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>> Contempla sancionar participación coordinada de dos o más funcionarios públicos y/o particulares en actos u omisiones
>> El dictamen avalado por unanimidad se remitió al Senado
Ciudad de México, 16 de marzo (entresemana.mx). La Cámara de Diputados aprobó con el consenso de 445 votos, el dictamen que precisa que cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponga sanciones a los servidores públicos derivadas de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, se debe considerar si hubo participación coordinada de dos o más funcionarios públicos y/o particulares en actos u omisiones.
El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que adiciona una fracción VII al artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se remitió al Senado de la República para efectos constitucionales.
Menciona que la finalidad es inhibir y combatir formas “asociativas” entre servidores públicos o entre éstos y los particulares para violar la ley, persiguiendo un fin de enriquecimiento o de beneficio entre los presuntos infractores.
Añade que el hecho de que el servidor público establezca nexos con otro servidor público o con particulares para perseguir un fin particular, rompe con la finalidad de que prevalezca ese equilibrio entre los beneficios de la sociedad y los del individuo.
Inhibir la existencia de redes de corrupción
El diputado Juan Ángel Bautista Bravo (Morena) expresó que la corrupción es un flagelo que afecta a México, pese a los esfuerzos que se hacen para erradicarla. “El cáncer de la corrupción constituye un complejo fenómeno que penetra a las instituciones públicas, se desdobla en diferentes delitos, inhibe el desarrollo nacional, disminuye la confianza en la sociedad e impacta negativamente en la democracia”.
Añadió que corrupción ahuyenta las inversiones, genera pobreza y ensancha la brecha de la desigualdad, al quitarle al pueblo todas las oportunidades de bienestar; por ello, “esta Cámara de Diputados debe actuar en consecuencia, ya que fortalecer la cultura de la legalidad y las políticas de anticorrupción es una tarea que se debe asumir con responsabilidad”.
El dictamen, dijo, busca contribuir a la consolidación de un nuevo régimen en la que la corrupción se combata sin tregua y desde la raíz en todos los espacios públicos. La ley no cuenta con preceptos normativos que permitan inhibir la existencia de redes de corrupción en las que participen las y los servidores públicos para su beneficio personal y patrimonial.
