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ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ (SemMéxico, Ciudad de México). Atención colegas que hacen coberturas de política y justicia. Sigue creciendo la ya larga lista de comportamiento injusto, presumiblemente corrupto, de juezas, jueces, magistradas, magistrados y hasta ministros/as de La Corte contra decisiones del gobierno federal. Ya llegaron a la Presidencia de la República las primeras advertencias de que, por su descomposición, este Poder Judicial podría sumarse al bloque opositor y emular a sus similares de Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú que socavaron y desconocieron a gobiernos legítimos.
Base de la impunidad
Un primer caso de corrupción de alto nivel que este gobierno conoció fue en mayo de 2019 cuando el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano fue separado definitivamente de su cargo por La Corte tras un inexplicado proceso de 15 años. Se inició en 2004 cuando ordenó la libertad de Iván Archivaldo Guzmán: “por falta de pruebas” y por transferencias irregulares y millonarias en cuentas de banco propias y de familiares.
En el clímax de ese caso, los medios de prensa informaron que para junio de 2019, durante los seis años de la administración de Enrique Peña Nieto se habían sancionado apenas a 36 magistrados/as y 49 juezas/jueces de Distrito por irregularidades relativas a corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual, entre ellos el juez que amparó varias veces al Zar de los Casinos en Coahuila.
Para dimensionar debe saberse que el Poder Judicial Mexicano cuenta con 710 órganos jurisdiccionales: juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, los plenos regionales, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y, en la cúspide, la Suprema Corte. En ningún caso son electos por votación popular.
Cuando existen quejas o denuncias contra cualquiera de estos órganos, la primera instancia es el Consejo de la Judicatura (CJF) y si éste considera existencia de delitos los encausa a la Fiscalía, pero solo se procesa a uno de cada tres casos de juezas, jueces y magistrados/as que examina y denuncia penalmente ante la Procuraduría federal, reportaba en 2019 la misma judicatura. Aquí, aseguran las y los expertos se inicia la impunidad.
Larguísima lista
Desde su inicio, la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador se ha topado con intentos de frenar decisiones por parte del poder judicial y con casos concretos de jueces que dicen aplicar la ley pero obtienen ventajas personales. Esta lista se ha agrandado paulatinamente.
En los primeros siete meses de este gobierno, según notas de prensa, para el 5 de junio de 2019 ya se habían acumulado 147 amparos contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por algunos jueces se paralizaron trabajos temporalmente. No obstante la obra continuó.
Otra decisión presidencial que ha padecido extrema tortuosidad judicial es del caso Ayotzinapa. Para el 23 de septiembre de 2022, según informó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, se iniciaron quejas y denuncias contra siete jueces, entre ellos a Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Federales en Tamaulipas.
Este juez liberó a 77 presuntos responsables porque, en lugar de ordenar la reposición de los procesos, dictaminó que se anulaban “por haber sido torturados”. Es el mismo que liberó a policías municipales, al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y a Xóchitl N, (operadora en el C4 en Iguala) acusada y acusados todos de tener vínculos con grupos delictivos.
Además de estos, las y los jueces y magistrados/as que recientemente han irritado más a la Presidencia de la República son:
– Roberto Paredes Gorostieta, juez de control del Reclusorio Sur, quien absolvió a Rosario Robles del presunto delito de uso indebido del servicio público.
– Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en Tamaulipas que amparó y ordenó cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas. Después se informó que este juez ayudó a Cabeza de Vaca y cercanos con al menos 11 recursos para liberar o descongelarles cuentas bancarias…
– Los magistrados Rolando González Licona, Eduardo Baltazar Robles y la magistrada Amanda Roberta García González del Tribunal que decidió unánimemente descongelar 72 por ciento del dinero a nombre de Cristina Pereyra, esposa de García Luna y otros cercanos equivalente a 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de los 25 millones 920 mil 195 congelados por “procedencia ilícita”.
– Los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, Pablo Domínguez Peregrina y la magistrada María Elena Rosas López del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito quienes descongelaron cuentas de Luis Cárdenas Palomino, exdirector en la Policía Federal, cercano de García Luna.
– Las y los doce juzgadores que han dado entrada a amparos contra las obras del Tren Maya.
– En la lista están también magistrados/as y hasta ministros/as que han concedido protección para sí mismos o para más de un centenar de funcionariado público que se han amparado para seguir devengando sueldos superiores al del Presidente a pesar de La Constitución.
Y probablemente la lista sea mucho mayor. El 2 de marzo de 2023, los reporteros de La Jornada Rubén Mosso y José Antonio Belmont revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) “investiga a tres jueces y tiene en la mira a diez más por reveses contra la 4T”.
¿Viene un LawFare?
En este contexto resalta la circulación entre personal de la Presidencia de la República de la advertencia pública que hizo el doctor en economía y sociología José Blanco en La Jornada sobre la cercana posibilidad de que el Poder Judicial decida poner en marcha un LawFare.
Esto, afirma el catedrático de la UNAM, sería un cierre de filas con los jerarcas y vastos contingentes de empleadas y empleados del bloque opositor para usar la ley como arma de guerra política, para eliminar a un enemigo político, deslegitimándolo o incapacitándolo.
Blanco cita como ejemplos de LawFare los casos de Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, que “entre muchos otros, lo han vivido en carne propia” en América Latina, más recientemente Pedro Castillo en Perú.
José Blanco asegura que el Poder Judicial “entero, con sus ramificaciones” sería la mayor amenaza contra el gobierno de la 4T porque se apoyaría en; “los medios tradicionales escritos y digitales, que han golpeado sin descanso a la Cuarta Transformación; los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal de los privilegios; y los empresarios que operaron al amparo del poder público.”
Refiere que en los casos conocidos de LawFare en América Latina “la comunidad jurídica internacional ha resumido sus doce tácticas: a) manipulación del sistema legal; b) dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; c) uso de demandas sin mérito, sin contenido, con acusaciones frívolas; d) abuso del derecho para dañar y deslegitimar a un adversario; e) promoción de acciones legales para desacreditar al adversario; f) intento de influir en la opinión pública; g) uso del derecho para obtener publicidad negativa u opresiva; h) judicialización de la política: el derecho como herramienta para conectar medios y fines políticos; i) promoción de la desilusión popular” entre otras.
“Las situaciones límite de la LawFare (sostiene José Blanco), se crean mediante un paciente y minucioso camino que empieza por afirmar el poder político del Poder Judicial, a través de sus decisiones judiciales. Especialmente por la legalización de aberraciones jurídicas.”
“Pero también mediante gestos y actitudes, por ejemplo, la postura y discurso del pasado 5 de febrero, por parte de la señora que preside la Suprema Corte. Ha sido también abundante la desacreditación, destrucción o desvanecimiento de acciones del gobierno de la 4T, que buscan combatir la corrupción del régimen neoliberal, o desarrollar obras necesarias.”
Con todo, se entiende que el comportamiento reciente de buena parte del Poder Judicial sea una de las preocupaciones en la Presidencia de la República. En la cúspide de las sospechas se ha colocado el cumulo de solicitudes a La Corte para que declare inconstitucional las reformas del llamado Plan B electoral. Lo que ésta decida será apenas la siguiente etapa de la intensidad política que viene en camino.
