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ABEL LUNA
TODOS LOS DÍAS, prácticamente sin excepción hemos sido testigos de la ineptitud de los aparatos de seguridad para darnos (a la mayoría de mexicanos) las posibilidades de NO toparnos a la delincuencia en sus diferentes formas, eso de “organizada” es un eufemismo para ocultar ineptitudes disfrazadas.
Sin embargo, habrá que ser equitativos, no todos quienes integran los sistemas de seguridad, desde los diferentes tipos de policías hasta militares, Guardia Nacional o marinos, están al servicio de los malosos.
Aunque al presidente de la República le haya causado molestia las afirmaciones de algunos legisladores estadounidenses en el sentido de que hay muchos espacios geográficos copados por los delincuentes; al grado de darse el lujo de detener el tránsito vehicular en autopistas para asaltos, robos y saqueos de mercancías, e inclusive asesinar, sin que ninguna autoridad los detenga.
Estados como Michoacán, Tamaulipas o Veracruz, entre otros muchos, han visto el desplazamiento de miles de habitantes que han huido de la violencia aún antes de que el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se pavoneaba y declarara “la guerra” a los narcotraficantes; decisión que sólo dejó ríos de sangres en muchos lugares.
Para quienes huyeron las declaraciones oficiales de “besos no balazos” se convierten en burla porque han tenido que rehacer sus vidas personales y familiares lejos de sus lugares de origen.
No hay rumbo claro en la aplicación de la justicia, al camino errático se agrega demasiada improvisación, formal, subrepticia, o intencional.
Sin duda, la obligación del Estado para darnos la seguridad a TODOS ha caído en la práctica en la mayor de las ineptitudes, y que han costado cientos de miles de vidas y desapariciones.
Hemos llegado al descaro que cualquiera compra uniformes, se avitualla y forma grupos para asaltar, robar e inclusive secuestrar al amparo de la más completa impunidad en que se debaten policías, jueces, ministerios públicos.
Ya en la lejana campaña electoral del entonces candidato priista a la presidencia Francisco Labastida Ochoa, declaraba que el 92 por ciento de los delitos quedaban impunes por la corrupción o por el gran cúmulo de “asuntos” en los ministerios públicos. ¿Hoy a qué niveles ha llegado el país con esa impunidad?
PARA EL ESPECIALISTA en temas seguridad Edgardo Buscaglia entre los grandes temas que se han aplazado en México está el “congelamiento” de cuentas bancarias de quienes son sospechosos de malos manejos administrativos en el sector público, o se les persigue para la integración de carpetas para presentarlos ante las autoridades de justicia correspondientes.
La presencia de un exlíder de izquierda, como Pablo Gómez, en la Unidad de Inteligencia Financiera, ha servido de poco o muy poco para “atrapar a los tiburones” de la corrupción, uniformada o de cuello blanco; el famoso “lavado de dinero” sigue gozando de completa impunidad y en ese sentido ocasionalmente salen las noticias de renombrados políticos que han sacado cuantiosos recursos -de procedencia no muy clara- hacia los países llamados paraísos fiscales, en donde obtienen intereses por fortunas millonarias en dólares, pero de ahí no pasa nada más, no trasciende.
LA MASCARADA MORENISTA de hacer públicas las formas para la elección de su candidato(a) a la presidencia de la República demuestra la escasa o nula voluntad por parte de las nuevas autoridades del Instituto Nacional Electoral para sancionar, ¡de inmediato!, a quienes han usado recursos públicos para sus giras proselitistas.
¿Creen que tratan con tontos al asegurar que sólo han sido giras sin intenciones proselitistas?
En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 228, queda claro que “Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”
¿Acaso las concentraciones y las porras a los candidatos que vimos afuera del hotel en donde se reunieron sus directivos no son actos de propaganda? ¿Así como “las pintas” y anuncios espectaculares en muchos estados del país tampoco caen en esta norma?
Los consejeros electorales, encabezados por la presidenta Guadalupe Taddei Zavala, saben claramente que deben hacer respetar que el registro de las candidaturas para la búsqueda del voto para la presidencia del país deberá darse hasta noviembre próximo; es decir del año anterior al de la elección (previstas en el Artículo 229).
En este caso los morenistas han tratado de adelantarse a esa previsión legal con eufemismos, tratando de imponer sus tiempos al INE con actos anticipados y ocupando recursos públicos, salidos de los impuestos de todos y cada uno de los mexicanos.
Entonces, sano sería que los principales mencionados, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, alertaran a sus equipos que estas acciones pueden acarrearles consecuencias a sus campañas.
El mismo 229 prevé que “El tope máximo de gastos de campaña será equivalente al veinte por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial.”
Mil 964 millones, 875 mil 498 pesos es el monto aprobado por el Consejo General del INE para MORENA, en agosto del año 2022. Y de esta cifra el 20 por ciento será el tope máximo de la campaña de quien sea elegido candidato.
