EL OTRO DATO/ A la Corte, Fondo de Pensiones Bienestar

JUAN CHÁVEZ

Diputados de la alianza Fuerza y Corazón por México –PAN, PRI y PRD–, presentaron acción de inconstitucionalidad en contra del Fondo de Pensiones Bienestar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Urgieron a la Corte que actúe con prontitud para impedir el robo de 40 mil millones de pesos a los trabajadores, en sus afores.

Los legisladores opositores señalaron que están en espera de la publicación en el Diario Oficial de las leyes de Amnistía y del derecho de Amparo, para igualmente impugnarlas.

“Con este recurso legal se busca evitar que el gobierno se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, argumentaron.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados Jorge Romero, del PAN; Rubén Moreira, del PRI y Francisco Javier Huacus, del PRD, aseguraron esperar un procedimiento rápido.

Moreira destacó que debe llamar a sospecha que sólo se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en materia de pensiones, y no los referentes al derecho de amparo y la amnistía, también aprobados recientemente en el Congreso de la Unión.

“Estamos esperando a que publiquen las otras dos leyes para poderlas impugnar. Algo están pretendiendo hacer, pero como les urgía quedarse con el dinero de las Afores la tuvieron que publicar”, añadió.

Apuntó que el saqueo de las Afores se da de manera “increíble”, porque corresponde a que México está quebrado, ya que “los Pre criterios de la Secretaría de Hacienda, confirman que este año son 2 billones de pesos de déficit y anuncian que el año que entra este país va a requerir otro billón de pesos, si no cambiamos la realidad que estamos viviendo”.

(Un billón de pesos equivale a un millón de millones de pesos).

Con el Fondo de Pensiones Bienestar (los 40 mil millones sustraídos a las afores), el caudillo de Palacio pretendía levantarse el cuello y empezar a otorgar pensiones del 100% del último ingreso del trabajador que solicitara su jubilación.

El diputado Jorge Romero Herrera, subrayó que la acción de inconstitucionalidad se realizó con base en el artículo 14 de la Constitución Política y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan que nadie podrá ser privado de sus propiedades mediante un juicio.

Asimismo, refirió que el artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus posesiones, sino mediante actos de autoridad que fundamenten y motiven el procedimiento.

“A nadie se le notificó que retiraron su dinero” de las afores.

Argumentó además que en el artículo 22 constitucional se indica que, en México, está prohibida la confiscación de los bienes, y subrayó que en dicho “fondo público no especifican rendimientos y eso se llama un perjuicio”.

“Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que la Corte habrá de fallar no a favor de la oposición, sino de miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos”, articuló.

En su oportunidad, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que la oposición está defendiendo los derechos de los trabajadores en este país.

“Lo que hacemos al presentar esta acción de inconstitucionalidad es defender el patrimonio de las y los trabajadores, que les ha costado tanto trabajo a quienes en algún momento de sus vidas pudieron construir un patrimonio propio a través del esfuerzo y los años vertidos en un trabajo, y hoy desde el Gobierno Federal se les está queriendo robar”.

Consideró que la reforma es una acción autoritaria “por parte del gobierno, que no quiere reconocer esto que hoy se hace público, que el país se encuentra en bancarrota, y para tratar de sanarlo el partido oficialista le está prácticamente robando a las y los trabajadores”.

Moreira se pronunció en contra de la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque la iniciativa aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados no establece lo que el presidente informó públicamente.

No es procedente ninguna ley, robándole el dinero de sus ahorros a la gente que se fleta el lomo en su diario laboral.

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