MIRADA VIOLETA*/ Nuevo León, sequía de agua y de derechos humanos

GUADALUPE RAMOS PONCE (SemMéxico, Guadalajara, Jalisco). La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) junto con otras organizaciones nacionales, emitieron un pronunciamiento público que da cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente el interés superior de la niñez, cometidos por el gobernador de Nuevo León y su esposa.

El pasado 8 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió la recomendación 005/2022 a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por las violaciones a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, a la intimidad, a la protección de datos personales, a la propia imagen, a una vida libre de violencia, a la legalidad y a la dignidad, por la ocasión en que la Titular de la Unidad Administrativa “AMAR a Nuevo León” (Mariana Rodríguez) y el gobernador del mismo estado (Samuel García), sustrajeron a un bebé con discapacidad de las instalaciones del DIF Capullos, quien fue publicitado en sus redes sociales, a través de la exposición de su imagen, nombre de pila, condición médica y otro datos de su identidad personal como escenario para el rédito en redes sociales y presencia pública.

El pasado 2 de agosto, tres días antes que venciera el plazo para aceptar o rechazar la recomendación de la CEDHNL, y a pesar de que en la recomendación citada expresamente se indica que el actuar de los servidores públicos es contraria a los derechos de la infancia y perjudica diversos derechos, la funcionaria y el gobernador con pleno conocimiento de que sus acciones son contrarias al interés superior de la niñez, volvieron a sustraer a niñas y niños del DIF Capullos, publicando nuevamente sus fotografías en redes sociales, en claro desacato a las medidas de protección y la recomendación del organismo público autónomo.

El viernes 5 de agosto se dio a conocer en algunos medios el rechazo a la recomendación; pero el gobierno de Nuevo León no ha hecho pública su negativa, formalmente y acorde con lo que indica la ley. En caso de confirmación, el rechazo a la recomendación incrementará los riesgos e indefensión de niñas y niños víctimas que llegan al DIF Capullos, pues es previsible que, abusando de su poder, continúen usando a niñas, niños y adolescentes como objetos de propiedad para sus fines personales y políticos, negándose a reconocerles como personas sujetas de derechos.

De mantenerse la negativa a aceptar la Recomendación, la fiscalía o la autoridad administrativa que corresponda para sancionar a las y los servidores públicos señalados, deberán actuar de inmediato, pues la niñez a cargo de esta administración está siendo victimizada sin mecanismos de protección ni consecuencias.

Exponer los rostros de niñas y niños en situación de vulnerabilidad y sus historias ya ha dejado una huella digital en detrimento de sus derechos fundamentales, su dignidad como personas y las posibilidades de construir efectivamente un proyecto de vida digna al ser utilizados como objetos de propaganda política.  La exposición y difusión de la vida privada e intimidad de cualquier niño, niña y adolescente en situación de vulnerabilidad, constituye un abuso de poder e injerencia de las autoridades de Nuevo León sobre su derecho a la privacidad.

Evidentemente en Nuevo León no solo tienen escasez de agua, sino del mínimo sentido de respeto a los Derechos Humanos de la infancia por parte del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Dejar de victimizar a las infancias y aceptar plenamente la Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, es lo mínimo que les corresponde hacer para evitar seguir vulnerando la institucionalidad del DIF y violando los derechos humanos de la niñez en Nuevo León.

*Vicecoordinadora de CLADEM en México

Profesora Investigadora de la UdeG.

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