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JUAN CHÁVEZ. No hay duda: la agresión del viernes que los normalistas de Ayotzinapa llevaron a cabo contra el Campo Militar N° 1, constituyó una provocación al Instituto armado.
Bien a bien, aunque se haya tratado de la conmemoración del octavo aniversario de la desaparición de los 43, este lunes 26 precisamente, no había necesidad de acometer la protesta contra el Ejército.
¡Fue el Ejército!, era el grito consigna que lanzaban los normalistas llegados de Iguala en 3 elegantes autobuses de turismo, al tiempo que lanzaban piedras contra los policías y soldados que inútilmente trataban de impedir que los muros fueran pintarrajeados por los jóvenes estudiantes.
Tampoco impidieron las lluvias de piedras y los cohetones. Apareció la resortera como arma de los manifestantes, algo así como la sonda bíblica con la cual David mató al gigantón Goliat. El saldo fue de 39 policías y soldados lesionados.
El origen de la agresión al cuartel principal de los militares, fue el informe del subsecretario Alejandro Encinas, el intento de desdibujar la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam sobre los hechos de la desaparición de “los 43”.
Ahora hay un enfrentamiento entre la verdad histórica y la verdad incómoda, esta última involucrando a altos mandos del Ejército.
La “verdad incómoda” contenida en el informe de la presidencia de la comisión para la verdad y el acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa de agosto del 2022, revela el salvajismo inconmensurable para matar y desaparecer los restos de los normalistas.
Las novedades de ese informe están basadas en el análisis de mensajes que se intercambiaron personajes claves en los hechos en las horas anteriores y posteriores a la desaparición de los estudiantes.
En dicho Informe se relata la participación directa de los policías y el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca con los grupos criminales y supone la aquiescencia de las autoridades federales.
En un segundo momento, la narrativa sugiere la participación directa de algunos miembros del Ejército mexicano para el ocultamiento de los cadáveres.
La presunta filtración del documento “sin testar” provocó ataques hacia la periodista Peniley Ramírez autora del artículo con el cual se dio a conocer el mencionado informe.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en tono de comprobación pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” de información del informe del Caso Ayotzinapa.
El responsable del Batallón de Infantería de Iguala en 2014 era el coronel José Rodríguez Pérez, quien fue mencionado el mes pasado por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.
Rodríguez Pérez se retiró como general brigadier y actualmente se encuentra preso, junto con otros tres militares.
Han pasado ocho años. Hace unas semanas, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública, donde está testada casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas, sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes.
El informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas aberrantes de aquel septiembre.
Durante años, la prensa y los activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación, sugiere nuevos sitios dónde buscar los restos.
La Comisión cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de sus restos al campo militar de Iguala, días, semanas y meses después de los asesinatos.
