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Nueva versión de la lucha contra Miramón y Mejía
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). Estamos viviendo un momento muy peligroso en la vida política del país. El espacio público, donde los diversos actores se reconocen en su diversidad, empieza a reducirse de manera drástica. El diálogo pierde presencia y la conversación colectiva, por su magnitud y extensión, se reduce de manera considerable. Lo que tenemos a la vista es un empobrecimiento del debate o, peor aún, una persecución, un linchamiento de quienes expresan las voces del disenso. Pocas veces, si no es que ninguna en las últimas cuatro décadas, desde la primera reforma electoral que abrió sus compuertas a las oposiciones para integrarlas a la vida democrática, habían peligrado tanta el régimen de libertades que en este periodo entre todos hemos ido construyendo los mexicanos.
No sabría precisar con certeza cuándo se torció el asunto. Pero diría que en el momento en que el presidente de la cámara baja interpuso una denuncia penal contra miembros del Instituto Nacional Electoral (INE), un órgano con autonomía constitucional, un órgano de Estado, no una organización no gubernamental, el país entró en una deriva autoritaria y poco o nada se ha hecho desde las propias instituciones, por impedir que esta regresión en la vida democrática adquiera su propia dinámica. Un diferendo entre dos órganos de Estado se quiere entonces zanjar –castigar, más bien—con cárcel. La respuesta no podía ser más que una firme defensa de la institucionalidad democrática: en un estado democrático de derecho, el disenso no se persigue por la vía penal. Diría más todavía: que el disenso no persigue por ninguna vía; se incorpora a la vida pública como parte sustancial de la democracia, pues es la contraparte del consenso. Bueno, eso al menos es lo que diría cualquier demócrata.
Ahora, esta misma semana, hubo una nueva y más ominosa señal de que la deriva autoritaria puede extenderse de manera acelerada. Los senadores del partido gobernante, que se supone son políticos profesionales con más rigor y profesionalismo, formados en las luchas democráticas y que saben que la persecución de la disidencia termina por instaurar un orden represivo, dieron una muy grave muestra de que el autoritarismo se empieza a enseñorear entre nosotros. Resulta que en defensa del presidente López Obrador aprobaron y dieron lectura a una declaración que cualquier régimen de mano dura la aplaudiría sin reservas. Es en verdad una joya de la política moderna la que uno de los senadores leyó mientras el resto de sus colegas, con una actitud hierática, en posición de auténticos héroes de la patria, se sentían como el último valladar en la defensa de la dignidad, la integridad moral y espiritual del pueblo mexicano.
Quisiera pensar que fue el desaseo de la redacción de la proclama incendiaria de los senadores, y no que ese es su verdadero pensamiento. Si fuese lo primero es imperdonable entre los miembros de la cámara alta, y si es lo segundo, es de una gravedad extrema, que debe llamar nuestra atención y entender que ahora sí, como nunca antes, está en grave riesgo las conquistas democráticas de estos años. Veamos algunas de las parrafadas que nos avientan los representantes del pacto federal:
1.- Ya no hay adversarios; ahora son enemigos. La dicotomía amigo-enemigo, que hizo tan popular uno de los ideólogos del nazismo, Carl Schmitt, vuelve por sus fueros. En la lógica entre contrarios, ya no impera la razón política, que supone un reconocimiento recíproco de los actores. Ahora se impone una lógica de guerra, en la que el adversario desaparece para convertirse en un enemigo, y como en toda lógica de guerra, al enemigo hay que destruirlo, exterminarlo. Con ese discurso van los senadores al encuentro de futuro: “Los enemigos no son sólo opositores a los principios democráticos y populares que encabeza el Ejecutivo, sino opositores a México y a todos los ciudadanos que buscan la justicia y la igualdad social”. Es la lógica de buenos y malos, de blanco y negro, que no admite matices ni reconoce la existencia de una zona de grises.
2.- Los enemigos son traidores a la patria. “Los que se oponen al Presidente de México, no son más que un puñado de mercenarios que, al ver privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son unos traidores a la Nación, a la Patria y al pueblo”.
3.- Un exacerbado culto a la personalidad. Enemigos, traidores a la patria, mercenarios, ese es el lenguaje de sus señorías. Claro, todos estos calificativos porque se oponen al presidente de México, quien, para los senadores encarna, simboliza y personifica al pueblo, a la nación y a la patria. Como ello no puede ser permisible, hay que denunciarlos, perseguirlo y exhibirlos en la plaza pública, cual si fuesen unos vulgares Miramón y Mejía.
Para que nos entendamos: con ese lenguaje, que también hace recordar las peores persecuciones macartistas de los años 50 en los Estados Unidos, ¿alguien puede creer que sea posible el entendimiento, el diálogo, el acercamiento de posiciones en un ejercicio de aproximaciones sucesivas? Bastante difícil, creo. Este lenguaje de la intolerancia debe merecer un amplio rechazo. Es intolerable que después de varias décadas de lucha por la democratización de nuestra vida pública, sigan imperando en las relaciones entre los actores políticos ese tufillo autoritario, ese lenguaje endurecido que excluye, que cancela posibilidades del diálogo y lastima nuestra convivencia.