Narcotráfico e inseguridad ahogan a Colima

>> El Cártel Jalisco y Cártel Independiente de Colina, los amos

>> La gobernadora Indira Vizcaíno amenazada por el CJNG

>> Más de 300 narco ejecuciones en 5 meses de su gobierno

José Sánchez López

Ciudad de México, 24 d abril (entresemana.mx). Colima, que durante décadas fue considerada como una de las entidades más tranquilas del país, está convertida en un infierno luego que
Indira Vizcaíno Silva rindiera protesta como gobernadora, el uno de noviembre del pasado año; la violencia se agudizó el 25 de enero del presente tras un motín en el Centro de Readaptación Social entre miembros de dos células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Independiente de Colima (CIC), cuyo saldo trágico fue de nueve muertos y siete heridos.

Hasta octubre del 2021, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se habían contabilizado 447 homicidios dolosos en el estado, es decir un promedio de 35 casos al mes, aproximadamente, cifra que aumentó ligeramente durante noviembre cuando el número llegó a 39 asesinatos.

En diciembre de 2021, el número fue de 43; enero, 51; febrero, 56; en marzo se elevó hasta 89 y tan sólo en la primera semana de abril ya se habían acumulado 24, lo que ha dado un total de 302 asesinatos, por lo que el primer trimestre de este año se perfila como uno de los peores para el estado en materia de seguridad.

Como respuesta y justificación a esa oleada de crímenes, el fiscal general de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez,  dijo: “prácticamente todas las víctimas de asesinato registradas en la
entidad, cuentan con antecedentes por narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada y algunos de ellos, incluso están plenamente identificados como miembros de grupos criminales delictivos”.

Cuando se le pidieron nombres concretos, adujo que no podía darlos porque formaban parte de la secrecía de las indagatorias, aunque remarcó que “ya se trabaja en las redes de vínculos familiares con organizaciones del crimen organizado”.

Sin que se iniciaran de manera formal las investigaciones, apenas conocidos los hechos, el fiscal ya había criminalizado a las víctimas y pese a que prometió que en breve daría pormenores de los casos, a la fecha no ha dado a conocer de manera concreta ninguno de ellos.

En lo referente a la designación del bisoño fiscal, hay una pequeña historia que causó polémica en el círculo político colimense:

Conforme a las normas, el relevo del entonces fiscal Gabriel Verduzco Rodríguez, a quien le restaban tres años en el puesto, sorpresivamente el 24 de septiembre presentó su renuncia irrevocable con efectos a partir del uno del noviembre.

Ese mismo día, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, a un mes de dejar el cargo y sin informar públicamente del hecho, envió al Congreso un oficio con la propuesta de Bryant Alejandro García Ramírez para encabezar la Fiscalía General del Estado.

El documento fue recibido en la oficialía de partes del Congreso Estatal y en cuestión de horas se discutió, se aprobó y el día 28, Bryant Alejandro, ahijado y ex colaborador de Indira Vizcaíno, fue
nombrado fiscal.

Trascendería después que hubo una reunión previa, a puerta cerrada, en la que el gobernador saliente y la mandataria Vizcaíno Silva, trataron “asuntos de relevancia” que no fueron dados a conocer.

Entre los eventos más violentos registrados en la entidad, una de las más pequeñas de la República y la menos poblada, han destacado ejecuciones de policías, balaceras entre las fuerzas del orden y civiles, ataques del narco y el motín carcelario que dejó nueve muertos.

Ante la creciente inseguridad y los reclamos de la gente, Gustavo Adrián Joya Cervera, en su primera conferencia como vocero de Seguridad del estado, pidió paciencia a sus conciudadanos: “le pedimos a la sociedad colímense, paciencia», e informó que sumaban 193 homicidios dolosos cuando la cifra real rebasaba ya los 250.

En sus 10 municipios: Amería, Ixtlahuacán, Colima, Manzanillo, Comala, Minatitlán, Coquimatlán, Tecomán, Manzanillo, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, el estado sufre los embates del narco, aunque se han focalizado en los tres últimos.

La situación se ha tornado tan crítica, que el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para que no viajen a Colima debido al incremento de violencia, «donde se han producido tiroteos entre grupos delictivos en lugares públicos y los transeúntes han resultado heridos o muertos”.

“Aviso de viaje del Departamento de Estado para el estado de Colima es Nivel4-No Viajar por delincuencia y secuestro», advierte la embajada.

Debido a esa criminalidad y la violencia, el Departamento de Estado mantiene alertas de viaje y recomienda a sus ciudadanos que no visiten Colima o tomen especiales precauciones si lo hacen, “aunque lo recomendable es que no viajen a Colima”.

EL CODICIADO PUERTO DE MANZANILLO

El puerto de Manzanillo, Colima tiene una gran importancia geoestratégica para los cárteles que operan en la entidad: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, que a través de los
años se han disputado el control de la plaza en cruentas balaceras.

