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Ciudad de México, 27 de septiembre (entresemana.mx). Para evitar que servidores públicos hagan promoción ilegal de su imagen a través de la inauguración de obra pública inconclusa, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el legislador albiazul Héctor Saúl Téllez presentó un paquete de reformas a distintas disposiciones legales para sancionar esta conducta.
Lo que denominó como “paquete contra obras inconclusas”, establece una reforma al Código Penal Federal, para que, en caso de que un servidor público incurra en esta conducta, sea sancionado con una pena de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días de multa.
“En el caso del Código Penal estaríamos reformando el artículo 214 para fortalecer la pena de dos hasta siete años de prisión, y multas en el caso de que algún servidor público lleve a cabo la inauguración de una que esté fehacientemente comprobado que está inconclusa”, explicó.
También, una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que esta conducta se asuma dentro del catálogo de faltas administrativas graves, las cuales tienen como sanción la suspensión, destitución y la inhabilitación temporal hasta por 10 años.
Se adiciona el artículo 63 Ter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que se considere ejercicio ilícito del cargo a cualquier servidor público que afecte el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública al inaugurar, a través de actos o anuncios públicos, obras, proyectos o trabajos inconclusos que no estén en funcionamiento óptimo u operación de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
“En el caso de la Ley de Obras Públicas, pedimos y eximimos que los servidores públicos no podrán llevar a cabo la inauguración de estas obras si no cuentan con una certificación plena que asegure que la obra está completamente terminada y se puede contar con esta obra para ponerla en marcha inmediatamente”, dijo.
Téllez Hernández concluyó que estos candados son con el objeto de evitar que servidores públicos, como ha pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esté inaugurando obras que no están terminadas.
