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EDUARDO MERAZ. En 2018, acudimos a las urnas alrededor de 60 millones de ciudadanos para elegir un presidente de la República por seis años; lo elegimos por un sexenio liso y llano, sin subterfugios ni trampas, sin fraudes. No más, pero tampoco menos y a eso debemos apegarnos.
Para muchos, la primera mitad del mandato se les hace poco; para otros, ha sido demasiado tortuoso y lastimero este tiempo: y no son pocos los que ni fu no fa, para los que la vida sigue sin necesidad de involucrarse en política.
La decisión de llevar a cabo una consulta de revocación de mandato, con miras a darle un nuevo giro a la democracia representativa, para combinarla con una democracia directa fue aprobada por el Congreso y, por tanto y por lo pronto, es irreversible.
El primer ejercicio de este método, que habrá de realizarse el 10 de abril próximo, sin embargo, adolece de efectividad, toda vez de que los resultados que arroje, cualesquiera que sean, en nada alterarán los obtenidos en las elecciones federales de 2018.
La elección de hace tres años fue y es , por así decirlo, inapelable. Por tanto cualquier modificación posterior, de acuerdo con el marco jurídico vigente, imposibilita la aplicación retroactiva e inmediata de lo estipulado en la legislación que dio origen al proceso de revocación.
Como se ha manejado la difusión y promoción de esta consulta, desde el diseño de la pregunta inicial que hubo de modificarse hasta las cuestiones presupuestales para su realización muestran que ha sido un camino que, con franqueza, motiva a sospecha.
Cada paso dado para su desarrollo, ha estado lleno de pleitos y litigios, tanto del partido en el poder y el presidente sin nombre, sin estatua y sin gracia, como de los partidos de oposición y las propias autoridades electorales, lo que mueve a desconfianza de que se trate de un ejercicio pulcro y sin intenciones ocultas.
El intercambio de insultos, ofensas y descalificaciones entre prácticamente la totalidad de los actores políticos, es un claro indicio de que algo anda y huele mal en este nuevo derrotero que se quiere seguir para darle una nueva dimensión a la democracia.
Mientras no se establezcan mecanismos de complementariedad entre el esquema representativo y el directo, las posibilidades de encaminarse hacia una “dictadura imperfecta” se acrecientan, por la constante y estridente violación de las leyes de parte del partido gobernante.
Debido a que los poco más de tres años al frente del país le han causado cansancio en la mano izquierda al presidente sin nombre, quiere aprovechar este ejercicio para ver si recupera un poco de la fuerza moral inicial, que por los escándalos de corrupción en su círculo familiar y cercano ha ido menguando con bastante celeridad.
A pesar de que según las “otras encuestas” que lo ubican en los cuernos de la luna de los mandatarios del mundo mundial, el mandatario sin gracia busca con afán alguna chapucería, con miras a evadir el tiempo límite que marca la Constitución a quien ejerce el poder ejecutivo.
Si bien de dientes para fuera dice no ser un vulgar ambicioso, sus comportamiento nos revela que está inconforme con cumplir un sexenio liso y llano, por lo cual tratará -como es su costumbre- de darle una interpretación alterna a la revocación para prolongar su mandato, haiga sido como haiga sido.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La determinación de la Suprema Corte sobre el caso de la familia política del fiscal general Alejandro Gertz Manero -que involucra a la fiscal de la Ciudad de México, Ema Godoy- y la recomendación de la CNDH a la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, por la violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y acceso a la justicia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, muestran que el morenismo es poco afecto a cumplir los ordenamientos jurídicos.
El organismo acreditó la detención arbitraria, imputación indebida de hechos, vulneración al debido proceso y a la debida diligencia en perjuicio del funcionario.
@Edumermo
