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¿A dónde conduce el conflicto entre el alcalde y diputados de morena?
CÉSAR VELÁZQUEZ ROBLES (Sinaloa). No puedo menos que estar totalmente de acuerdo con el texto de Ana Luz Ruelas publicado el pasado sábado en el diario El Debate, a propósito del sainete que han venido escenificando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y un grupo de diputados, muy dados a la reyerta, el choque y la confrontación, como lo han demostrado desde la pasada legislatura. Como habrá de recordarse, la pasada legislatura (2018-2021), la primera con mayoría de morena, quiso hacer valer su “compromiso con el pueblo” y demostrar que el nuevo poder político descansaba en la representación popular, rechazando la actualización de las tablas catastrales, frente a la exigencia o demanda del alcalde de que el Congreso debía autorizar aumentos conforme el índice inflacionario. Fue una disputa agria, en que las partes se cruzaron descalificaciones hasta el hartazgo, pero se impuso esa nueva mayoría: ni un solo cinco de aumento a las tablas, cero actualizaciones, y el municipio a rascarse con sus uñas. El choque venía de tiempo atrás, desde que se distribuyeron las candidaturas a todos los cargos de elección popular mediante los “democráticos” métodos de encuestas unidigitales o de tómbolas. Siempre visto como priista, el alcalde charoleó con el cuento de su estrecha amistad y cercanía con López Obrador, y los diputados locales. No solo llevó el tema ante el presidente, sino que lo llevó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y saben qué? La SCJN resolvió en su momento en favor de la posición del alcalde. Los diputados debieron haber actualizado las tablas catastrales al momento de aprobar los presupuestos de los 18 gobiernos locales.
Fue un triunfo político, jurídico y moral del alcalde de Culiacán frente a los diputados de morena, y frente a quienes desde el Congreso federal los apoyaron. Tercos como una mula, los diputados locales de nuevo, al aprobar los presupuestos de los gobiernos locales para 2022, decidieron no actualizar las tablas conforme al índice de inflación, como lo demandaban varios alcaldes, entre ellos Estrada Ferreiro. El munícipe irá de nuevo a tribunales y, ¿saben qué? Les volverá a ganar. Será un nuevo triunfo para el alcalde. Ya les ha dicho a los diputados hasta de lo que se van a morir, y ha recurrido a un muy florido lenguaje, con que lo único conseguido es la degradación de la política, haciendo que un triunfo relevante se diluya en la intrascendencia administrativa.
Bueno, pero volviendo a lo que escribe Ana Luz: dice que el Congreso morenista de Sinaloa no es más que “una camarilla de aventureros incapaces de actualizar las ideas y diagnósticos de los problemas para delinear nuevas políticas públicas. Comete “enormes burradas”, como “la resistencia de los lopezobradoristas para actualizar los ingresos municipales por predial para 2022 al nivel de la inflación, que en 2021 superó el 7 por ciento”, lo que “castiga directamente a las finanzas de los cabildos y sus capacidades para resolver múltiples problemas de servicios públicos”. No actualizarlo, en efecto, favorece a los que más tienen, y peor aún, la absurda política “quedabien” de establecer descuentos a los adultos mayores, solo lleva a crecientes dificultades de los gobiernos locales para atender una adecuada provisión de bienes y servicios públicos, incapacitados estructuralmente para atender la sobrecarga de demanda social. La “balconeada” del alcalde a los diputados Serapio Vargas y Luis Javier de la Rocha, deudores inveterados del predial, solo demuestra este nivel de descomposición moral con que se defiende una política absurda que solo busca llevar agua a su molino clientelar y electoral.
El conflicto entre el alcalde de Culiacán y un grupo de diputados morenistas tiende a escalar. Al tema se ha referido Alejandro Sicairos en su columna Observatorio, publicada en el diario Noroeste del pasado viernes. Hay un frente, Todos Unidos contra Estrada Ferreiro (TUCEF), en el que participan diversas fuerzas, entre ellas un bloque de diputados morenistas, de modo destacado Pedro Lobo y Serapio Vargas, que quieren llevar el choque hasta demandar su destitución y juicio político. Si hubiese un mínimo de decencia política, al menos el primero debería partir del reconocimiento de la derrota jurídica que les impuso el alcalde en el máximo tribunal, esperar a una eventual nueva resolución que, sin duda, seguirá el mismo cauce que la anterior, y luego ya plantear sus reclamos y estrategias. Ahí se tendrían tela de dónde cortar, ya que hay otros grupos y corrientes desafectas al alcalde, algunas de ellas con actitudes que lindan con la provocación y la violencia, y que formarían parte de este frente.
De acuerdo con Sicairos, otro grupo relevante sería el constituido por jubilados y pensionados a los que el alcalde ha cancelado el descuento del 50 por ciento en el consumo de agua potable y el pago del predial, un derecho, el primero, –recuerda el columnista—“que desde hace años está consagrado en la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa”. De este beneficio pensado para los pobres, hay muchos gorrones. Ese es el problema con esta política pública, que no puede ser pensada para todos de modo indiscriminado, y si se quiere que realmente dé los resultados deseados, debe ser focalizada. Me parece que eso es lo que ha planteado el alcalde, lo que ocurre es que su estilo atrabiliario e intolerante, poco o nada le ayuda en el propósito de explicar y socializar una estrategia de esta naturaleza. Bien lo dice Ana Luz: “Se han establecido becas universales para adultos mayores que también se pretende que no paguen predial. Pero no todos son menesterosos. ¿Usted cree que los jubilados del SNTE, el IMSS, la UAS, no pueden pagar predial? Muchos de ellos tienen pensión del bienestar además de doble jubilación”.
Finalmente, hay otro frente en el que están viudas de policías, comerciantes, activistas sociales, abogados, locatarios, regidores, maestros, trabajadores, pepenadores, etcétera, que también tienen algo que sentir por las acciones de la administración municipal actual.
Es comprensible y explicable el frente abierto por el alcalde en el caso de los diputados morenistas. Ese conflicto se alimenta de un estilo intolerante de hacer política de uno y otros. En esas condiciones, resulta muy difícil acercar posiciones, recurrir al diálogo o buscar formas de entendimiento que posibiliten un acuerdo mínimo que permita llevar la controversia en forma más o menos civilizada.
En los otros casos, que no son disputas con poderes institucionales, resulta totalmente incomprensible el trato del poder público local para con grupos ciudadanos, sobre todo los usuarios de los servicios públicos. El alcalde debe entender que la sobre carga de demanda social de la vida municipal, requiere de un liderazgo capaz de gestionar con eficiencia las interdependencias que se establecen entre la diversidad y multiplicidad de actores de la vida pública. No entiende que el papel, la función del líder es sentar a la mesa a todos y cada uno de los actores que son factores reales de poder, para negociar y acordar un programa, un plan, un proyecto, una estrategia compartida.
En su lugar, lo que hace es confrontarlos. Tratar de dar marcha atrás a “conquistas” como los descuentos en agua y predial, que son insostenibles para el desarrollo local, porque, además, una parte de las participaciones federales están en función del volumen de su captación y eficacia tributaria. El alcalde debe entender que el liderazgo está en función de los argumentos, de las razones de sus decisiones. Si no lo hace, si quiere recurrir al argumento de la fuerza, no tiene perspectiva.