Ciudad de México, 29 de julio (entresemana.mx). El gobierno de Estados Unidos hizo saber sus “preocupaciones” sobre el compromiso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con la transparencia, luego de que declarara sus obras prioritarias como de “seguridad nacional“.
Lo anterior fue detallado en el informe denominado “2022 Investment Climate Statements: Mexico“, dado a conocer por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“En diciembre de 2021, el presidente López Obrador emitió un controvertido decreto que nombraba estos proyectos como prioridades de ‘seguridad nacional’, lo que les permitía proceder antes de la finalización de los estudios de impacto ambiental y de otro tipo”, se lee en el documento.
El análisis del gobierno estadounidense también critica los embates del mandatario contra la Comisión Federal de Competencia (COFECE), un órgano regulador autónomo.
El reporte fue publicado este 28 de julio en medio del inicio de las consultas que anunciaron los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética del gobierno mexicano en marco del acuerdo trilateral de comercio, conocido como T-MEC.
El documento también señala que aunque el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México entró en vigor el 1 de julio de 2020, “la administración de López Obrador ha retrasado la emisión de regulaciones clave en toda la economía, lo que complica el entorno operativo para los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros y energía”.
El mismo análisis del Departamento critica que la política de López Obrador ha sido priorizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de privados que se han visto en la necesidad de presentar recursos legales para defenderse de las políticas de la administración mexicana.
“Las reformas de la última década en los sectores de energía, generación de energía, telecomunicaciones y venta minorista de combustible han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros.
Si bien las reformas no han conducido a la privatización de empresas estatales como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han permitido la participación de empresas privadas. Aún así, la administración de López Obrador ha realizado importantes cambios regulatorios y de políticas que favorecen a Pemex y CFE sobre los participantes privados.
Los cambios han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y buscar compensación a través del arbitraje internacional”.
De acuerdo con el documento, la mayor parte de la inversión extranjera se concentra en los estados del norte de México, cerca de la frontera con los Estados Unidos, donde se encuentran la mayoría de las maquiladoras, así como en la Ciudad de México y la región de “El Bajío”, que incluye a Guanajuato y Querétaro.
“En el pasado”, dice el reporte, “los inversionistas extranjeros han pasado por alto los estados del sur de México, aunque la administración se enfoca en atraer inversiones a la región, incluso a través de grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor logístico e industrial transístmico”, que se construye para conectar el Golfo de México y las costas del Pacífico en Oaxaca.