MUJERES Y POLÍTICA/ *María Elena Ríos

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR (SemMéxico, Oaxaca). Palo dado ni Dios lo quita. Eso ha sucedido en Oaxaca. María Elena Ríos Ortiz víctima de un ataque con ácido en septiembre de 2019, enfrentó durante seis días una audiencia de revisión de medida cautelar a favor del presunto autor intelectual, Juan Antonio V.C., conocido empresario gasolinero (poder económico) y exdiputado local (poder político).

Cada día, María Elena Ríos fue informando sobre el “tortuoso” desarrollo de este procedimiento judicial solicitado por la defensa del inculpado; narró y planteó sus temores por lo que podría suceder, así que miles de personas leyeron y compartieron, en una especie de acompañamiento mediático, pretendiendo con ello que “un ser superior” pudiera al menos hacer algo. Hoy más que nunca su vida corre un latente peligro.

Además, como ella misma lo dice en su twitter a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, y al secretario de Gobierno, Jesús Romero, les llamó sin tener respuesta alguna, simplemente ignoraron sus llamadas que buscaban su intervención a tiempo y en forma.

Habría que agregar que además de no atender los llamados de una ciudadana que sí previó que estaba en riesgo, por esa falta de perspicacia para advertir que algo se estaba “saliendo de control”, cometieron otras pifias a través de boletines de prensa y este lunes desde muy temprano hicieron más evidente que se habían equivocado, una y otra vez, dejando más enredos, porque efectivamente se equivocaron en el tratamiento inicial que le dieron al caso.

Por eso digo, palo dado ni Dios lo quita. Sin embargo, tan pronto como el juez de control, Téodulo Pacheco Pacheco, emitió la resolución, que permitió cambiar la medida cautelar del inculpado de prisión preventiva en el centro penitenciario varonil de Tanivet a sujeción domiciliaria, empezaron a llegar las respuestas, con tonito de “indignación”.

El gobernador Jara Cruz, en su cuenta de twitter (@salomonj) dijo: “Aunque soy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, no estoy de acuerdo con la resolución del juez en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal. Debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para María Elena”. (Alguien debería decirle que al poner el nombre completo del inculpado violó sus derechos, como luego el personal de abogacía que lo defiende aclara, reprimiendo a la prensa).

Hoy lo dijo, en videomensaje de poco más de cuatro minutos algo que es para el análisis: 1) cuestiona algo que ya sabemos que pasa cada tercer día en Oaxaca, las decisiones tanto de Fiscalía como del Poder Judicial carecen de perspectiva de género, pero está bien dicho por él, no cuando los reclamos vienen de las víctimas y menos de las feministas o de las organizaciones; 2) reiteró que Oaxaca tiene altos índices de violencia feminicida, ¡bien dicho por él! no por las feministas; 3) acepta la falta de capacidad del Estado para garantizar que el inculpado no se evadirá, algo que María Elena Ríos y en otros casos se ha dicho en repetidas ocasiones, pero no cuenta cuando quien lo manifiesta no es gobernador de Oaxaca; 4) ordena que “Juan Antonio Vera Carrizal (nombre completo de un no sentenciado) seguirá privado de su libertad en Tanivet”, dice sin tapujos el mandatario oaxaqueño; 5) luego, explica: “hemos solicitado a través de la Secretaría de Seguridad Pública (no de la Fiscalía) que se reevalué el cambio de la medida cuatelar”.

El resto del mensaje es más de lo mismo: algunas promesas, desde no tolerar actos de corrupción, investigación al juez y la actuación del Ministerio Público y una reforma de fondo al Poder Judicial. Como les digo, lo mismo que antes habíamos escuchado de “los malos gobiernos que hemos tenido”, como llama el gobernador a sus antecesores, ahora sí con valor probatorio porque lo dijo él y no las feministas, no el pueblo, no la gente común.

Tras las acusaciones de María Elena Ríos de desatención a sus llamados y las pifias del fin de semana las que lo llevaron a salir muy temprano este día. De ingenuos pensar que un gobernador no interviene ni puede intervenir en las decisiones de los otros poderes. En poco tiempo ha sido claro que a su nombre algunos funcionarios han cambiado la historia de algunas decisiones judiciales, de tan burda manera que son dignos de una investigación judicial federal, pensando claro, que eso fuera posible en México. Yo diría que cero y van dos (sin contar el de este fin de semana) todos muy evidentes y muy mediáticos.

Pero hay más. El gobernador confirma, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido en tarde del pasado sábado por la oficina respectiva, que no está de acuerdo con la decisión del juez (Teódulo Pacheco Pacheco) y dice en otro párrafo que “la violencia en contra de las mujeres requiere el compromiso de los tres Poderes del Estado, por lo que no se puede ser indiferente ante esta determinación”. Una confusión tras otra: la violencia, refiere, y no a la eliminación de la violencia. Sin duda es importante decir y escribir las cosas de manera correcta, para que el personal entienda correctamente.

