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ROBERTO CIENFUEGOS J. @RoCienfuegos1
La rápida respuesta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se destinen los 15 mil millones de pesos en ayuda a los damnificados y rescate de Guerrero tras el huracán “Otis”, podría ser una jugada maestra o de grandes ligas de la titular del poder judicial del país.
Esta es la segunda vez en menos de quince días que la titular del máximo tribunal constitucional de México plantea su disposición al diálogo. La primera vez que lo hizo fue al aceptar una invitación al Senado de la República para abrir un intercambio directo a fin de abordar los temas presupuestales y patrimoniales del poder judicial.
Recién el 23 de octubre pasado, la ministra presidenta suscribió un comunicado, donde expresó que “Para el Poder Judicial ha sido prioridad la búsqueda de un espacio para el diálogo institucional con el Poder Legislativo, concerniente a los temas presupuestales y patrimoniales que ahora nos ocupan, como en su momento se solicitó a la Cámara de Diputados (…)
Expuso su congratulación por la invitación para conocer “los planteamientos sobre la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al ser acordes con nuestra pretensión”.
En ese documento, Piña Hernández, solicitó al senador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán y a su par, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se comunicara a Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, la intención de realizar una presentación legal exhaustiva acerca de la cuestión de los fideicomisos ante los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado.
No obstante, el senador Ramírez, rechazó una reunión con la ministra presidente para hablar de la posible desaparición de los 13 de 14 fideicomisos.
Ese mismo 23 de octubre, Piña Hernández puso en claro que no había condiciones para el diálogo en el Senado.
Pero de nueva cuenta y tras la sorpresiva propuesta presidencial ayer miércoles en la matutina para que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del poder judicial fueran para apuntalar la ayuda en Guerrero tras el huracán “Otis”, la ministra presidenta respondió positivamente al reto del Ejecutivo, lo que podría aminorar las tensiones entre ambos poderes.
Piña Hernández dijo a López Obrador que se mantiene a la espera de conocer los canales institucionales a fin de fijar los términos del acuerdo sobre la reconstrucción de Guerrero.
Consideró que la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial “representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”.
Precisó que “Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.
Sobre la batalla legal iniciada por los 55.000 trabajadores del Poder Judicial para detener los efectos de la reforma no se dijo nada.
Piña Hernández recordó sin embargo que en el Poder Judicial están obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de la institución.
Esto, expuso, al margen de que, desde que inició este año, “mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere”.
La propuesta presidencial coincide con la intención de los partidos de oposición —PAN, PRI, PRD y MC— de interponer acciones de inconstitucionalidad y los amparos presentados por los trabajadores contra el decreto, aun cuando la Suprema Corte podría colocarse como juez y parte al resolver los recursos de inconstitucionalidad que se presenten contra la extinción de los fideicomisos.
López Obrador también propuso que los trabajadores judiciales se integren a un comité para vigilar el destino de los fondos.
¿Qué sigue? La respuesta claro de López Obrador.
Un examen inicial de la postura de Piña Hernández indicaría primero que nada, la defensa del Estado mexicano. También que los recursos de los fideicomisos no sean tomados de manera arbitraria y directa por el Jefe del Ejecutivo con la mansedumbre y/o complicidad del legislativo. Una lectura más es que se abriría un diálogo entre poderes, indispensable en todo momento en México. A esto se añadiría la protección de los trabajadores del Poder Judicial, tal y como precisa la propia ministra presidenta en su comunicado de ayer. Y por si fuera poco, este diálogo, de darse, podría impedir una rasurada presupuestal mayor en momentos en que el legislativo examina al presupuesto del 2024 con la instrucción presidencial de castigar los recursos asignados al poder judicial. Por lo pronto, la pelota y el bat también fueron puestos del lado del Ejecutivo. ¿Bateará o abanicará? Eso es muy probable que lo conozcamos este mismo miércoles.
@RoCienfuegos1
