EL OTRO DATO/ Carga de desastres a municipios

JUAN CHÁVEZ

Ya es tiempo de encontrarle el círculo al cuadrado financiero.

La expresión popular viene a cuento porque el amo y señor de Palacio, quiere endilgar a estados y municipios la carga económica de los desastres provocados por la naturaleza.

“Que se rasquen con sus uñas”, es la interpretación fiel de la iniciativa de ley que López Obrador acaba de meter a la Cámara de Diputados que está por discutir el Presupuesto Federal y la Ley de Ingresos que también sanciona el Senado, para el último año que le queda al Destroyer , y que concluirá el 30 de septiembre de 2024.

Me parece absurda la idea. ¿De dónde van a sacar fondos las autoridades menores  del país, si todos los dineros producidos por los trabajadores del país, los recauda, en impuestos, derechos y servicios el afamado SAT (Servicio de Administración Tributaria).

Empezando por el ISR, el barril sin fondo que es el SAT, se lleva, por ejemplo, de una persona que gana al mes 12 mil pesos, más de mil 500 del Impuesto sobre la Renta.

Luego, el trabajador con lo que le resta, le entra al toro impositivo costeando otros impuesto entre los cuales está el pinche IVA, de 16% en cada producto en que esté predeterminado, por ejemplo una camisa o un suéter para la esposa.

Sí esos impuestos finalmente  se quedaran en la población donde se originan, cabría dar luz verde a la locuaz iniciativa del caudillo autoritario aunque, adelantándonos, será convertida en ley por la mayoría que Morena controla en San Lázaro.

Pero no es así. La Federación se chupa la riqueza generada en la República y luego le da inequitativa y falaz distribución.

Los ingresos contemplados para 2024, no alcanzan para sostener el desperdigado  tren de gastos que el rey Lopitos  se apunta a ejercer de enero al 30 de septiembre de 2024. Y por eso, habrá un endeudamiento de dos millones de millones de pesos (dos billones).

Con un déficit de tal dimensión, concluirá la administración del Andresito de las obras inútiles: refinería Dos Bocas, Tren Maya y aeropuerto de Santa Lucía, que son su insignia.

Expertos califican la iniciativa de López Obrador como un proyecto «absurdo e inoperante».

La iniciativa contiene transferir a estados y municipios la obligación de asignar recursos para atender desastres, así como contratar seguros para cubrir los daños causados por un fenómeno natural extremo, que antes era responsabilidad del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

La propuesta establece que «las entidades federativas deberán prever recursos para atender a la población en estado de emergencia, para la reconstrucción de la infraestructura pública estatal afectada por la ocurrencia de una o más amenazas».

«Es obligación y responsabilidad de las entidades federativas la emisión y publicación de su instrumento jurídico para la atención de la emergencia», refiere la iniciativa.

La iniciativa conserva al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), como eje articulador de la política en la materia. Sin embargo elimina el consejo consultivo permanente de Protección Civil, previsto en la ley de 2012 e incluye a los titulares de las entidades de la administración pública federal en el Consejo Nacional de Protección Civil. Finalmente, abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.

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