ROMPECABEZAS/ Poco a poco regresa la cordura

ABEL LUNA ESPINOSA. LA INTEGRACIÓN DE la Guardia Nacional es una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos con una visión coyuntual y de corto plazo, afirmó el 10 de enero de 2019 el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Maestro Raúl González Pérez, durante las reuniones del parlamento abierto en la Cámara de Diputados, convocado por la Junta de Coordinación Política con el objetivo de analizar en ese momento 13 artículos con reformas y adiciones sobre este tema.

Ahora recuerdo aquellas reuniones con relación a la votación de este martes por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que decidieron es inconstitucional mantener a los integrantes de la Guardia Nacional bajo la férula de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Es más, aunque salten algunas buenas conciencias, por esos días el mismo presidente González Pérez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado porque los Estados deben limitar a lo máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a “derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de los civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”

En los documentos presentados en el Recinto Parlamentario el entonces Titular de la CNDH apunta como “delicado y grave” que el mando y adscripción de la Guardia Nacional durante los siguientes 5 años -recordemos que esto fue dicho en 2019- correspondería a la SEDENA además de que esa decisión no es la idónea para garantizar los derechos humanos de los mexicanos.

Asimismo, Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aseguró que la violencia institucionalizada de los militares había aumentado de 22 a 74 por ciento, insisto, recordemos que eso fue apuntado hace poco más de 4 años. ¿Ahora qué datos serán los actualizados?

Este mismo especialista dijo aquella ocasión que si el presidente tiene mucha confianza al Ejército ello es “perverso”, es más “mientras la población les tiene más confianza se (ha dado) mayor rebasamiento de los derechos humanos” y eso lo ha documentado el Instituto Belisario Domínguez, que es un área especializada de investigación del Senado de la República.

Por su parte Carlos Bravo Regidor, también integrante del CIDE, afiló el estilete y señaló que con esas decisiones se ha dado más poder a un poder que no ha informado públicamente sobre sus acciones, sus presupuestos y en consecuencia es inconstitucional darle más apoyos a las Fuerzas Armadas y argumentó que como dato al respecto la CNDH tiene 7 de cada 10 demandas están dirigidas a integrantes de ese sector.

En lugar de la creación de la Guardia Nacional, dijo, deberían fortalecerse, aumentarse, los recursos para las policías, los ministerios públicos y eso no fue reflejado en el dictamen y tampoco, diré ahora, se han tomado las medidas adecuadas. Por ejemplo, para obligar a todos y cada uno de los agentes en activo para pasarlos a las pruebas de confianza, empezando por el uso de narcóticos y la capacitación actualizada para el adecuado desempeño de sus actividades.

En aquellos escenarios, los diputados integrantes de Movimiento Ciudadano recordaron que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e invitaron al Estado Mexicano al retiro paulatino gradual, planificado, medible y verificable de los hombres de verde de las calles.

En síntesis, destacaremos en este momento, que poco a poco empieza a prevalecer la cordura en algunas áreas decisivas del quehacer nacional con la decisión tomada estos días por 8 de los 11 ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia, presidida por la ministra Norma Lucía Piña, se da un considerable revés a las pretensiones del Ejecutivo para seguir militarizando la vida nacional.

EN OTRO CONTEXTO de las informaciones el deceso del doctor Pablo González Casanova trae a la memoria su destacada y destacable actividad siempre estuvo cerca de las causas populares, inclusive para los integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional lo consideraban “comandante”

El politólogo González Casanova fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1970 a 1972, y como consecuencia de una las demandas planteadas por el Movimiento Estudiantil de 1968 acerca de la creación de un sistema educativo realmente popular.

En ello destaca que haya encabezado la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, planteando en su momento concepciones novedosas en la educación mexicana en los niveles del bachillerato.

Por aquellos años también la nómina magisterial “ceceachera” dio cabida a excelentes exiliados provenientes de los procesos militaristas en Chile, con el golpe fascista al gobierno de Salvador Allende, y de Argentina con Rafael Videla. Muchos de ellos se quedaron en el país asentando sus actividades en diversos entornos.

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