PARA CONTAR/ ¿Qué sigue después de las protestas?

ARTURO ZÁRATE VITE. El asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana detonó enojo, reacción generalizada del gremio periodístico, como pocas veces. Por la forma en que se realizó el atentado y el antecedente del pleito laboral que había ganado después de nueve años a empresa propiedad del empresario Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California.

Medios y comunicadores de distintos estados del país, en sus espacios informativos y en calles, protestaron y exigieron terminar con la impunidad, con las agresiones a periodistas, dar con los asesinos de Lourdes y quienes quitaron la vida al fotógrafo Margarito Martínez y al reportero José Luis Gamboa, que días atrás también habían sido victimados.

¿Qué más pueden hacer los periodistas para que esto se aclare, acabe el exterminio y se haga justicia?

¿Les corresponde investigar, dar con los culpables?

¿Deben mantener la protesta hasta que se garantice su seguridad?

¿Cómo desalentar a los criminales?

¿Desde cuándo los periodistas dejaron de ser el cuarto poder?

¿Por qué se ha vuelto la profesión más peligrosa en México?

¿Por qué si es tan peligrosa la profesión, se les paga muy poco, no alcanzan ni seguro de vida y mucho menos seguro de gastos médicos?

¿Funciona el mecanismo de protección para periodistas?

¿Qué hace la CNDH por los periodistas?

De acuerdo con cifras de diversas instituciones, del 2000 a la fecha han sido asesinados 148 periodistas.

La mayoría de los casos han quedado en la impunidad, sin castigo para los responsables.

De poco o nada han servido las protestas, ni tampoco las condenas de las diversas instituciones, civiles y oficiales.

Ante la impunidad prevaleciente, la llamada Alianza de Medios Mx, integrada por docena de medios, decidió investigar por su cuenta el caso de la compañera María Elena Ferral, víctima de la red de corrupción en el norte de Veracruz.

La última vez que la autoridad llegó hasta las últimas consecuencias fue en el caso del asesinato del columnista Manuel Buendía. Detuvo a José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la extinta y temida Dirección Federal de Seguridad, como autor intelectual, y al agente Rafael Moro como autor material. Zorrilla fue condenado a 35 años de prisión. El encargado de la investigación en 1989 fue el procurador Ignacio Morales Lechuga.

El autor de la columna “Red Privada” tenía pruebas de los vínculos de Zorrilla con delincuencia organizada.

Desde entonces a la fecha, se ha vuelto prácticamente imposible detener a los agresores de periodistas.

A Tijuana, donde mataron a Lourdes Maldonado y al fotógrafo Margarito Martínez, se ha enviado a investigadores especiales.

Sociedad y gremio periodístico esperan que cumplan su misión y atrapen a los culpables, sin importar de quien se trate; lleguen hasta las últimas consecuencias, como sucedió en el caso de Buendía.

Ante protestas de periodistas, lo que debe seguir es eficiencia en las investigaciones y garantizar condiciones de seguridad para el trabajo de los informadores en México.

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