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SOLEDAD JARQUÍN
SemMéxico, Oaxaca. Muy celosos de su deber y desentendidos del gasto, habría dicho mi abuela Lucha ante las acciones de criminalización de la protesta social de las mujeres el pasado 8M por parte de los gobiernos de algunos estados del país.
En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva actuó rápido destituyó al Subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Zataraín Lizárraga, el ahora exfuncionario arremetió de forma violenta contra las feministas al utilizar gas lacrimógeno contra las mujeres. Como dicen muerto el perro se acabó la rabia.
En Zacatecas, el gobernador David Monreal no ha dado la cara, quien salió y muy mal fue el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, solo se disculpó, cómo si con eso fuera suficiente, cómo si su palabra tuviera peso moral y político extraordinario. Claro, el secretario de Gobierno, también dijo que las hordas feministas agredieron salvajemente a sus policías, alguno fue hospitalizado. ¡Vaya desvergüenza! Vimos los videos.
Esta misma semana, la diputada federal y ex gobernadora de ese Estado, Amalia García Medina, el Movimiento Feminista de Zacatecas y las consejeras del Instituto Nacional de las Mujeres repudiaron la violencia contra las zacatecanas y exigieron, la separación del cargo de Rodrigo Reyes y otros funcionarios. David Monreal no asoma ni la cabeza.
También pidieron una disculpa del gobernador, pero eso en realidad no sirve de nada. Salen se disculpan y vuelven a ser las mismas personas de siempre. Porque lo que es cierto es que desde uno o dos días antes del 8 de marzo, desde la estructura de gobierno zacatecano salieron los mensajes de WhatApp que prohibían a las trabajadoras del Estado unirse a la marcha. Ellos simplemente no querían que las mujeres salieran a rayarles sus planas.
En la capital del país el palacio nacional siempre está rodeado de vallas metálicas, idea que han copiado gobernadores de otros estados, como Nuevo León. Así ni los ven, ni las oyen. Son necias, infiltradas, detractoras de sus gobiernos, cuando no conservadoras, agitadoras políticas de izquierda, fifís y anti fosfas.
En Oaxaca hace unos días en su “mañanera semanal”, el gobernador Salomón Jara criminalizó y descalificó la marcha. Por un lado, sostuvo que están haciendo lo correcto, el problema es que no se ven los resultados, en poco más de un año de gobierno se contabilizan 128 asesinatos violentos de mujeres, como escribió Christian Jiménez en El Universal, (que se suman a los 717 que dejó Alejandro Murat, el gobernador ex priista ahora candidato pluri al Senado pero con Morena, un acuerdo entre José Murat y Andrés Manuel López Obrador…algo que al máximo líder de Morena se le olvidó, sin embargo, feministas y mujeres diversas les dijeron: ¡Nosotras no olvidamos!).
Tanto el gobernador Jara como su secretario de Gobierno, Jesús “Chuco” Romero se hacen uno solo, son almas gemelas. Ante la falta de elementos reales sostienen que las manifestantes llevaban “hasta guaruras” y que esos señores dirigían la marcha y mostraron en su conferencia (de pago por pregunta) imágenes de una camioneta de donde desciende un señor, qué nadie sabe quién era ni a quién lo llevaba. Como dice Rocío Flores, periodista oaxaqueña, si hubieran sido hombres los que llevaban “guaruras” como les llaman despóticamente a los escoltas, nadie lo hubiera notado. Además, como buenos patriarcas piensan que a las mujeres hay que dirigirlas. Pero lo real es que ante la falta de elementos concretos banalizan, criminalizan y caen en el ridículo.
Frente a ese tipo de acciones de represión imposible creer en las autoridades y sus supuestas respuestas, por lo general llenas de omisiones y simulaciones, más mediáticas que reales, de ahí los lamentables resultados que hoy laceran la seguridad y la vida de las mujeres, asesinadas en razón de género, por machos y misóginos violentos.
México necesita una actualización de los tipos de asesinatos contra mujeres o feminicidios. Tal es el caso de Colima y Zacatecas, además de algunas zonas de Oaxaca, como la región del Istmo.
Las dos primeras entidades, entre otras muchas del país, repito, están severamente atravesadas por las organizaciones criminales, cuya presencia incrementa, por un lado, la proliferación de armas y, por el otro, el sicariato feminicida: comandos encargados de asesinar mujeres, cuyo modo de operación es el mismo siempre, ya lo explicaba en la anterior entrega de esta columna.
La académica Julia Monárrez lo planteó desde hace varios años, hace más de una década, a partir de lo que sucedió en Ciudad Juárez. Sin embargo, esta clasificación no tuvo sentido entonces en muchas entidades, pero ojo, las cosas cambiaron en poco más del 80 por ciento de las poblaciones de este país, donde hay una presencia sistemática del crimen organizado, uno que las autoridades siguen negando, minimizan o silencian.
Frente a esa realidad que no debemos normalizar estamos hablando de feminicidios por conexión, feminicidios por prostitución, feminicidio por trata, feminicidios por tráfico y por narcotráfico, por citar algunas de las realidades que la académica del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez Fregoso ya planteó como un triste vaticinio de lo que hoy vivimos.
La que reaccionó o le costaba la cabeza, fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda quien este jueves anunció la separación de tres funcionarios públicos: el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, “por los lamentables hechos ocurridos el 7 de marzo pasado”, lo que no dijo ni quiso decir, fue: por el asesinato del estudiante de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de un policía que disparó, nunca fue detenido y que se ha dado a la fuga.
