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SAÚL ESCOBAR TOLEDO
SemMéxico, Chilpancingo, Guerrero. Hace cuarenta y cinco años, en 1979, el partido Conservador de la Gran Bretaña ganaba las elecciones. Margaret Thatcher asumía el cargo de primera ministra. Al celebrar su triunfo, la futura gobernante aseguró que “se había producido un cambio de marea en la sensibilidad política del pueblo británico. Habían renunciado al socialismo, el experimento de treinta años había fracasado plenamente, y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese cambio de marea era nuestro mandato…” La referencia al socialismo tenía que ver, más bien, con las políticas públicas que habían dominado en Inglaterra y buena parte de Europa (y a su modo en Estados Unidos) a partir de la posguerra, y que dieron lugar a lo que se llamó el Estado Benefactor (Welfare State), protegiendo al trabajador con seguro del desempleo, salarios reales al alza, prestaciones diversas, y salud y educación públicas. Junto a ello, un poder sindical que se manifestaba tanto en el control de los contratos en los centros de trabajo como en su influencia en las políticas gubernamentales.
El cambio de gobierno en el Reino Unido no se limitó a una alternancia en el poder entre dos partidos: fue, en realidad, el inicio de las políticas neoliberales que en los años siguientes se aplicarían en casi todo el mundo, incluyendo los países en desarrollo y particularmente en América Latina. Una parte sustancial de estas políticas consistió en la desregulación de las relaciones laborales, debilitando la contratación colectiva, imponiendo contratos inseguros, por tiempo determinado y de manera individual, y restando poder de negociación a los sindicatos, lo que llevó a rebajas de los salarios reales y la pérdida de prestaciones.
En los años recientes, sin embargo, hay indicios de un nuevo “cambio de marea” en materia laboral. Un documento publicado por Fundar, un centro de estudios argentino, elaborado por Etchemendy, Ottaviano y Vezzato, disponible en www.fuind.ar, asegura que en cinco naciones: España, México, Chile Estados Unidos y Colombia, se han propuesto diversas reformas y políticas que van en sentido contrario a las que dominaron los últimos lustros. Se proponen fomentar la generación de empleo de calidad, fortalecer las protecciones laborales, a los sindicatos y la negociación contractual. Algunas, particularmente en el caso de Colombia, están discutiéndose en el parlamento, pero otras ya se han aplicado con éxito. Además, se ocupan de nuevos problemas como los derechos de los trabajadores de plataformas digitales.
En los cinco países considerados han ocurrido incrementos salariales de los mínimos legales; en España, México, Colombia y Estados Unidos se ha buscado proteger al personal subcontratado y fortalecer la negociación de los sindicatos. Destaca el caso de España que, en 2021, aprobó una reforma laboral para limitar los contratos temporales; así, el número de empleados que laboran bajo esta modalidad se redujo de 24 al 17 % del total; adicionalmente, se logró un aumento de los mínimos de 30% entre 2019 y 2023. En Chile, el año pasado se aprobó una reducción de la jornada laboral y un “reajuste” del salario mínimo. En Estados Unidos la aprobación de la PRO Act protege los derechos a la sindicalización y fortalece la contratación colectiva; también se aumentó el salario mínimo de los empleados federales aunque no de aquellos que laboran en empresas privadas; asimismo la Ley FLSA que regirá a partir de abril de este año, 2024, establece nuevos criterios para determinar si se trata de un trabajador asalariado o independiente, lo que permitirá ampliar los derechos de muchos trabajadores y regulará mejor la subcontratación. El estudio resalta las reformas laborales en México, destacando los aumentos al salario mínimo, los cambios a la LFT que propusieron un nuevo sistema de justicia laboral, impulsar la democracia, la libertad sindical y la negociación colectiva, e impedir la subcontratación disfrazada.
En fin, dice el estudio, las tendencias más importantes de las corrientes reguladoras contemporáneas se ubican en el terreno de la negociación colectiva, incluyendo los salarios, la estabilidad en el empleo, el fortalecimiento de los sindicatos, y nuevos derechos individuales para los asalariados.
En lo que se refiere a México, las reformas laborales han sido impulsadas no sólo por actores nacionales, el gobierno y las organizaciones sindicales, también por los acuerdos del T-MEC con Estados Unidos y Canadá, lo cual podría verse como parte de una tendencia mundial de mejoramiento de las relaciones laborales. De la misma manera, la aprobación en Alemania de la Ley Federal sobre Debida Diligencia Corporativa en la Cadenas de Suministro (LkSG) que entró en vigor en 2023, obliga a las empresas de ese país a que evalúen y tomen las medidas adecuadas para prevenir riesgos de violación de los derechos humanos, particularmente en el ámbito laboral y ambiental. Esta ley aplica en el territorio alemán, pero ha propiciado la implementación de un plan piloto con un Mecanismo de Reclamación de Derechos Humanos para la industria automotriz alemana en México, el cual pronto se pondrá en práctica. De manera similar al T-MEC, las empresas alemanas y sus proveedoras podrán ser sujetas de reclamaciones por violaciones a los derechos laborales, según información proporcionada por la Fundación Ebert de México y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (giz).
Por otro lado, la solidaridad sindical parece, igualmente, tomar nuevos aires: de acuerdo con una información publicado en el periódico El Economista, “el sindicato estadounidense United Auto Workers (UAW) informó hace unos días que aprobó la creación de un nuevo proyecto solidario para apoyar a los trabajadores automotrices en México en su lucha por lograr mejores condiciones laborales. La UAW, que representa a alrededor de 400 mil obreros afirmó en un comunicado que “El proyecto proporcionará recursos a los trabajadores mexicanos y a los sindicatos independientes en México, y apunta a fortalecer la solidaridad transfronteriza entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos»
Recordemos que la UAW estalló una huelga que abarcó varias plantas de producción de Estados Unidos pertenecientes a General Motors, Ford, y Stellantis. Su duración fue distinta en cada una de estas empresas, pero en conjunto duró mes y medio, del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2023. Terminó con importantes logros para los trabajadores. En el caso de México, los obreros de la empresa automotriz Audi también se fueron a la huelga este año, y tras 25 días de huelga lograron un aumento de 7.2% directo al salario y 3.2% en prestaciones.
Las reformas laborales nacionales, un marco internacional más sensible a la problemática de los derechos de los trabajadores, y un mayor activismo de los sindicatos, incluso con muestras de solidaridad internacional, pueden tomarse como indicios de un cambio de marea, ahora en un sentido contrario a las políticas que surgieron con el mandato de Thatcher hace más de cuarenta años.
Son los primeros pasos hacia un nuevo esquema de políticas públicas que, sin embargo, no están plenamente asentadas. Las tensiones geopolíticas y los riesgos económicos que enfrenta el mundo, así como la posibilidad de cambios políticos bruscos en algunos países como Estados Unidos, no permiten asegurar que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa caracterizada por una prosperidad compartida que ponga en el centro los derechos laborales.
No obstante, tampoco puede decirse que todo sigue igual. Una larga y tortuosa transición está ocurriendo. Por lo pronto, parece claro que aún hay espacio para nuevas reformas legales que protejan a los trabajadores. Sin embargo, puede ocurrir que lo alcanzado se revierta o no alcance a transformar, en los hechos, la situación de la mayoría de los asalariados. Por ello, la acción sindical tendrá que ser un actor fundamental en los próximos años, después de varias décadas de repliegue.
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