Esto se debe, de acurdo a autoridades antidrogas, a que ese puerto marítimo moviliza a nivel nacional el 46 por ciento de las cargas desplazadas en contenedores en todo el país, mediante socios estratégicos en el mundo, principalmente en la costa Oeste de los Estados Unidos y Asia.

Además existe una interconexión con los estados de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, lo que le da un gran espacio de movilidad .

Ambas organizaciones criminales, a través de sus lugartenientes sostienen una permanente y cruenta guerra a muerte por el control absoluto de la plaza, lo que ha dejado cientos de muertos no sólo de los cárteles, sino de gente inocente.

A principios del 2020, Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, El Chaparrito; su hermano José de Jesús, el R-32, y José Bernabé Brizuela Meraz, apodado La Bestia o El Vaca, miembros del Cártel Jalisco Nueva
Generación, con la misma jerarquía, eran aliados, y entre los dos controlaban el estado de Colima, con lo que mantenían una pax narca.

Por espacio de poco más de año se mantuvieron unidos y de esa manera evitaban que cualquier otra organización incursionara en el estado. Ambos conocían sus alcances y limitaciones y se guardaban respeto por lo que evitaban confrontaciones, siempre bajo las órdenes del jefe
Mencho.

Bajo el mandato del gobernador anterior, José Ignacio Peralta Sánchez, habían operado sin problemas, pero vino el cambio de gobierno y llegó a la gubernatura la morenista Indira Vizcaíno Silva, quien tomó posesión el uno de noviembre de 2021 y cuyo lema de campaña había sido
el combate a la corrupción, la impunidad y, sobre todo, a la delincuencia organizada.

Entonces las cosas cambiaron para los hermanos Jarquín y José Bernabé, quienes empezaron a sufrir los embates de las acciones del gobierno en turno y vino entonces la orden del jefe máximo del CJNG, simplemente, asesinar a la entrante gobernadora.

Lo había ordenado El Mencho a través de su mensajero, El Chaparrito, pero quien debería cumplir la orden sería José Bernabé, La Bestia, apodado así por sus métodos sanguinarios para acabar con sus enemigos, sólo que éste no estuvo de acuerdo y se rebeló.

Los hermanos Jarquín le ordenaron que ejecutara a la gobernadora Vizcaíno Silva, pero se negó bajo el argumento de que él no se metía con el gobierno, se desligó definitivamente del CJNG y fundó lo que él llamó, el Cártel Independiente de Colima.

Con ello se rompió la alianza entre El Chaparrito y el R-32 con la Bestia, se declararon la guerra y la violencia se desató causando cientos de muertes de uno y otro bando, así como de ciudadanos
inocentes que nada tenían que ver con sus ilícitas actividades.

Las acciones gubernamentales, a nivel federal y  estatal , se endurecieron  y  José Bernabé fue atrapado por las autoridades la tarde del miércoles 2 de marzo en Colima, pero aún quedaba libre el que había recibido las órdenes de asesinar a la gobernadora, por lo que los operativos continuaron ya con el apoyo de cerca de 5 mil efectivos.

Once días después, la madrugada del domingo 13 de marzo, a las 3 de la madrugada, el Ejército llegó hasta la finca de El Chaparrito, en Zapopan, Jalisco y le echó el guante.

Hubo entonces declaraciones triunfalistas y se dijo incluso que con la captura de los dos jefes de las células criminales antagonistas, la tranquilidad y la calma volverían a Colima, pero no ha sido así.

Las detenciones de ambos capos originaron narco bloqueos, incendios de camiones, tráileres y demás vehículos, cierre de carreteras en el Estado, cierre de comercios y se originó una situación de pánico entre la población.

La disputa escaló a tal grado que la Universidad de Colima anunció la suspensión de clases presenciales y a ella se sumó el resto de escuelas de todos los niveles. Los comercios llegaron a cerrar. Nadie salía a la calle mientras los narcotraficantes se paseaban luciendo poderosas armas sembrando el terror, sin que ninguna autoridad lo impidiera.

José de Jesús Jarquín. El R-32, hermano de El Chaparrito, quien está bajo las órdenes de Julio Alberto Castillo Rodríguez, esposo de Jessica Jhoana Oseguera González, hija del Mencho, asumió el liderazgo y permanece libre, dispuesto a cumplir el mandato del jefe: asesinar a la mandataria.

Mientras tanto, por el lado del Cártel Independiente de Colima, el sucesor de La Bestia sería su sobrino Víctor Alexander Torres Brizuela, apoyado por su lugarteniente Felipe Peñaloza, El Rojo, que operan con igual o mayor saña que José Bernabé.

Pero además de los delitos de alto impacto que azotan a Colima, por la guerra sin cuartel de las bandas del crimen organizado, es creciente la ola de delitos del fuero común, sin que haya una respuesta en el combate a estos flagelos por parte de los gobiernos estatal y municipales.

