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KARINA AGUILAR (24 Horas El Diario sin Límites). La democracia y las reglas claras del Instituto Nacional Electoral (INE) le permitieron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, ser el Presidente de México, y a su partido y aliados gobernar 22 entidades del país; de ahí que parezca incongruente que pretenda debilitar al sistema electoral mexicano.
La verdadera intención de López Obrador y su partido es controlar al órgano y al árbitro electoral, terminar con los partidos pequeños, apoderarse del padrón electoral y controlar los tiempos de radio y televisión para la propaganda.
El Presidente sabía, desde que planteó la idea de una reforma constitucional en materia electoral, que no sería aprobada y por ello anunció el denominado plan “B”, con el cual buscar modificar las leyes secundarias y lograr su cometido.
Sin embargo, hasta ahora tampoco cuenta con los votos de sus partidos aliados para aprobar este segundo escenario porque se verían afectados en sus finanzas y en su permanencia; de ahí que Morena haya decidido posponer para esta semana su discusión en la Cámara de Diputados.
A decir del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, este nuevo plan impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, prevé la fusión de direcciones del INE; lo que implica una intromisión en su autonomía, que está plasmada en la Constitución.
También busca el traslado del Padrón Electoral al Registro Nacional de Población (Renapo); lo que de aprobarse sería inconstitucional, toda vez que la Carta Magna establece que el INE será el único encargado del padrón y la lista nominal.
Otra propuesta es que a los integrantes de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral los nombre la Cámara de Diputados, lo que también implica una injerencia en su autonomía.
Y busca una ampliación de los spots de los partidos políticos que ahora son de 20 y 30 segundos a un minuto; sin embargo los tiempos ya están establecidos en la Constitución.
Es decir, lo que sabemos del Plan “B” es que busca violar la Constitución a como de lugar, de ahí que no sería extraño que esta propuesta presidencial también termine controvertida y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que determine su futuro.
Sin embargo, en esta ocasión la Corte deberá abordar el tema en el primer trimestre del año, toda vez que si el Ejecutivo pretende aplicar estas reglas en las elecciones de 2024, deben ser avaladas antes del 30 de mayo de 2023.
Ante este panorama surgen las dudas: el equipo jurídico de la Presidencia no conoce de leyes o al Presidente no le gusta respetarlas.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
En la alcaldía Milpa Alta aparece un cártel que se acredita el mando del territorio; en Xochimilco, pobladores bloquean caminos para exigir la liberación de detenidos por la policía capitalina; todos los días hay fallas en el Metro. ¿Y la jefa de Gobierno? Ah, sí, de gira proselitista.
@aguilarkarina
