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Ciudad de México, 18 de agosto (entresemana.mx). Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública (SFP), informó que han sido presentadas 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto daño patrimonial de nueve mil 500 millones de pesos a Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Precisó que la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020 promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones (SFP y ASF) ascienden a nueve mil 500 millones”, refirió.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Salcedo Aquino detalló que estas denuncias se encuentran en etapa de investigación con miras a su judicialización.
Detalló que principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”.
“La SFP practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos“, explicó.
Señaló que para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando, en el presente año, diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios”.
Con la información actualizada, a la fecha se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la propia FGR, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, puntualizó el funcionario.
El titular de la Función Pública informó que a la fecha hay un servidor público vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos, sin respetar la normativa vigente.
El capital ya fue recuperado en su totalidad, los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados», afirmó.
Asimismo, Salcedo Aquino indicó que a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la integración de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.
