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JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ. Algunos segmentos de la política quieren defender a la iniciativa privada, nacional y extranjera de un caso en el que los integrantes de estas instancias sociales están de acuerdo. Como si se tratara de una agresión al empresariado los decadentes partidos de oposición advierten quien con el retiro de la concesión de Ferrosur a Grupo México, se asustarán los inversionistas del país y del mundo para atraer a México sus empresas.
Nada más equivocado que esto, como todo lo que ha afirmado la oposición desde los días de campaña y simplemente les ha salido mal ante el diagnóstico catastrofista que les identifica.
Retirar una concesión está asentado en nuestras leyes, no se trata de ningún capricho de una sorpresa legal. La Ley de expropiaciones en México va a cumplir un siglo dentro de 14 años. En 1938 México no era un país comunista ni mucho menos lo es, o puede serlo ahora; sin embargo, es más fácil recurrir al pasado para evaluar una realidad que no se entiende que analizar las causas, consultar la historia y reflexionar con bases sobre el tiempo que se vive.
Pero la falta de argumentos propios de una oposición que nunca debió estar en el ejercicio político, ahora advierte que su aplicación encamina al país a regímenes parecido al de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, cuando en realidad nunca han visitado esos países. Hablan de oídas y critican por intuición.
Para consuelo de los ingenuos de la oposición la tendencia de los grandes empresarios del mundo es llevar sus empresas a lugares donde haya certeza; es decir, legalidad, no como antes sucedía que no había gobierno, simplemente los funcionarios públicos, sobre todo los que fueron electos en las urnas, estaban al servicio de los empresarios nacionales y extranjeros y esto creaba una gran confusión entre el empresariado del mundo entero ante la carencia de leyes y aplicación del derecho, porque todo era a gusto y capricho de los gobernantes que subastaban el país y otorgaban concesiones a quienes les daban más dinero por ellas.
La inversión debe tener reglas claras, donde haya rigidez en la aplicación de las normas y no una subasta de impuestos y territorio a cambio de las migajas que entregaban los empresarios extranjeros en el pasado que ni siquiera pagan impuestos, pero sí dañaban, de manera irreversible, el medio ambiente de México.
En esa entrega del país estaba implicados quienes ahora aseguran que el retiro de la concesión se ahuyenta la inversión. Se ahuyenta la inversión de los empresarios que apostaron en el pasado por el daño a México en beneficio de los bolsillos de los presidentes y legisladores y ministros del pasado.
La visión limitada de algunos segmentos de la población, se niega a ver el presente y recurre al pasado para interpretar la realidad. Es muy claro que si vemos las facilidades de la inversión pública ene l pasado ésta llegaba a asentarse sin marco legal, se les perdonaban impuestos, a veces de por vida o por periodos de tres, cinco y hasta 10 años. No importaba el daño a la naturaleza, ni la aplicación de los derechos laborales de los trabajadores.
Es a estas reglas a las que dicen temerle algunos que cuestionan la decisión de retirar una concesión a uno de los empresarios más explotadores en la historia de nuestro país. Es decir, se trata de uno de los inversionistas sin sentido del humanismo y a quien sólo le interesa la ganancia. Esos tiempos ya pasaron.
Ahí está el ejemplo de China, a donde muchos empresarios de todo el mundo van a invertir con reglas muy rígidas pero que no dejan de considerar a ese país como el próximo destino de su inversión. Los opositores deben asomarse más seguido al mundo para valorar con mayor precisión el actual momento en México.
Lo que se requiere son reglas para la inversión y no un caos que originados los anteriores presidentes de México que sólo tenían a la inversión extranjera para salir en la foto.
