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>> Concamin y CCE chocan por incentivos
>> Medida “discriminatora” y “excluyente”
>> Beneficios para 10 de 72 sectores económicos
AGUSTÍN VARGAS*
El pasado 11 de octubre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación.
Si bien esta medida, aunque sesgada y poco clara aún, tiene una justificación y objetivo claro, según el decreto, pues está encaminada a fortalecer al sector industrial exportador, aprovechando el nearshoring.
Incluso antes de anunciarse oficialmente, los incentivos fiscales significan cambios importantes en la política industrial del gobierno de la 4T y por lo mismo comenzaron a hacer ruido entre los empresarios y a generar posiciones discordantes.
Por supuesto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside José Antonio Abugaber Andione, empresario ligado y muy cercano colaborador del actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, a quien sucedió en el cargo en la Concamin, elogió de inmediato la medida, así como las acciones del gobierno.
“Con estas acciones, el gobierno de México da muestras claras de compromiso con la política industrial que el país necesita para capitalizar la coyuntura, que se traduzca en más crecimiento económico, creación de empleos y bienestar para la población”, dijo Abugaber.
Abundó en que “con este decreto, podremos consolidar nuestra posición como principal socio comercial de los Estados Unidos y se dan pasos firmes para construir la región más competitiva del mundo”.
Sin embargo, un par de días después el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes Díaz, también surgido de las filas de la Concamín, se pronunció en contra de los incentivos fiscales, calificándolos como una medida totalmente “discriminatoria”.
El gobierno adopta una política industrial con incentivos fiscales para 10 de los 72 sectores que conforman la economía nacional, mediante incentivos fiscales como la depreciación acelerada o inmediata de las inversiones de diversos tipos. Además, establece que aplicarán “cuando estos contribuyentes se dediquen a la producción, elaboración o fabricación industrial de los bienes que se señalan, y además los exporten”.
A través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), el CCE calificó a la medida como “discriminatoria”, ya que selecciona sólo algunos sectores de la economía. Además es “excluyente”, al no considerar otros sectores, particularmente los no exportadores, los menos avanzados y los que menos se han aprovechado de las ventajas de la apertura en el pasado, donde naturalmente abundan las micro, pequeñas y medianas empresas.
Enfatizó en que “dicha exclusión naturalmente aplica a regiones también menos favorecidas por la apertura”.
Por supuesto los empresarios aglutinados en el CCE dejaron clara su posición ante el anuncio hecho en el DOF, pues para ellos, excepto para los de la Concamin, esta política industrial selectiva implica riesgos, “ya que parece ser violatoria del código de subsidios y subvenciones de la Organización Mundial de Comercio, al que se acogen nuestros socios comerciales, notablemente EU y Canadá”.
Advierte que empresas o incluso los gobiernos de estos países podrían impugnar la medida, ya que los beneficios fiscales sólo aplican a las exportaciones. Son subsidios a la exportación, que están prohibidos.
Los beneficiados
De acuerdo con el decreto de incentivos fiscales, los sectores beneficiados son aquellos cuyos productos están destinados a la alimentación humana y animal; fertilizantes y agroquímicos; materias primas para la industria farmacéutica; componentes electrónicos diversos; maquinaria de relojes, instrumentos de medición, control y navegación, y equipo médico.
También los que fabrican baterías, acumuladores, cables, enchufes y otros productos de electricidad; motores de para automotores con diversas tecnologías; equipo electrónico y sistemas y componentes para automotores; motores de combustión, turbinas y transmisiones para aeronaves; y equipo no electrónico para usos médicos, de laboratorio y dentales, además de productos para la producción de obras cinematográficas o audiovisuales.
La deducción es de 86% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, motor eléctrico que además cuenten con motor de combustión eléctrica o con motor accionado por hidrógeno, así como 86% para aviones dedicados a la aerofumigación agrícola.
Aplicará una deducción de 88% para computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, así como 89% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental y 89% para maquinaria y equipo destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país.
Se dice por ahí que los empresarios, como los gitanos, no se leen la mano entre ellos, pero tratándose de medidas de la naturaleza de los incentivos fiscales muy cómodos para algunos y discriminatorios para otros, pues representan montos de dinero importantes, evidentemente que las posiciones chocan y si bien en la actual administración el sector empresarial ha estado totalmente alineado y sometido a la voluntad del Ejecutivo Federal, este cambio de rumbo en la política industrial podría romper la supuesta unidad del sector privado.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
