ANÁLISIS A FONDO/ Constitución para los ricos de Creel

>> Para los panistas, una carta magna escudo contra los pobres

>> Manifestación VS las prácticas comerciales abusivas de GILEAD

FRANCISCO GÓMEZ MAZA. Querétaro: las voces discordantes, contradictorias, irreconciliables: la voz dogmática de la derecha, la voz contaminada ideológicamente de la representación del poder judicial, la voz irredenta de la izquierda.

La ocasión: la celebración del 106 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un texto mandatorio para los mexicanos, ideado por constituyentes progresistas, nacionalistas, revolucionarios, que ahora la derecha pretende distorsionar, como lo intentó hacer el panista porfirista, Santiago Creel Miranda, abogado de las clases más retardatarias de la sociedad, y que ahora pretende ser el candidato de la derecha albiceleste, priista-perredista, a la presidencia de la república.

En su calidad de presidente de la Cámara de Diputados, tendría que haber hablado en nombre de los 500 diputados de distintas corrientes partidistas. Pero no resistió el afán de representar exclusivamente a su partido, el de Acción Nacional, y más de sus inspiraciones, el Yunque.

En su discurso, el iluso panista habló de todo, menos del contenido social de la Constitución; mucho menos del sentido justiciero de la distribución de la riqueza. Como que la Constitución es para privilegiar a las clases dominantes, a las que él, su despacho, su partido político pertenecen Los pobres no existen.

Pero no logró su objetivo más que en dos o tres mentes retardatarias. La mayoría de los asistentes a la ceremonia de conmemoración de la promulgación constitucional, en el teatro De la República, lo escuchó por educación, pero con cierto enfado.

El discurso presidencial fue una pieza de la ortodoxia revolucionaria rescatada d manos del priismo derechizado, vergonzante, corrupto, que destacó los contenidos sabios del texto constitucional para beneficio social, para beneficio de las clases populares y trabajadoras. Pero el presidente de la república habló de lo que tenía que hablar como presidente. No podía quedar bien con nadie.

El panegírico del presidente del Senado, Alejandro Armenta, sí que se confrontó con el conservadurismo del panista, que habló de todo, menos del contenido social de la Constitución, y destacó el contenido anteponiendo de justicia de la Constitución: La distribución equitativa de la riqueza entre los mexicanos, de la cual no habló el panista obsesionado por una, ni siquiera segura, candidatura presidencial que lo llevaría a ningún lado, porque su partido, menos aliado con el PRI y un PRD inexistente, no sería votado por las mayorías que están obsesionadas con López Obrador y la Cuarta Transformación, representada o por Ricardo Monreal, o por Adán Augusto López Hernández, o por Marcelo Ebrard Casaubón, o por Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que, contrario al modo de la aristocracia política albiceleste, cuyos legisladores crean leyes para el beneficio de sus congéneres del club de los millonarios y de los clasemedieros aspiracionistas, para defenderlos de los pobres, de los trabajadores, de las clases sociales marginadas del desarrollo económico, los constitucionalistas las promulgaron y continúan enriqueciendo para beneficio de todos, sin anteponer la clase social, privilegiando obviamente a los pobres.

Y una ministra del Poder Judicial, precisamente presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, que escandalizó a los neófitos de la transformación porque no se puso de pie para honrar la presencia presidencial, como lo mandan los protocolos de la liturgia republicana jacobina, aunque su actitud irreverente gustó a López Obrador, porque ya los ritos no son como los de los tiempos neoliberales, cuando se imponía la presencia de los elegantes.

En fin, una celebración conmemorativa que rompió con las reglas. Que celebró el 106 aniversario de la promulgación de la Carta Magna que rige la conducta política, cívica de los mexicanos.

Contra las prácticas comerciales abusivas de los laboratorios GILEAD

Activistas, líderes sociales y aliados de AIDS Healthcare Foundation (AHF) en México se manifestaron frente a las oficinas de Gilead Sciences (GILD), con la demanda de frenar las prácticas comerciales abusivas de la farmacéutica quienes privan a millones de personas en el mundo del acceso a medicamentos que salvan vidas.

Una vez más, la organización más importante de respuesta al sida en el mundo: AHF, sale a las calles para llamar la atención de la opinión pública, líderes y mandatarios ante las prácticas inmorales a nivel comercial en el mercado de los medicamentos para VIH, hepatitis y COVID-19, por la farmacéutica Gilead Sciences.

José Antonio Matus Regules, manager de Advocacy de AHF México enfatizó que “Gilead está obligada a rendir cuentas de sus precios injustificadamente exorbitantes que aplican en medicamentos indispensables para salvar vidas, lo que daña irreparablemente a personas en países de ingresos bajos y medios, para quienes acceder a tratamiento de VIH, COVID-19 y hepatitis es un lujo”.

Recordó que el salario mínimo promedio en México no supera los 6 mil pesos al mes, lo que imposibilita pagar un tratamiento para la Hepatitis C con Epclusa (Sofosbuvir) cuyo costo supera los 162 mil pesos por frasco, mientras el Vekluny lo consigues en 54 mil, el Biktarvy en 10,500 pesos por, Atripla 13,562, Truvada para VIH en 15,000 o Remdesivir en 44,179 pesos por tratamiento para COVID-19  en solo 6 dosis.

“Gilead Sciences es una compañía con sede en los Estados Unidos considerada entre las 15 biofarmacéuticas más grandes del mundo y es inmoral el monto de sus ganancias a costa de la vida de las personas, tenemos una larga historia en desafiar a las compañías farmacéuticas, incluida Gilead, por su codicia y por sacar provecho de las personas más vulnerables y enfermas del mundo», dijo Patricia Campos, Jefa de la Oficina de América Latina y el Caribe de AHF.

Tan solo en 2021, generó más de 27 mil millones de dólares en ingresos, de los cuales pagó bonos a su CEO Daniel P. O’Day por más de USD 19 millones. Gilead fija los precios de sus medicamentos contra el VIH y la hepatitis C fuera del alcance de las personas, incluso, se niega a registrar algunos medicamentos en países en desarrollo y bloquea los intentos por introducir versiones genéricas accesibles de sus fórmulas.

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