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DULCE MARÍA SAURI RIANCHO (SemMéxico, Mérida, Yucatán). S.O.S. es una llamada de auxilio. La información disponible en internet señala que fue adoptada en 1906, para sustituir a la señal CQD que se empleaba hasta entonces.
“Save Our Ship” (Salven nuestro barco) o “Save Our Souls” (Salven nuestras almas), o “Send Out Succour” (Envíen socorro). Formulada en código Morse, vino de la mano con el desarrollo de la telegrafía inalámbrica a finales del siglo XIX. Tres pulsos cortos, tres largos, tres cortos…y ya.
El espacio radioeléctrico recibe y transmite la señal y, si hay quien escuche y descifre, se puede contar con el rescate del peligro inminente.
Esta reflexión es un S.O.S. a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo emite una sociedad atribulada por el incumplimiento de la ley y el deterioro del estado de derecho.
No son solo los delincuentes quienes una y otra vez violentan la convivencia y la tranquilidad ciudadanas, sino también las mismas autoridades que han protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
La omisión es una conducta tan recurrente el funcionariado responsable de procurar y administrar justicia, que nos hemos acostumbrado a las proclamas de investigar y castigar “caiga quien caiga” sin que suceda algo que otorgue valor a las palabras.
Pero ahora ha emergido una situación inédita: el propio presidente de la república ha planteado abiertamente violar la Constitución.
Hasta hace muy poco, “violar” un amparo era una verdadera pesadilla ante la cual se rendían aun los más taimados servidores públicos. Ahora, en este sexenio, hacerlo se ha vuelto un “deporte”, que al ritmo del “Uy, qué miedo” de Chico Che, festejan las autoridades responsables de llevar adelante las obras emblemáticas del lopezobradorismo, sea el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etc.
Contagiados del espíritu de desobediencia, el mismo Congreso de la Unión se ha negado sistemáticamente a cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenó dar un lugar a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente que en dos semanas concluye. Y tan, tan.
Sumemos el anuncio de la declaratoria de seguridad nacional que hizo el presidente para la obra del Tren Maya, lo que implica cancelar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.
Sucede que, hasta la fecha, el decreto que anunció el presidente no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo que deja en estado de indefensión jurídica a quien quisiera controvertirlo en los tribunales, es decir, preguntar cuáles son los elementos legales que sostienen declarar esta obra como asunto de “seguridad nacional”, cuando la ley de la materia no contempla estos casos.
Todavía más. El presidente López Obrador ha anunciado que mediante un decreto, expedirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase administrativamente a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La reforma constitucional que creó a esta nueva institución dice: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional” (art. 21, párrafo 10).
Establece también que: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional” (art. 21, párrafo 11).
Uno junto a otro, los dos párrafos dicen con todas sus letras: “carácter civil”. Y en el 5º transitorio de la reforma se establece una salvedad, que consiste en permitir que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto de 2019, y “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
El primer “mordisco” constitucional lo dio el presidente López Obrador con un decreto emitido en mayo de 2020, al inicio de la pandemia del Covid, para volver lo extraordinario y complementario, ordinario y total; es decir, que el Ejército y la Marina, por voluntad presidencial, podrían participar en cualquier tipo de operación de seguridad pública, todo el tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional.
Este decreto no pudo eliminar un “candado” impuesto por el Constituyente —por cierto, mayoría de Morena— que consiste en un plazo improrrogable de 5 años que vencen el 23 de marzo de 2024, en vísperas del inicio formal de la campaña para elegir a la persona titular de la presidencia de la República, para que las Fuerzas Armadas Permanentes cesen todo tipo de funciones de seguridad pública.
La entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, interpuso una controversia constitucional contra ese decreto del Ejecutivo que invadía facultades del poder Legislativo. Eso pasó el 20 de mayo de 2020, hace 2 años y casi 3 meses.
Hasta el momento, la SCJN no ha enlistado proyecto alguno para resolver este importante asunto. En el terreno de los “hubiera”, la Corte ya habría resuelto la controversia, le habría aclarado al presidente López Obrador que no puede actuar impunemente contra la Constitución en un país que se precie de respetar el estado de derecho.
Decidiendo en tiempo y forma, la Corte habría también propiciado un debate a fondo sobre el futuro de la seguridad pública cuando termine esta administración.
No entiendo qué se interpone entre la Corte, la Justicia y la Constitución. Tiempo ha habido de sobra para resolver. Actos violatorios de amparos, con total impunidad por parte de las autoridades, cada vez más abundan. Sólo nos falta que la Corte no quiera arriesgarse a emitir una resolución que no le guste al presidente López Obrador y que, por tanto, la ignore y no la cumpla, con todas sus consecuencias. Y ante el riesgo, tal vez piensan que es mejor abstenerse.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el poder Judicial Federal, pueden contribuir a reconducir el rumbo del país, extraviado por un ejercicio de gobierno personal y concentrador de facultades. Poner un alto a los extravíos inconstitucionales generados en la presidencia de la república es un paso ineludible.
Mujeres y hombres valientes los hay en la Corte, espero que en número de 8, para escuchar y atender el S.O.S. del pueblo de México ante el peligro de naufragio de sus instituciones.- Mérida, Yucatán.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
