SINGLADURA/ Oportunidad y futuro

ROBERTO CIENFUEGOS J. Con un telón de fondo económico nacional que da escalofrío, y sin que todavía pueda visualizarse el fin de la pandemia por el coronavirus -que según expertos llegó para quedarse aun cuando pudiera devenir en un problema sanitario menos grave pero permanente- el gobierno prevé intensificar su campaña a favor de la reforma eléctrica.

El presidente López Obrador acaba de anunciar que una vez terminado el parlamento abierto sobre la reforma en el Congreso de la Unión, algo que se prevé ocurra a mediados del mes próximo, él y funcionarios de su gobierno iniciarán una gira nacional para convencer a los mexicanos de las bondades de la reforma.

Así y pese incluso a las advertencias hechas recientemente por la titular de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en su visita a México, sobre las diferencias que hay entre ambos gobiernos en torno a la reforma eléctrica planteada y al riesgo para los inversionistas que temen pérdidas por unos 44 mil millones de dólares en el sector, la idea de la reforma sigue viento en popa. Al diablo con quienes la adversan, es la postura oficial. Dijo que el gobierno a su cargo también quiere informar.

Ayer, José Romualdo Hernández, coordinador de proyectos de inversión y vinculación de CFE, planteó como parte de la reforma eléctrica del gobierno, la posibilidad de otorgar subsidios, o una tarifa social, una vez que se imponga orden en el sector. ¿Subsidios? México viene de esa zona, con resultados de sobra conocidos. Constituyen alivios económicos a amplios sectores sociales o poblacionales, pero a mediano y largo plazo, resultan peor remedio porque se hacen insostenibles. Lo sabemos. Al final, siempre rebota, con efectos económicos mucho peores que aquellos que pudieran aliviarse por n tiempo determinado. Son políticas insostenibles.

Romualdo Hernández lo puso en claro: “El esquema tarifario que está, efectivamente nos ha generado distintas problemáticas en diversas partes del país, algunos bajo el argumento del clima, otros por el nivel de consumo, está el borrón y cuenta nueva en Tabasco, entonces, efectivamente es un reclamo constante de la ciudadanía, y una respuesta concreta sería una planeación hacia futuro de una tarifa social, no lo descarto”.

Los subsidios, aunque pudieran resultar socialmente útiles por un tiempo, terminan por estallar, con consecuencias también sociales, mucho peores. Pan para hoy, hambre para mañana. Ninguna novedad en el planteamiento y si, retrocesos peligrosos para un futuro inviable ante la falta de ingenio para atender problemas complejos, y cuyas soluciones requieren claro mucho talento.

Hace apenas una semana, senadores demócratas en Estados Unidos escribieron al presidente Joe Biden para pedirle que actúe e impida la reforma eléctrica en México. Argumentaron que de aprobarse, peligrarían inversiones privadas por unos 44 mil millones de dólares, el equivalente casi a los 50 mil millones de dólares que México espera recibir este año por remesas. De ese tamaño, el impacto que temen los miembros de la Cámara Alta estadunidense con la reforma en ciernes.

Añada a esto, que la reforma prevé la eliminación de permisos, contratos y certificados de energía renovables, además de que se cancelarían los órganos reguladores de energía. Al diablo con todo eso.

Más todavía, la firma estadounidense JP Morgan también advirtió que si la iniciativa supera el retén del congreso, se pondría en riesgo la economía de México al «desencadenarse rebajas a la calificación soberana de México», que ya está en «perspectiva negativa». ¿Si? Pues al diablo también con eso.

Hay que sumar a este escenario, las alertas contenidas en el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, que dirige la mexicana Alicia Bárcena, quien en un futuro cercano asumirá la titularidad del Instituto Matías Romero, forjador de los diplomáticos del país, según un reciente anuncio hecho por el presidente López Obrador.

El informe de la CEPAL, en el segundo año de la pandemia de la covid-19, hace ver la acentuación de la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar a 86 millones de personas, cinco millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años.

Según el organismo, la recuperación económica de 2021 ha sido insuficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria.

Consideró, sin embargo, que la pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social ante los años de menor crecimiento económico que se vienen para los países del área, México entre ellos.

Dijo que en caso de que no se mantengan los esfuerzos, “serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad».

Pero el nuevo pacto social no podrá forjarse con políticas que han demostrado una y otra vez su fracaso. Urge una nueva visión del Estado para aminorar estas brechas crecientes. No será con una vuelta al pasado como México podrá fortalecer las bases para sustentar su futuro.

Tal como lo dijo la secretaria Granholm: “Vemos una gran oportunidad en asociarnos con México para la energía limpia en adelante y hacer que América del Norte sea un área unificada hacia estos objetivos de la descarbonización, (pero) esperamos que las cuestiones con respecto a la reforma energética se puedan resolver para llegar a esta oportunidad”.

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