedad mexicana no hubiesen evolucionado. Ese y no otro es el sentido de la (contra)reforma, que quiere restituir no el monopolio o la rectoría del Estado, sino el monopolio del gobierno en el campo de la política energética. La diferencia no es menor, y ocurre que normalmente, en la conversación pública e, incluso, en los círculos especializados, identificamos Estado con gobierno, que no son lo mismo. El gobierno es tan solo una parte del Estado. Ello lo explicó hoy en el parlamento abierto Paolo Salerno, quien sostuvo que no es necesaria una reforma constitucional (como plantea el gobierno) para que el Estado recupere la rectoría en el sector energético. He aquí sus palabras: “Actualmente, la planeación del sector está a cargo de la Secretaría de Energía, la regulación bajo la responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la operación del mercado recae en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mientras que la Comisión Federal de Electricidad atiende el Suministro Básico a los ciudadanos”.
Pero al gobierno de López Obrador le causan urticaria los organismos autónomos, de ahí que este embarcado en una cruzada para desmantelarlos, capturarlos o colonizarlos, y la Comisión Reguladora de Energía es un órgano dotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, con una función clave para el fomento del desarrollo de la industria, la promoción de la competencia, la defensa de los usuarios y la atención de confiabilidad y seguridad en el suministro y prestación del servicio. Tal es el sentido de la reforma constitucional que quiere hacer el gobierno.
Y garantizar la competencia es la mejor forma de evitar distorsiones en el mercado. Se trata precisamente de distribuir el poder entre el gobierno y órganos con autonomía para evitar la restitución de condiciones monopólicas en el mercado. En suma, se trata de asegurar la rectoría del Estado, y evitar que se restituya un monopolio del gobierno. Ni más ni menos. Concluyo citando de nuevo a Salerno:
“La reforma constitucional no es necesaria hoy en día, pero eso no significa que no tengamos que mejorar la legislación, como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cualquier mercado eléctrico en el mundo cada cinco o siete años se realizan acciones para mejorar la regulación”.