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ROBERTO CIENFUEGOS J. (@RoCienfuegos1). Aun antes del discurso pronunciado el viernes pasado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, la expectativa nacional se dividió en torno al anuncio que haría sobre el plagio de la presunta abogada Yasmín Esquivel Mossa. Fiel al espíritu de los tiempos del país que se caracterizan por el cisma y la polarización alentados de manera cotidiana y con excelentes réditos para su principal autor y causa partidista desde el máximo poder político nacional, corrieron las apuestas entre quienes anticipaban que nada ocurriría y quienes daban por hecho o deseaban incluso una decisión contundente, con garrote y todo.
Pero ¡oh sorpresa! Ni lo uno ni lo otro ocurrió. El discurso del rector Graue fue preciso, crítico, y sobre todo uno que hizo ver la importancia del respeto a las leyes y normas universitarias. Haya gustado o no, el rector de la UNAM subrayó la esencia de la máxima casa de estudios de México; el espacio donde siempre “se ha fomentado la discusión de las ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas”. Es el lugar -ratificó Graue- “donde las y los universitarios nos expresamos libremente y de manera plural, vehemente y respetuosa” y también, dijo, “es el sitio donde debe prevalecer, en todo momento, la cultura de la legalidad y de la verdad”. Sólo estos dos últimos principios serían bastantes y sobrados para respaldar la actuación del Rector, más aún cuando el país está inmerso en un tobogán de ilegalidades y mentiras, perpetradas y propaladas prácticamente a diario, con un daño nacional que arruina a México y que nos coloca a los mexicanos en el umbral de un desastre material mayor, sino en un estado de ruina moral, ética y de absoluta irresponsabilidad.
No, el rector Graue no podía ni puede actuar al margen de la ley y mucho menos con el propósito de dar un garrotazo a quien y quienes se coludieron y siguen haciéndolo para justificar y consumar un delito, un hecho deleznable, amoral y contrario a la ética al incurrir en un plagio, mantener el engaño por tantos años, aspirar al máximo cargo del tribunal constitucional más alto del país, y encima pretender todo esto bajo el amparo del poder ejecutivo federal. Cinismo mayor pocas veces puede haberse visto en México y la UNAM. Peor aún porque se ha engañado al país con la prédica de un cambio que no se ve por ningún lado salvo para destruir y la argumentación del ejercicio del poder político anclado en la prédica diaria de una moralidad, ética y honestidad, sólo discursivas, pero absolutamente falsas.
No se puede ni se debe pedir al rector una actuación al margen de las normas y leyes vigentes de la UNAM. Tampoco puede llamarse a que castigue en el patíbulo a quien se deshonró así misma en primer lugar y por muchos años se ostentó como lo que no construyó e -insisto- pretendió alcanzar el pináculo de su carrera con falsedades y bajo el amparo de un poder avasallante y reacio a cumplir y hacer cumplir la ley conforme prometió al hacerse gobierno. No. La secular ausencia de la ley en México no puede constituirse en argumento eterno. Al contrario. Es preciso que la mayor parte de los mexicanos, al menos, cobremos conciencia del imperio de la ley para construir algún día un país con Estado de Derecho.
Graue censuró en su discurso la actuación de Esquivel Mossa, al hacer notar su falta de integridad académica, lo que es “inadmisible”, al grado -añadió- que “ha lastimado severamente a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes, académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito”.
Insistió en que el plagio de una tesis “no es cosa menor; es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico”.
Argumentó el Rector que con base en el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicitó “la opinión calificada” de la Oficina de la Abogacía General, a fin de saber si la normatividad universitaria vigente permite retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos, pero -expuso- “la opinión fue que la Universidad Nacional y sus autoridades carecen de facultades legales para ello”. Más aún, con esa opinión “coincidieron las personas titulares de las Direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas”.
Es claro que el Rector Graue no actúa y tampoco puede hacerlo jurídicamente, para complacer a quienes exigen sangre y chipote al menos para castigar un acto que degrada a su autora, -cada quien se honra como puede- pero que debe castigarse simple y llanamente con apego a las normas y procesos de ley, y no para complacer a quienes favorecen bribonadas o la “justicia” por propia mano. Hacerlo de esa forma, implicaría la barbarie del país y aún convalidar la actuación de grupos de poder y aún hordas convocadas por el instinto ciego o irracional y metalegal de cualquier liderzuelo que se sienta iluminado como ejemplos sobran en la historia.
Por ello, el rector Graue sujetó su actuación actual y futura, al “marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo ir más allá de lo que la normativa nos permite”.
Puso en claro además, que está consciente de que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios, están en entredicho; pero ratificó que “no por eso actuaremos en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios”.
Graue comprometió la convocatoria en breve del Comité Universitario de Ética que deriva de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y documentación del que se allegó el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso al que toda persona tiene derecho.
El enfoque del Rector, acompañado en la UNAM, es correcto, más aún cuando el país enfrenta un poder político avasallante, impositivo y que cada vez toma más distancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para imponer su ley en nombre de un cambio de régimen, sin que bien a bien sepamos lo que esto signifique.
