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ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
SemMéxico, Ciudad de México. Javier Esteinou Madrid es, probablemente, el investigador de la comunicación masiva más antiguo y acreditado en México. En su ensayo más reciente advierte que “la violación de las reglas de la imparcialidad comunicativa que exige el marco jurídico electoral nacional, se pudieran invalidar los resultados oficiales de las votaciones de 2024, con su consecuente grave caos político-social en la nación.”
El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y quien más reconocimientos y premios ha recibido por sus investigaciones enfocó su ensayo en “la tendencia persistente del gobierno de la Cuarta Transformación para utilizar a los medios públicos como herramientas propagandistas” y al final asegura que de continuar así en el proceso electoral “generaría una elección mediática de Estado”.
Empero, por el enfoque de esta reflexión del investigador emérito, no incorpora el comportamiento, mayoritario y desproporcionado de la mayoría de los medios privados y sus opinadores de abierta confrontación con el gobierno federal y su movimiento; comportamiento que de proseguir en el proceso electoral también sería contra de las y los candidatos del bloque político gobernante, lo que también violaría las reglas de la imparcialidad comunicativa del marco jurídico electoral.
Ya es gigantesca y compleja la tarea del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral, así como de las autoridades estatales de elecciones de vigilar el proceder de los cientos de medios de comunicación colectiva (públicos y privados) para que sus coberturas informativas cumplan con el principio de imparcialidad. Pero además ahora se tiene que monitorear la propaganda de quienes opinan al conducir noticieros y en entrevistas, columnas, artículos, que se han multiplicado geométricamente.
La complicación mayor para las autoridades electorales es que para alcanzar los mínimos de imparcialidad y justeza durante el proceso deberán enfrentarse a la atmósfera mediática imperante de polarización política (exacerbada con información falsa y propaganda disfrazada de noticias) que han creado la mayoría de los medios, atmósfera que se ha sobre estimulado por las incontrolables redes sociales.
¿Abuso gubernamental?
Javier Esteinou, en su ensayo titulado “Medios públicos en 2024: Hacia una elección mediática de Estado” asegura que “el régimen de la Cuarta Transformación se inclinó por manejar de forma políticamente ideologizante a algunos de los principales medios de difusión públicos federales”.
Prevé también que el movimiento político gobernante “puede trasladar, con mayor o menor fuerza, dicha estrategia proselitista sobre el resto de los demás canales estatales regionales o sobre los que puedan controlar los gobernadores o presidentes municipales y otras estructuras de poder particularmente morenistas”.
Y de ocurrir tal fenómeno, según el académico, “degeneraría en una mega proporción desigual la misión de la comunicación de servicio público… y abonaría para formar las bases comunicativas de un Estado autoritario (y se encaminaría en 2024)… Hacia una elección mediática de Estado”. (ver https://diarionoticiasweb.org/medios-publicos-en-2024-hacia-una-eleccion-mediatica-de-estado/)
Pero esas pre-visiones de Esteinou para atribuir al bloque gobernante “una mega proporción” comunicacional no se cumple al observar sus propios datos de la existencia de medios de difusión colectiva en México.
El sector privado tiene el 83 por ciento de esos medios y los públicos representan apenas el 17 por ciento. De confrontarse medios privados contra públicos en las campañas electorales serían muy desiguales las fuerzas.
La desproporción
En su ensayo, el mismo Javier Esteinou prueba esa desigualdad. Refiere que solo para la difusión del proceso electoral se contemplan a 2 mil 304 estaciones de radio y 1 mil 422 canales de televisión (en total 3 mil 726).
Asegura también que hasta 2022 existían 644 concesiones de radio y televisión otorgadas por el Estado para funcionar como medios de comunicación de servicio público: 138 medios federales, 58 medios de educación superior federales, 356 medios de gobiernos estatales, 83 medios de gobiernos de educación superior estatales, 4 medios de educación superior mixtos y 5 medios de gobiernos municipales.
Así, del total de medios electrónicos en el padrón del INE, por los datos del investigador, resulta que el 73 por ciento son de propiedad privada. Y en contraste, el 17 por ciento son medios públicos; ni siquiera la quinta parte del total.
No obstante, lo verdaderamente previsible es que continuará la atmósfera de confrontación mediática pero con la misma desigualdad de fuerzas.
Si el movimiento amplio que encabeza Morena tuviese la capacidad, que no tiene, de coordinar a la mayoría de los medios públicos tendría un alcance potencial de llegar a 92 millones de televidentes y radioescuchas en las 32 entidades, según ha calculado el presidente de la Red México de medios públicos, Fernando Luis Sánchez Mejorada y Rojas. Pero aún así, sus mensajes serían de 1 contra cuatro del sector privado.
Si existe un riesgo
En esas circunstancias, el riesgo mayor para los comicios de 2024 no es que se realice “una elección mediática de Estado” como augura Esteinou, sino que ocurra lo que él mismo advierte; que “la violación de las reglas de la imparcialidad comunicativa que exige el marco jurídico electoral nacional, se pudieran invalidar los resultados oficiales de las votaciones de 2024, con su consecuente grave caos político-social en la nación”, pero no solo por los medios públicos, añade este reportero, sino por la confrontación mediática y desigual con los privados.
Para evadir tal riesgo, el reconocido investigador propone allí mismo las mínimas normas profesionales de servicio y responsabilidad social que deberían cumplir los medios públicos; normas que en su mayoría también deberían observar los medios privados para eludir un poco la actual polarización mediática que será más extrema durante el proceso electoral:
Los medios de comunicación de servicio público, propone Esteinou, deben actuar “como instituciones de Estado que nutran ampliamente la conciencia de todos los individuos con información imparcial, plural, objetiva, veraz, transparente y oportuna con el fin de permitir que los ciudadanos enriquezcan su conciencia para decidir autónomamente su presente y futuro…
Y para eso anotó un decálogo que, insistimos, también deberían analizar los medios privados, especialmente los corporativos para no seguir perdiendo la confianza pública que apenas llega al 36 por ciento de la población, según el monitoreo de 2023 del Instituto Reuters.
La observancia de decálogo del investigador para medios públicos, que en su mayoría podrían aplicar los privados, ayudaría a frenar un poco la confrontación mediática y reducir el riesgo de invalidar todo el proceso electoral:
1.- Respetar el derecho a la información, evitando la censura previa.
2.- Conservar su independencia editorial ante el poder, manteniendo autonomía de los intereses particulares, políticos y económicos de funcionarios y de gobiernos locales, estatales o federales.
3.- Mantener un compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural.
4.- No utilizar recursos públicos para realizar propaganda.
5.- Acatar informativamente los derechos humanos.
6.- Ajustarse plenamente al criterio de pluralismo político, social y cultural del país.
7.- Prohibir la discriminación comunicativa de cualquier tipo.
8.- Actuar y defenderse de las posibles injerencias de funcionarios o instituciones que pretendieran intervenir o manipular la dirección de los contenidos y de las políticas editoriales.
9.- Rendir cuentas transparentes.
10.- Crear y aplicar reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
El reto ya está aquí. Oficialmente se iniciarán las precampañas el 20 de noviembre. Para entonces continuará el clima de confrontación entre medios privados y públicos, clima que fue reanimado por la desgracia masiva de Acapulco y que estimula desconcierto y caos en la percepción colectiva con exageraciones, verdades a medias y mucha propaganda a favor y en contra de las acciones gubernamentales.
¿Podrán y querrán hacer algo el INE, el TRIFE, los propietarios de los medios y el sistema gobernante de medios públicos? Veremos. Mirada de reportero.
