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JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ. La violencia es propia de la derecha, y con este ADN en su sangre, se pagaron golpeadores para desalojar el plantón que mantenían ciudadanos libres en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El desgasta de la presidenta de esa cueva de ladrones la llevará a renunciar más temprano que tarde, ante la serie de ilegalidades que comete amparada en su cargo, sobre todo autorizar amparos a favor de verdaderos delincuentes, quienes lograron esos fallos por medios poco ortodoxos.
La justicia en México está en manos de delincuentes, que requieren de golpeadores para tratar de ocultar el rechazo de la mayoría de la población; sin embargo, los propios ministros filtraron la idea de que quienes estaban instalados a las puertas de la Corte, exigiendo la renuncia de Norma Piña, eran pagados por el gobierno, sin ninguna prueba; sin embargo, nunca reconocen que en marchas como la del 28 de mayo, por lo menos la mitad de las 300 personas que asistieron, estaban pagadas.
Se trató de personajes violentos, con una misión agresiva que cumplir, y una conducta provocadora para infundir miedo entre familias, adultos mayores, mujeres y niños, a quienes enfrentaron como si se trataran enemigos a liquidar.
La desesperación de la presidenta ministra por no perder su cargo es tal que descuida las formas y la estrategia para que no sea evidente que se trata de ella la que movió a los golpeadores, disfrazados de pueblo, para reivindicar su imagen.
Piña teme a dos temas principales quedarse sin trabajo, pero, sobre todo, ser descubierta en todas las triquiñuelas que ha participado, como por ejemplo la liberación de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, que no se explican a menos que el factor dinero entre en juego.
De dejar su cargo a la presidenta de la Corte no le daría tiempo de ocultar pruebas y evidencias de su corrupción. A menos que organice un incendio en sus oficinas con la misma torpeza con la que ocultó que ella pagó a los golpeadores para que desalojaran la entrada de la Corte violentamente.
La polarización que la derecha ha provocado es el escenario que necesitan para que ellos mismos asesinen a uno de sus compañeros y culpen al gobierno de López Obrador. Así lo hicieron en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Era lo que buscaban en esta ocasión con los porros que contrataron para quitar los carteles y mantas contra la señora Norma Piña.
Seguirán las marchas de los fifís que sirven de parapeto para que los infiltrados provoquen y agredan a los contrincantes que representan a la verdadera sociedad hasta que haya un muerto o un herido de gravedad que los mismos golpeadores contratados por la derecha lastimarán para responsabilizar al gobierno y tener pretexto para iniciar un golpe de Estado blando, con ayuda de los ministros claro, disfrazado de arengas por la libertad y los derechos.
La sociedad aprendió, luego de muchos años de tolerar provocaciones, identificar las intenciones de los contrincantes en las calles. Esta experiencia que se aprende desde la oposición, cuando se llega a tener un gobierno afín a sus necesidades se convierte en una garantía de vida y libertad. Porque de otra manera, se hubiera armado una batalla campal que, a pesar de los insultos y los empujones, supieron aguantar las familias que fueron agredidas por golpeadores profesionales a las puertas de la Suprema Corte.
Reprobable la agresión física y verbal contra las personas instaladas a las puertas de la Corte, que ejercía su derecho a expresarse. Habrá que castigar con severidad a los que pagaron a los agresores y a éstos por un delito que no puede quedar impune.
Entre los responsables de están las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, a cuyas fuerzas policiacas llamaron los agredidos para que metieran el orden. Nunca acudieron al lugar de los hechos, a pesar de que la Corte está en territorio de su jurisdicción. Esa omisión pudo costar vidas humanas. Dicha alcaldía la encabeza la panista Sandra Cuevas, quien se pronunció públicamente en defensa de Norma Piña en días pasados.
