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JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Antiguamente los medios de información tenían por consenso una tarea social, que se disfrazaba de difusión de la realidad, según el cristal ideológico con el que se enfocaba esa realidad.
Ahora los medios son un arma política indispensable y en su mayor parte conforman una trinchera nostálgica a grado tal que se convierten en el vértice de la andanada golpista tripartita, tratándose del lawfare, o golpe de Estado, con todas las de la ley.
Para un golpe de Estado “legal” se requiere de una trampa de tres picos, como aquel sombrero de Pedro Antonio de Alarcón: el primero es el Poder Judicial corrupto, el segundo, el sector financiero corrupto y, desde luego, los medios corruptos.
No hay lawfare sin la participación protagónica de los medios. Podemos comprobarlo en México actualmente. Los medios no informan, son los voceros de los conservadores que forman criterios disfrazados de opinión pública. Son una máquina sistematizada de adoctrinamiento.
El ensayo de lawfare del ministro Luis María Aguilar, salió muy bien como preparación para el que viene, después de 2024, la agresión no será contra Andrés Manuel López Obrador sino contra quien le suceda. Saben que el apoyo popular se reducirá considerablemente el próximo sexenio, y las maniobras del golpe se llevarán a la práctica una vez que haya el mínimo pretexto para concretarlo.
Dicho ensayo estuvo a cargo de un ministro que se irá antes del cambio de gobierno, no espera ni glorias que no merezca ni culpas injustificadas. Su jubilación ayudará a olvidar su intentona de golpe y habrá, quienes diluyan su actuar criminal con un homenaje. Los medios ahora no sirven para ser la memoria colectiva de la sociedad sino para que los recuerdos permanezcan en la mente el menor tiempo posible.
Por lo pronto, López Obrador presentará una queja contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales por su actuación en el caso de una empresa que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los acérrimos enemigos que la 4T.
El ministro Aguilar, concedió, en un par de días, una suspensión de la distribución de libros de texto en Chihuahua y Coahuila. El miembro de la Segunda Sala de la Suprema Corte siempre se identificó con la derecha por su votación para «proteger la vida desde la concepción» con el argumento de que «los legisladores locales no tenían facultades para generar nuevos derechos fundamentales». En el caso de la Guardería ABC, «el ministro Aguilar votó con la mayoría al señalar que los funcionarios públicos Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam no estuvieron involucrados en violaciones graves de derechos y que no existía un desorden generalizado en las guarderías del Gobierno».
Ante el amago de defenestrar al presidente Luis Aguilar retiró de último momento un proyecto de revisión de un amparo que contemplaba que López Obrador pudiera ser destituido en caso de no ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su encargo por un periodo de 10 años.
En las consideraciones de la revisión del amparo 386/2023, contemplado para revisarse en la sesión del 23 de agosto y relacionado con la ratificación del encargo de la magistrada, se contemplaba inaplicar la prohibición que considera que el presidente de la República no puede ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico en el caso de cumplimiento o inejecución de un amparo.
Sin la intervención de los ministros que como vemos en este caso, son títeres del sector empresarial, y con la difusión correspondiente de los medios, el lawfare no está completo. Los intentos de golpeteo, no son intentonas de golpe de Estado, sino la creación de una artificial opción electoral fuerte y sólida como para competir por el poder. En esto consiste el éxito del ensayo general.
La derecha requiere de estos alardes de poder ante la debilidad que le caracteriza, con un PAN sin militancia, un PRI dividido en varios pedazos y un PRD agonizante, los conservadores requieren de un escándalo que pareciera que pone en riesgo la estabilidad política del actual régimen.
Con ello desdeñan el proceso electoral, la democracia, las leyes y la dignidad. Aunque todo esto nunca les ha interesado practicar a una derecha tan rancia como inoperante.
La derecha colocó en estado de putrefacción a los medios, que no informan sólo deterioran la imagen de su enemigo; los magistrados que no administran la ley, la tergiversan a favor de la otra instancia de ese triángulo diabólico que impulsa los golpes de Estado: los empresarios conservadores, que no producen nada más que desestabilización.
