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>> Regresividad en programas oficiales
>> Se reduce acceso a salud y educación
>> Crédito Infonavit, sólo para algunos
AGUSTÍN VARGAS*
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer recientemente su medición de la pobreza para 2022. Los datos del organismo pusieron muy contento al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos sus súbditos, porque según el Coneval la pobreza se redujo sensiblemente entre 2018 y 2022.
El señor de Palacio celebró y presumió que en el periodo mencionado 5.1 millones de personas en México dejaron de ser pobres, gracias a la mejoría de los ingresos por los incrementos a los salarios mínimos y a las transferencias de los programas sociales, aunque –y eso no lo dijo— en el mismo lapso 400 mil mexicanos pasaron al nivel de pobreza extrema.
Lo que no dijo tampoco el señor López Obrador es que las carencias sociales en el país han aumentado significativamente durante su mandato, al tiempo que muestran serios retrocesos y reflejan la preferencia oficial por las transferencias en efectivo por encima de los servicios sociales.
El estudio del Coneval es una medición multidimensional que toma datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares para 2022 (ENIGH 2022) publicada recientemente por el Inegi y de otras fuentes que identifican las carencias de la población respecto a los derechos sociales que le corresponden.
En contraste con el impacto de los ingresos en la pobreza, las carencias sociales muestran serios retrocesos entre 2018 y 2022. El número de personas con al menos tres de las seis carencias que define el Coneval, se elevó considerablemente en 7.1 millones de personas, para llegar a 32 millones o más de 28% respecto a 2018.
La menor pobreza junto a las mayores carencias sociales es muestra clara de la preferencia del gobierno por las transferencias en efectivo a la población, prácticamente como dádivas sin condiciones, por encima de los servicios sociales que por la ley privilegia.
Regresividad en programas
Pero la estrategia del gobierno no beneficia necesariamente a los más pobres. El hecho de que la pobreza moderada se redujo y la extrema se elevó entre sus primeros 4 años, es señal de una forma de regresividad en los programas oficiales.
Por ejemplo, el gasto en salud de los hogares del decil más bajo de ingresos creció 90% en términos reales entre 2018 y 2022, lo que está necesariamente relacionado con un manejo deficiente del sector salud.
El deterioro de los servicios públicos sociales, o el aumento de las carencias, entre 2018 y 2022 desafortunadamente se concentra en las áreas de formación de capital humano: educación, alimentación y salud.
El rezago educativo aumentó en 1.6 millones, el acceso a alimentación nutritiva y de calidad bajó en 4.1 millones y, notoriamente, la población que se quedó sin acceso a servicios de salud -o cobertura de salud pública- aumentó en 30.3 millones; la carencia de este servicio pasó del 16.2% a 39.1%.
Quienes perdieron el acceso a la salud han tenido que gastar más en los servicios y medicinas que antes recibían por parte del Estado -como el seguro popular-, lo que seguramente empujó a muchas familias que están cerca de los umbrales de pobreza a caer en ella. No es menor, se trata de 30 millones de personas que perdieron la cobertura de salud, incluyendo el año de la pandemia.
Si no se revierte rápidamente el deterioro en materia de carencias sociales, que hace más vulnerable a la población, el impacto en el ingreso futuro de los hogares y en el desempeño de la economía será nocivo.
La preferencia oficial por programas de transferencias directas refleja una decisión presupuestaria implícita en contra de la formación de capital humano -salud, educación, alimentación-, con graves implicaciones.
Sin dejar de reconocer el valor de la disminución de la pobreza que se ha logrado vía transferencias monetarias y aumentos administrativos de salarios (mínimos), lo mejor para la población y el país es que a futuro los programas sociales avancen con educación útil para el progreso de las personas, con salud adecuada para todos, con más productividad y con verdaderas oportunidades de movilidad social. Es decir, con más componentes que promuevan el capital humano y un auténtico bienestar.
Crédito Infonavit, para algunos
En los últimos años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que dirige Carlos Martínez, ha implementado diversas reformas y programas con el objetivo de mejorar la accesibilidad y las condiciones de los créditos hipotecarios, buscando facilitar la adquisición de vivienda para los trabajadores mexicanos.
En este contexto, la encuesta del “Termómetro Laboral”, de OCCMundial, en su semana 166 (del 4 al 11 de agosto), preguntó a los trabajadores mexicanos si consideran que las actualizaciones realizadas por el Infonavit lo convierten en un medio efectivo para que comprar una vivienda.
Al respecto, 33% de los encuestados manifestó que el crédito destinado a la adquisición de vivienda resulta beneficioso solamente para algunos, el 25% aseguró que el Instituto no es efectivo y el 15% restante admitió no estar informado.
Por su parte, un 28% de los participantes en el sondeo consideró que el crédito del Infonavit sigue siendo el mejor medio para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda. Al respecto destacaron tres razones: El reciente incremento a la línea de crédito; las atractivas tasas de interés y la posibilidad de realizar aportaciones directas al capital del crédito.
Se les preguntó cuál es la opción más conveniente al momento de utilizar el crédito Infonavit, a lo que el 49% dijo que comprar una casa o un terreno; 24% consideró el retiro del ahorro de la subcuenta como la mejor opción; 16% dijo que la compra de materiales para la construcción y el 10% restante comentó que es mejor usar otros medios como el autofinanciamiento, Fovissste o a través de instituciones bancarias.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