POLÉMICA TRAYECTORIA DE LA FLAMANTE GOBERNADORA

La gobernadora morenista, Indira Vizcaíno Silva, dueña de impresionante curricula, se inició en la política a los 15 años como consejera municipal en el municipio de Cuauhtémoc. Fue diputada en la LXI Legislatura, presidenta municipal de la misma localidad, diputada federal, coordinadora Estatal de los Programas de Desarrollo del Estado de Colima y es quien gobierna Colima.

Esa es la imagen positiva, el lado bueno, pero según sus detractores su arribo a la gubernatura se dio en un marco de ilegalidad, precedida por diversas denuncias por delitos tales como: fraude, desvío de recursos, falta de transparencia e intromisión en el Congreso Estatal para beneficiar a sus allegados.

El 5 de septiembre de 2019, la diputada Claudia Yáñez Centeno y Cabrera, de su mismo partido, MORENA, pidió a autoridades federales y locales investigar presuntos actos de corrupción realizados por la entonces delegada estatal de programas para el desarrollo social en Colima, Indira Vizcaíno Silva.

Pidió que las secretarías de Bienestar, Gobernación; de Trabajo y Previsión Social, de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y el orden Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, investigaran las irregularidades cometidas por la delegada.

Acusaciones de diputados locales y ciudadanos, señalaron que estaba involucrada en un fraude en perjuicio del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por alrededor de 100 millones en pesos.

También fue acusada de negarse reiteradamente, a otorgar becas universales “Benito Juárez” a jóvenes registrados previamente en el extinto programa Prospera y de discrecionalidad, falta de
transparencia en la entrega de recursos de los programas sociales durante su gestión, incumplimiento de compromisos de pensión a adultos mayores y el uso de recursos institucionales para promoverse políticamente.

La legisladora agregó que de igual forma, ha sido acusada de intromisión en la vida parlamentaria del Congreso Estatal para favorecer a sus seguidores, “lo que genera incertidumbre e ingobernabilidad en la entidad, además de un cacicazgo local, por lo que no deben quedar impunes estos hechos”.

La intromisión en el Congreso del Estado se dio para tratar de nombrar a María Elena Adriana Ruiz Visfocri, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, intento que fracasó en la primera y segunda votación, pero que es probable vuelva a la carga de la mano con Vladimir Parra Barragán, coordinador de la bancada de Morena.

Indira Vizcaíno fue perredista y colaboradora del ex gobernador Ignacio Peralta en el 2015, después candidata por el PES y finalmente se llegó a MORENA.

De no atender esta problemática, advirtió, “resultaría contradictorio hacia los principios de honradez y honestidad que abandera la Cuarta Transformación”.

En el caso del presunto fraude al erario de Cuauhtémoc, el 6 de noviembre de 2017, ciudadanos de ese municipio denunciaron a Vizcaíno Silva por fraude y daño patrimonial por cerca de 100 millones de pesos en la Mesa Única del Ministerio Público, lo cual quedó registrado en el expediente 695/17.

Se trata de un terreno de 7 hectáreas del fraccionamiento residencial de lujo, Altozano, que debió ceder por ley al municipio, pero que fue cambiado por uno rústico cuyos valores comerciales son muy inferiores, en detrimento de las finanzas municipales.

Al fraccionar el predio de Altozano, la ley obliga a sus propietarios a ceder una porción del fraccionamiento al Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Los fraccionadores propusieron una permuta. El Ayuntamiento que presidía Indira Vizcaíno aceptó en 2013 un terreno en breña de un valor por debajo al de Altozano, lo que favoreció a los dueños y perjudicó al patrimonio municipal.

Los propietarios retuvieron una superficie de 7 hectáreas con un elevado precio, que además se beneficiaba de la plusvalía al ser parte del mismo desarrollo de casas de lujo. El predio rústico recibido por el gobierno de Vizcaíno Silva era de un valor minúsculo y lo sigue siendo, además de que no se ha incorporado al patrimonio municipal por un problema testamentario.

La denuncia se presentó ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Hoy se encuentra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular es Mario Ochoa García del que se espera que integre a la brevedad la averiguación y, en su momento, consigne el asunto al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que se someta a proceso penal y se determine el delito a perseguir.

El presidente municipal de Cuauhtémoc en 2015, Rafael Mendoza Godínez, presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para anular la sustitución de terrenos, pero la acción legal había prescrito, al haber transcurrido más de 3 años del procedimiento fuera de la ley.

El ex Alcalde dijo que “fue una mala negociación, pues nos dieron terrenos que valían 10 millones de pesos en vez de darnos el terreno que nos correspondía, cuyo valor es de alrededor de 100 millones de pesos”.

A las acusaciones en su contra, Vizcaíno Silva dijo que no se ocupa de chismes, “y el hecho de que yo tenga un sin fin de denuncias en la fiscalía, no significa que haya un antecedente por esos ilícitos. Ninguno ha prosperado porque no hay elementos jurídicos”, aseguró.

En contraposición, sus opositores dicen que Indira ya se “mimetizó” con Andrés Manuel López Obrador, pues al igual que el presidente, pese a los resultados, declaran que su gobierno es de honestidad, austeridad y combate a la corrupción, lo que les ha dado muy buenos resultado.

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