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Un abogado de la nación desautorizado
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). Una de las grandes batallas que se siguen librando en el propósito de defender los avances en la construcción de un orden legal pleno en el país, ha tenido hoy un muy buen desenlace: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determina la cancelación de la orden de aprehensión contra Laura Morán, y decide la liberación de Alejandra Cuevas, ambas perseguidas con saña y crueldad por el todavía fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La decisión, tomada por unanimidad de sus 11 integrantes, constituye la más radical desautorización del abogado de la nación: es una derrota jurídica, política, ética y moral, que exige su inmediata dimisión del cargo que viene ocupando desde hace unos tres años. Ha quedado demostrado que utilizó el cargo para buscar venganzas personales; que actuó con una ética en el ejercicio de la función pública que dañó, precisamente el valor de lo público, y prohijó conductas propias de un ejercicio autoritario del poder político, en este caso contra ciudadanas indefensas, que constituyen una regresión en la construcción de un orden democrático moderno.
La lucha por el establecimiento del Estado de derecho, por la vigencia plena del imperio de la ley, ha sido uno de los rasgos distintivos de las batallas democratizadoras libradas en los años de la transición democrática. Ha habido avances notables, pero también enormes resistencias. La cultura de la legalidad ha enfrentado los intereses largamente sedimentados de los grupos de presión, de las prácticas patrimonialistas que siguen considerando los asuntos públicos como una extensión de los asuntos privados, y de grupos y corrientes especializados desde hace décadas en la captura del Estado.
El modelo de control social recíproco, esto es, el modelo de la división horizontal de poderes, pese a resistencias, sigue ganando terreno, y esa es una muy buena noticia para todos los demócratas. Era dable pensar en una subordinación del poder judicial a un enorme poder como el concentrado por el fiscal general luego de conocerse el contenido de las llamadas telefónicas filtradas, y al aval explicito del presidente a la honestidad de Gertz Manero. Afortunadamente, la Suprema Corte dio un ejemplo de autonomía e independencia, que debe ser aliento para defender y preservar lo que debe seguir siendo un valladar contra toda forma de conducción autoritaria de la vida pública nacional.
La Suprema Corte y la reducción temporal de las puertas giratorias
Esta muestra de autonomía e independencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar palo a Gertz Manero, tendrá otra oportunidad de reafirmarse en los próximos días, cuando el pleno discuta –y muy probablemente rechace— la Ley aprobada en 2019 y que prohíbe a funcionarios públicos prestar sus servicios en el sector privado sino hasta después de transcurrido un periodo de 10 años. Es un tema sin duda muy interesante, y que en las sociedades democráticas, abiertas y pluralistas, tiene un tratamiento distinto. El horizonte temporal es diverso, y hay sociedades en las que la prohibición es de hasta cinco años, y otras en las que es de solo dos años. En México así, lo era, dos años, pero la llegada al poder de morena significó redefinir el horizonte temporal de la prohibición hasta una década, lo que sin ninguna duda, significa violentar el derecho humano al trabajo.
Este salto del servicio en el sector público al sector privado –en el caso, por supuesto, de los altos funcionarios— o viceversa, es conocido en todas las latitudes como el fenómeno de las puertas giratorias, y “designa de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público”.
Es cierto que la ausencia de una legislación racional en la materia ha dado lugar a despropósitos y actos impresentables. Muchos funcionarios de muy alto nivel en la administración pública electos o por designación, de la noche a la mañana aparecen vinculados a empresas privadas como asesores o miembros de sus consejos de administración sin rubor alguno. Ahí están los casos de funcionarios que son miembros de los consejos de empresas eléctricas o ferrocarrileras, recompensados por éstas con toda certeza por sus buenos oficios durante el ejercicio de la función pública.
Bueno, el caso es que el tema será abordado por la SCJN la próxima semana, el 4 de abril. La prohibición de marras está contenida en la Ley de Austeridad Republicana, que ya ha sido recusada por algún ex funcionario resolviéndose a su favor, a través del llamado juicio de garantías, pero que puede y debe hacerse extensivo a todo aquel funcionario que haya estado en la función pública. Seguramente la revisión de la Ley restablecerá que el periodo en el que un alto funcionario no pueda laborar en el sector privado no sea mayor de dos años, como ocurre en la mayor parte de los países con regímenes democráticos.
Y la SCJN resolverá también sobre la planta de fertilizantes
Y ya que estamos con la SCJN añadamos un tema más: el 6 de abril discutirá sobre los recursos interpuestos contra la planta de fertilizantes que desde hace años empezó a construirse por inversionistas extranjeros en la Bahía de Ohuira, Topolobampo. Ha sido un asunto complejo, que una consulta realizada hace unos meses, a mi juicio mal llevada, y que ganó ampliamente la posición a favor de que continúe una inversión programada que alcanza los cinco mil millones de dólares en un horizonte temporal de un década, no logró resolver.
Si la Corte decide en favor de quienes interpusieron los recursos contra la planta, se habrá cancelado el más importante proyecto de inversión para Sinaloa en esta administración; si decide en favor de quienes quieren que la planta se construya, el proyecto recibirá un formidable impulso y creará un polo de desarrollo regional que mucho necesita la entidad para crecer a una tasa que supere el mediocre dos por ciento promedio de las últimas tres décadas.
Claro que estos no son temas que interesen a la Corte. Ellos decidirán en apego a la legalidad, como creo que lo hicieron en el caso que involucró al fiscal general de la República, y como creo que resolverá en el caso de las puertas giratorias para funcionarios electos o por designación en México.