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TERESA GIL. El caso de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), ha exhibido a varios sectores que quieren definir su postura sin penetrar a fondo en lo que significa esa retención. Llegaron incluso a poner en aprietos a un Poder Judicial que no estaba actuando en eso precisamente, cuando su postura cuestionada está en plena definición. En primer término, lo contradictorio se da en las llamadas ONG, que por cierto no sabemos que o quienes son y porqué suelen aparecer dando cátedra moral sin que se sepa que hay detrás de ellas. Se menciona al organismo del Padre Miguel Ángel Pro Juárez, que tiene larga trayectoria, pero no hay que hacer de lado su origen cristero y la utilización del nombre de quien violó uno de los mandamientos que profesan: el no matarás, Su complicidad por la muerte de Álvaro Obregón no cuajó entonces, pero empujó el verdadero ataque en el 1928. El padre Pro, pese a su crimen, fue beatificado por la iglesia católica. Tampoco hay que olvidar que al iniciar este sexenio fueron eliminados organismos cuya existencia no estaba plenamente justificada, sobre todo en la obtención de recursos que no eran comprobados. Independientemente de que algunas tengan un sustento, hay que partir de que son ellas y sectores cercanos, las que más se quejan de la falta de seguridad en el país. Las que más insisten junto con un sector de feministas antaño oficiales, sobre los feminicidios y la presión sobre las autoridades y el propio Poder Judicial para que se penalicen esos delitos. Soslayan el número de feminicidas que andan huyendo, aún con la existencia de una prisión preventiva.
ORGANISMOS INTERNACIONALES METICHES, EN LAS DECISIONES DEL PAÍS
En los últimos tiempos ha sido constante la intervención de organismos internacionales para llamar la atención a las autoridades o para exigir o sugerir decisiones que deben de ser soberanas. En el caso de la Prisión Preventiva Oficiosa ya lo hicieron. También se les olvida a esos organismos algunos de la ONU, otros de la OEA incluso de derechos humanos particulares como AI, que los estados miembros son libres y soberanos y que su postura para intervenir tiene que tener un antecedente legal. No nada más porque un grupo de un país vaya a denunciar algo, se pueden mover las estructuras de los organismos internacionales. Debe de haber pruebas fundadas. La llamada alta comisionada Michelle Bachelet que acaba de terminar su gestión, intervino flagrantemente en el país varias veces, aunque ahora el canciller Ebrad la elogie. En su momento cuando fue presidenta de Chile, eso se publicó en una de estas columnas, estuvo condenando ante la ONU al gobierno de Venezuela siguiendo la secuencia de Trump. Y cuando ingresó a la ONU y fue nombrada comisionada, hizo un informe acusatorio sobre el gobierno venezolano, que activó las posturas del trumpismo contra ese país. Esas han sido algunas intervenciones que no tienen razón de ser, igual que otras de Amnistía Internacional que retoma quejas de opositores y las procesa en contra de nuestro país, sin averiguar su contenido. Lo ha hecho con la PPO.
LA PPO MENGUA LA FUGA, PERO LOS JUECES DAN LA LIBERTAD
Los que argumentan que las prisiones preventivas son un ataque a los derechos humanos, no han elevado ninguna queja ante la libertad que han obtenido algunos delincuentes por resoluciones judiciales sospechosas o ante los amparos que permiten a algunos mantenerse en libertad. A Rosario Robles se le dio libertad pese a que funcionó la PPO, sin otra limitación que la firma mensual. La fuga de un procesado no siempre pasa por terminales controladas. Hay muchas formas de fugarse o de salir de un país y los propios migrantes son un ejemplo. La literatura y el cine nos han alertado. Recuerdo aquella fuga ingeniosa de la película alemana Blanco, del cineasta Krzysztof Kieslowski de su famosa trilogía y la forma como salió de Francia su protagonista Zbigniew Zamachuwski, en un afán de vengarse de unos amores traicionados. Lo hizo acostado en un largo baúl en el equipaje de un avión. La prisión preventiva es una medida importante pero no milagrosa porque existen los recursos y se ha visto también en los casos de grandes delincuentes que hasta con sentencia se fugan. Con una oposición que es la que pujó para que desapareciera la PPO, cuando de su mismo seno salen las quejas contra la inseguridad, se muestra la contradicción de sus posiciones. Es lo que sucede en el caso de los términos de la vigencia de la Guardia Nacional en el seno del ejército que ya tiene la oposición de alargarla de parte del PAN, cuando fue ese partido el que avaló la presencia militar durante el sexenio de Calderón. La desaparición de la PPO como parte de un derecho humano contradice todos esos puntos de vista. Es más bien una posición política. Finalmente con prisión preventiva o sin ella, hay otra situación que es más grave y en la que no se ha puesto el énfasis que se debiera: la impunidad.
