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CARLOS RAMOS PADILLA
Los privilegios de vivienda entre quienes dicen defender a los pobres ya resulta insultante. El primer escándalo fue durante un debate presidencial cuando le exhibieron al candidato López Obrador la propiedad de unos departamentos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, presentó una serie de documentos del Registro Público de la Propiedad, en los que acreditan que Andrés Manuel López Obrador es dueño, de al menos, dos departamentos en la Ciudad de México. De acuerdo con Meade Kuribreña, los documentos fueron solicitados ante la instancia correspondiente; por ello, exhortó al candidato tabasqueño a entregarlos en donación, tal como lo prometió en el primer debate presidencial. Dijo que él los donaría a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, aunque nunca aclaró de qué forma obtuvo los recursos. Se trataba de los inmuebles ubicados en la calle Odontología número 57, en la colonia Copilco Universidad, al sur de la ciudad. Estos no fueron reportados en la declaración 3 de 3 de López Obrador, presentada el 8 de octubre de 2016. Luego vendría el escándalo de la llamada “casa gris”. José Ramón López Beltrán, el hijo mayor, tiene su residencia particular en México en una casa en Coyoacán que es propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada, periódico que es uno de los 3 mayores contratistas publicitarios de la actual administración federal. Como sucedió con la llamada “Casa Gris”, residencia en Houston, que también está vinculada a un proveedor gubernamental, un alto ejecutivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. Viene entonces otro caso, la zacatecana Rocío Nahle, aspirante a la gubernatura de Veracruz por Morena, declaro por vez primera acerca del escándalo por habitar una casa valuada en más de 30 millones de pesos en un exclusivo fraccionamiento El Dorado en Boca del Río. Afirmó que esta propiedad es rentada sin aclarar de dónde proceden los dineros para poder ser la inquilina y menos aún que pertenece a su cónyuge. Durante el primer debate de aspirantes a gobernar la CDMX, Santiago Taboada desdibujó a Clara Brugada exhibiendo la adquisición de una casa en poco más de 300 pesos. La propiedad de 152 metros cuadrados fue en realidad un ‘“regalo” que le hicieron el entonces regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, y su secretario de Gobierno, Marcelo Ebrard. Fue un reconocimiento por haber sido integrante, por 12 años, de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, y luego como dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, que fundó el 10 de marzo de 1984. De acuerdo con la escritura del inmueble que obra en los archivos del Registro Público de la Propiedad del entonces DF, la casa la “adquirió” el 26 de octubre de 1993, cuando Camacho y Ebrard estaban al frente de la administración capitalina. La Sra Brugada se enredó y trató de explicar: “En mi declaración patrimonial de hace muchísimo tiempo, la primera, allí pusimos el costo de la regularización, de la escrituración de la propiedad, un error, pero después se corrigió en mis demás declaraciones patrimoniales. Así que no tiene nada que ver con corrupción”. Es meritorio resaltar que al surgimiento de organizaciones paralelas a las de Brugada como la de René Bejarano y Dolores Padierna, se han dedicado desde la década de los 1980 a ubicar predios propiedad federal en la CDMX para invadirlos y después presionar al gobierno con plantones, tomas de oficinas, manifestaciones, bloqueos de calles, avenidas, enfrentamientos, hasta que les cede la propiedad y se las regulariza. Camacho Solís y Ebrard protegieron a estas organizaciones para fortalecer su capital político. Así que discursos evasivos siempre los hay, pero los testimonios nos revientan una realidad alterna y muy alejada a la “honestidad valiente”.
