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JUAN CHÁVEZ
La extinción de fideicomisos nada tiene que ver con construir un Poder Judicial “independiente, imparcial, eficaz, auditable y austero”, pero entra en la narrativa embustera de AMLO y su corifeo (el diputado Ignacio Mier).
Y es, como lo fijamos ayer, una lucha de poderes.
El Poder Judicial Federal inició este jueves un paro nacional que concluirá el 24 de octubre.
Es una forma de protesta, de esperar que el Senado, que abordará el tema en su pleno de la semana próxima, rechace lo que la mayoría morenista de la Cámara de Diputados aprobó el martes pasado, y que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, por una suma superior a los 15 mil millones de pesos, una gran parte, ahorro de los trabajadores para su pensión.
Por tercer día consecutivo, los trabajadores del Poder Judicial realizaron protestas en todo el país contra la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos. Y por segundo día consecutivo, el presidente López los agredió, los descalificó y los insultó.
Las generalizaciones del presidente avivan la confrontación entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, que sabemos cuándo empezó, pero no cuándo ni cómo terminará. Falta menos de un año para que López Obrador termine su mandato, lo mismo que le resta para colonizar o destruir al Poder Judicial. El reloj político avanzará rápidamente.
Ya José Ramón Cossío Díaz, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovió un juicio de amparo con el fin de detener la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y así defender los derechos laborales de los trabajadores.
Los amparos y otros recursos lloverán, y la Corte se convertirá en juez y parte en su desahogo, lo que, indiscutiblemente, le servirá a los corifeos de Palacio y su dueño de pretexto para fijar una invalidez que solo en la mente de López y sus cabecillas se expresará, porque no respetan la Constitución ni sus leyes.
Y no hay remedio, los ministros de la Corte serán juez y parte. Una respuesta supina u horizontal, para mayor claridad, que ha nacido del autoritarismo que nace en Palacio.
La venganza de López Obrador contra el Poder Judicial es, en realidad, una vendetta contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con quienes ha tenido temporadas de odio.
Sin embargo, la idea de cómo tomar represalias contra la Corte, ahogándolos con el presupuesto y eliminando los fideicomisos, no se le ocurrió a él, sino a su brazo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, quien recibió la felicitación y agradecimiento del presidente, que esperaría que no se quede en palabras y se materialice con la candidatura al gobierno de Puebla.
El inicio de esta lucha de poderes fue el 6 de septiembre, cuando la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro presentó una iniciativa para reformar el artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para extinguir 13 de los 14 fideicomisos –seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura y dos del Tribunal Electoral–, por un monto superior a los 15 mil millones de pesos.
Los 13 fideicomisos que buscan eliminarse se pueden dividir en tres bloques.
Unos tienen que ver con fideicomisos cuya extinción afectaría a mandos medios y personal administrativo, quienes aportan quincenalmente recursos de su salario para su retiro, jubilación o despido. Estos fideicomisos no utilizan dinero público, sino es de cada trabajador, por lo cual la extinción de ellos sería el equivalente a que, por decisión del Congreso, les expropiarían, por no decir robarían, dinero que ya trabajaron para ganarlo. Por ejemplo, en el caso de sus pensiones, donde hay trabajadores que las perderían al 100 por ciento, y otros, la mayoría, que verían una reducción de 15 a 50 por ciento de ellas. No tiene nada que ver con privilegios, como dice el presidente, y sí afecta a los trabajadores, y no sólo a los ministros de la Corte, como también señala.
Otros fideicomisos, cuya eliminación también afectaría a mandos medios y personal administrativo, tiene que ver con el otorgamiento de prestaciones médicas complementarias a las que brinda el ISSSTE, y apoyos extraordinarios a los familiares de los trabajadores en caso de defunción del servidor público. Como en el caso anterior, también impacta a los trabajadores, no sólo a los ministros de la Corte.
El tercer bloque de fideicomisos que se anularía es el que tiene que ver los ahorros de los recursos presupuestales, que beneficia únicamente a ministros, magistrados, jueces y mandos superiores del Poder Judicial, que involucra pensiones adicionales a las otorgadas por el ISSSTE, mantenimiento de casas-habitación a jueces y magistrados, y apoyos cuando se sobrepase el tope de gastos de seguros médicos institucionales. Este es el único fideicomiso donde la crítica de López se sostiene, aunque desde 2018, antes de que llegara a la Presidencia, no se han aportado recursos de los ahorros presupuestales, que en su esencia era algo ilegal porque a diferencia de los fideicomisos que se alimentan de los salarios de los trabajadores, estos sí son dineros públicos que tendrían que haber sido reintegrados a la secretaría de Hacienda.
La iniciativa de Mier, que satisfizo la necesidad existencial del presidente para vengarse de la Suprema Corte, es el primer paso de una gran reforma que quiere López Obrador para que se modifique el método de selección de ministros, que sean electos por el pueblo y en cuyo caso, habría que pensar que los militares fueran también electos.
