Ciudad de México, 17 de junio (entresemana.mx). El informe del Congreso de Estados Unidos «México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas», señala que el mandatario mexicano ha evitado operaciones policiales a gran escala y de manera consistente contra los cárteles de la droga.
Luego de señalar que desde 2018 las organizaciones de traficantes de drogas ampliaron significativamente su papel en la producción y tráfico de opioides sintéticos, como el fentanilo, hacia Estados Unidos.
En la publicación se hace énfasis que el titular del Ejecutivo en México,
Andrés Manuel López Obrador, ha logrado poco de sus objetivos en materia de justicia penal y contra la corrupción, además de que su estrategia militarizada a través del despliegue de la Guardia Nacional no ha debilitado de manera efectiva a los grupos criminales.
El informe del Congreso reconoció que, en lugar de emprender una guerra en contra de estos grupos criminales, el presidente se enfoca en cambiar las condiciones sociales que permiten que los grupos criminales prosperen, una estrategia que resumió como “abrazos, no balazos”, con escasos resultados.
“Después de tres años en el cargo, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”, denuncia el reporte.
Tampoco en combate a la corrupción
También señala el documento del Congreso estadounidense que, aunque López Obrador hizo campaña prometiendo abordar los altos niveles de impunidad criminal y la corrupción oficial, a más de la mitad de su sexenio, “podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”.
“Muchos en el Congreso siguen preocupados por la violencia relacionada con las organizaciones del tráfico de drogas en México y su impacto en la seguridad fronteriza. Algunos miembros han estado evaluando los montos y la eficacia de la asistencia antinarcóticos y de seguridad que brinda Estados Unidos a México”, recalca el reporte.
Los congresistas también externaron su preocupación por cómo la violencia relacionada con estos grupos criminales ha “puesto en peligro algunos sectores económicos lícitos, ha afectado negativamente el comercio entre Estados Unidos y México, y ha contribuido al desplazamiento interno y la emigración de ciudadanos mexicanos”.