Y sí, el gobernador dice que no puede interferir, pero sus hacedores de comunicados, incluyendo “asesores internacionales”, terminan por hacerlo intervenir-aclarar-participar al realizar la tarea que el Poder Judicial omitió, es decir, tomarse la molestia de informar lo que estaba pasando, pese a lo mediático del caso María Elena Ríos contra Juan Antonio V.C.-juez Teódulo Pacheco Pacheco-, el poder judicial permaneció como si nada estuviera pasando, un hábito del poder judicial donde lo que si hay es mucha opacidad informativa.

En una especie de aclaración no pedida y culpa manifiesta, el boletín de prensa del Ejecutivo se mete a lo Judicial para “explicar” lo sucedido durante los seis días de audiencias. Es claro, sí hubo injerencia de un poder a otro. Y es tan explícito en detalles que bueno -una mal pensada como siempre- especularía que el comunicado también habla bien de un inculpado enfermo y a quien se le violarían sus derechos de no haber sido por la atinada (es sarcasmo) actuación del juez de control, a quien se justifica con el Código en mano.

En el comunicado, donde “no quieren intervenir” explican a toro pasado, de qué se trató la audiencia, qué tipo de recurso presentó la defensa del imputado de acuerdo a sus derechos, citan, incluso, el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

También informan, entre otros detalles, “que la víctima promovió un amparo en contra de un supuesto no trámite de una recusación, la cual se resolvió con todas las formalidades de ley” (esto no lo entendió ni quien lo escribió). Y “aclaran”, que en ningún momento el Juez Federal ordenó al Juez de Control suspender la audiencia “como fue informado”, es decir, como lo dijo Ríos Ortiz en uno de sus tuits.

Así que el buen Pacheco Pacheco decidió que por estar enfermo el inculpado tomó la decisión de excarcelarlo e imponerle “la medida cautelar de sujeción domiciliaria” (prisión domiciliaria), con policías estatales afuera de su casa, así como un brazalete electrónico -menos mal-. Al menos hoy, Jara Cruz ya aceptó que eso es simplemente imposible y que Juan Antonio el poderoso señor, puede evadir la justicia en un tris.

En este boletín explicativo, que con tiempo debió emitir el Poder Judicial, no el Ejecutivo, se cometió otro error de fondo. La carpeta de investigación, la causa penal contra Juan Antonio V.C. es por TENTATIVA DE FEMINICIDIO no por tentativa de homicidio, como dice el boletín del sábado. Al menos le hubieran preguntado al fiscal encargado.

María Elena Ríos Ortiz también puso pinto y parejo al secretario de Gobierno, Jesús Romero, quien al ver burro se le ofreció carga, para seguir el ejemplo de su jefe, ni tardo ni perezoso tuiteó, pero el tiro le salió por la culata. Como su jefe, Chucho Romero también escribió:

“Rechazo completamente cualquier conducta que lastime a las mujeres, de la misma forma en que desapruebo la resolución que el juez ha emitido en relación al caso de @_ElenaRios El mensaje del gobernador @salomonj es tajante, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres (sic)”.

Entonces la respuesta fue simple por parte de Ríos Ortiz, porque simple y sencillamente no atendieron ni las llamadas telefónicas ni los llamados en redes sociales ni mediáticos. En el primer caso, dijo la víctima del atentado con ácido, “les estuve llamando tres veces y nunca me contestaron. UNA SEMANA PIDIENDO AYUDA”. Digo para que poner más, para que salir después de niña ahogada a tapar el pozo. Ya, ¿cómo para qué? Ah, sí, para exhibir su inoperancia.

Actitud que claro asumieron alguna que otra diputada, regidoras, funcionarias de esas que se meten en otras broncas, pero en esta decidieron salir hasta el final, cuando ya nada se podía hacer, excepto colgarse literalmente de los alcances mediáticos y que en redes sociales tiene María Elena Ríos.

En cambio, hay que decirlo también hubo silencios de quienes debieron estar al pie del cañón desde la primera exclamación de ayuda. Mucho tendrá que pensar el gober de la 4T frente a la ineficiencia de sus operadores políticos, su gabinete y tendrá que mandar a más de uno o una a su casa. Era obvio que tanto silencio, generó entre las mujeres impotencia, indignación, pero también miedo. Porque como decían algunas voces ¿si esto pasa con María Elena, que pasará a otras mujeres que no tienen el foco mediático encima? Y es cierto, hay una realidad, en Oaxaca hay cansancio frente a la creciente violencia contra las mujeres, la falta de justicia, la enorme impunidad. La misma triste historia de siempre.

Que sirva la injusta, a todas luces, decisión de un juez, derivada de las omisiones de la Fiscalía, y que hoy ponen en vilo la justicia real y efectiva para la saxofonista, empresaria y comunicóloga María Elena Ríos Ortiz, incluso que ponen en riesgo su seguridad y vida, para que Salomón Jara Cruz abra bien sus ojos y tomé una decisión lejos de componendas, compromisos y dedazos para el futuro de la Fiscalía, donde se requiere no una transformación sino una refundación. De lo contrario, insisto, estaremos frente a más de lo mismo. Porque lo que mal empieza mal acaba. Un ejemplo claro y concreto es el caso que no ocupa, que no es cualquier inculpado, es un poderoso señor político-priista con hartísimo dinero, al que curiosamente no salvaron de la prisión preventiva en tiempos del priismo sino precisamente ahora. ¿Qué cosas verdad?

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