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>> Sin seguro, la mayoría de viviendas
>> Aseguradoras solventes
AGUSTÍN VARGAS*
Sin cuantificar aún la totalidad de los daños causados por el huracán Otis en el puerto de Acapulco y parte de las regiones de la Costa Grande de Guerrero, las primeras estimaciones sobre la magnitud de la catástrofe refieren que al menos se requerirán cinco años para reconstruir las zonas afectadas. Esto, por supuesto, siempre y cuando haya recursos suficientes para emprender las tareas de reconstrucción.
Como ha sucedido cuando una tragedia azota al país, la solidaridad del pueblo mexicano se hace presente de inmediato y la organización de la sociedad civil para hacer llegar la ayuda supera a la que, por ley o por simple empatía con la población afectada, deberían destinar las autoridades, sea gobierno federal, estatal o municipal.
Desde la comodidad del despacho presidencial, hemos visto al presidente Andrés Manuel López Obrador girar instrucciones o recibir informes telefónicos para, supuestamente evaluar las acciones a emprender ante la tragedia.
Desde el sobrio e histórico despacho de Palacio Nacional, el mandatario ha hablado de una ayuda que no llega, de los supuestos recursos ilimitados que existen para atender la emergencia y de sus visitas “fantasmas” a Guerrero, dizque para apoyar y manifestar personalmente su solidaridad con las víctimas de la tragedia. El asunto es que la población guerrerense se debate entre el hambre, la desesperación y el hartazgo por la incompetencia de las autoridades y la falta de coordinación para superar la emergencia y hacer llegar los víveres que se requieren de inmediato en las zonas afectadas.
Quizá el señor de Palacio se muestra tan tranquilo y confiado de que todo se arreglará pronto en Guerrero, porque el Banco Mundial activó de inmediato un “bono catastrófico” a nombre del gobierno de México por 485 millones de dólares para atender los daños que dejó el huracán Otis a su paso por esa entidad, aunque también cabe la posibilidad de que los recursos externos que ya comenzaron a fluir sean administrados y ministrados con fines electorales, como ya hemos visto en el pasado. Y para eso, el gobierno morenista de la autollamada 4T se pinta solo y las tragedias le caen como “anillo al dedo.”
Sin seguro, la mayoría de viviendas
Los ajustadores de las diferentes compañías aseguradoras ya se encuentran en los alrededores de la costa de Guerrero, con el fin de acelerar y evaluar los daños ocasionados por el huracán Otis; sin embargo, la labor se ha complicado por la falta de energía eléctrica, telefonía e internet.
Estas situaciones están contempladas en el actuar ante un desastre, a través de protocolos de sector que ayudan a reducir el impacto. Según se nos informó, las aseguradoras están haciendo todo lo posible para agilizar el proceso y comenzar cuanto antes la recuperación de todas las zonas afectadas.
Hasta el momento se ha reportado que en Acapulco y parte de la costa guerrerense resultaron afectadas más de 200 mil viviendas, de las cuales sólo 16 mil inmuebles cuentan con póliza de seguro vigente y hay 20 mil vehículos asegurados, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro (AMIS), que dirige Norma Alicia Rosas.
El huracán Otis se convirtió en el fenómeno hidrometeorológico con mayor intensidad que haya azotado Guerrero, ya que llegó a ser categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, y con sus fuertes vientos e intensas lluvias causaron daños a propiedades e infraestructura en la zona.
De acuerdo con registros de la AMIS, el huracán Pauline cubrió alrededor de mil 766 millones de pesos, en bienes asegurados, cuando azotó las costas de Guerrero, en 2007. OTIS estará muy probablemente en el listado de los 10 eventos más catastróficos en el sector.
De acuerdo con datos de autoridades, se reportaron 504 mil 340 usuarios sin suministro eléctrico; también se reportaron afectaciones al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Además, se estima que el huracán afectó a 80% de los hoteles en Acapulco.
Las aseguradoras son un actor clave ante desastres naturales, ya que a través de sus productos se genera resiliencia entre la población, empresas y gobierno. Ante este desastre, la asociación recordó que el sector asegurador es sólido, solvente y confiable y está preparado para hacer frente a sus obligaciones con sus asegurados, pues triplica el monto de capital requerido por la ley.
En 2022, las aseguradoras pagaron 2 mil millones de pesos por riesgos hidrometeorológicos. Para este año, la Comisión Nacional del Agua estimó que el número de huracanes en México se incrementará 30% y pronosticó entre 26 y 38 ciclones en 2023. Es decir, los riesgos catastróficos están más que latentes para lo que resta del año.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
