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YANETH TAMAYO ÁVALOS
SemMéxico, Querétaro, Querétaro. Estamos a pocos días de culminar este año, en el cual las dificultades que se han suscitado en torno al tema de seguridad, política y economía han influido de gran manera en la forma en que afrontamos la vida e interactuamos socialmente.
En un recuento anual, la situación social del país en materia de seguridad se ha traducido en una violencia desmedida en contra de la ciudadanía, en especial de mujeres y jóvenes.
Las elevadas cifras de feminicidios, desapariciones, masacres, muertes de periodistas y ataques a defensores de derechos humanos, han sido una constante durante todo el año. Las promesas de un país más justo y seguro se han quedado en una ilusión que pone en evidencia el sutil y falso compromiso del Estado.
Tan solo en los últimos meses, las masacres ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Salvatierra, Zapopan y Lagos de Moreno, reflejan el aumento de la violencia ejercida por el crimen organizado, quienes han arremetido en contra de jóvenes de entre 15 y 29 años. Hasta el día de hoy, 427 víctimas.
En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 50 mil 449 jóvenes han perdido la vida y 109 mil 969 fueron desaparecidos, por grupos pertenecientes al narcotráfico.
Datos de la organización civil Causa en Común y eventos de alto impacto registrados en los medios de comunicación, aseguran que de enero a diciembre del 2023 se han contabilizado más de 161 masacres atribuidas al narco.
Además, no hay que olvidar los feminicidios, tan solo en los últimos ocho meses, 2 mil 481 mujeres fueron violadas y torturadas antes de ser asesinadas y 1, 463 homicidios fueron cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, sin olvidar los demás delitos que de forma violenta se ejecutaron en contra de la ciudadanía.
En estas cifras el Estado no es el único culpable, no hay que olvidar a las personas que contribuyen a la ejecución y normalización de la violencia, frivolizando y disminuyendo la importancia de los actos violentos y de las luchas sociales.
Recordemos que estas situaciones han generado manifestaciones masivas de mujeres feministas, de familiares de desaparecidos y de la oposición política del gobierno actual.
Durante todo el año, estas situaciones permitieron observar los rostros de las injusticias que se encuentran encarnadas no solo en las instituciones y el Estado, sino en la ciudadanía que las ejecuta y solapa, convirtiéndose en cómplices de la crueldad.
Esta violencia ha pasado a un nivel de justificación, en donde solo a conveniencia política se exige un paternalismo al cual responsabilizar ante la falta de asumir un compromiso social y normativo que evite dañar a otras personas, situación que involucra tanto a ciudadanos como a administradores del Estado.
Esta conveniencia política ha propiciado que los responsables del Estado, en vez de actuar, sigan culpando a las administraciones pasadas ante su incapacidad de reconocer que la violencia es un problema social que no se combate con abrazos.
Si bien es cierto, los altos índices de delincuencia, violencia, corrupción e impunidad siguen rebasando las estrategias del Gobierno Federal; es de esperarse, que estos no disminuirán con una política pacificadora.
Por lo que, a forma de reflexión, podríamos preguntarnos ¿Qué se hizo como sociedad e individuos? En realidad, se incidió o solo fuimos parte de un sistema inerte en donde la mayoría de las personas fungieron como meros espectadores.
Es importante tener en mente que, una sociedad que no se compromete con la erradicación de todo trato cruel, inhumano y degradante, se convierte en cómplice de aquellos que viven al amparo de la corrupción, el servilismo, la violencia y la más absoluta impunidad.
Aunque exista voluntad por erradicar la violencia y sus consecuencias, esta no será eficaz si no se trabaja en el origen; un país seguro no es el que más combate la delincuencia, sino el que tiene ciudadanos consientes que evitan generar violencia y dañar personas.
Si deseamos que el año que inicia sea seguro y justo, se deberá trabajar en alianza con la ciudadanía, quienes desde el espacio privado tendremos que originar condiciones propicias que eviten el surgimiento de personas nocivas y de situaciones que puedan generar el daño a otras.
Todas las personas y en todos los ámbitos, debemos de ser conscientes que la responsabilidad no solo recae en el gobierno o la delincuencia organizada, sino, en todas las personas que conformamos el país; un individuo incapaz de contribuir con su trabajo y esfuerzo al bienestar de los demás, se traduce en una menor calidad de vida para la sociedad.
Si este país quiere transitar hacia una situación favorable, se debe empezar por la formación individual en la cual cada uno se haga responsable de su actuar.
Un buen inicio comienza con el simple hecho de dejar de hacer comentarios que propician violencia y le restan importancia al sepultar actos como los sucedidos, que solo benefician a la clase de personas que buscan arrebatarse el poder. Tener empatía no solo contribuye a solidarizarse con las víctimas, sino a visibilizar el problema real.
Mientras el Estado siga culpando a las administraciones pasadas y la ciudadanía responsabilizando al Estado; no se asumirá una verdadera responsabilidad como sociedad y, por lo tanto, no tendremos una sociedad justa, en la cual se ejerzan acciones que permitan una adecuada distribución de recursos y derechos que exigen del Estado acciones de bienestar positivas
